De repente, una notificación salta en el celular: un correo electrónico con el reporte de que usted ha sido multado por exceso de velocidad. Está incrédulo. El estrés y la indignación se activan. Recuerda haber conducido por debajo del límite de velocidad, más si hay radares cerca, pero lo más probable es que deba pagar la multa o será imposible matricular el carro.

A Maritza le sucedió esto, en octubre, luego de haber circulado por el kilómetro 13 de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil. “Nunca conduce a más de 60 kilómetros por hora”, dice José, su esposo, quien cuenta como anécdota que un día antes de esa notificación pasó por ese sector y vio cómo ese radar marcaba la velocidad “del aire” porque las lecturas se hacían incluso cuando escaseaba el tránsito. De inmediato pagaron unos $ 60, y no los $ 120, para acogerse al descuento del 50 % si se cancela pronto.

Las impugnaciones por las “lecturas erróneas” de los fotorradares se cuentan por miles. En el 2021 se presentaron 8.700 impugnaciones para rechazar las multas por exceso de velocidad impuestas por la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM). En lo que va del año: más de 9 mil.

Este tipo de infracción está entre las más comunes en la urbe porteña, según los registros de la ATM. De enero a octubre pasados se multó a 120 mil personas, incluyendo a quienes han reincidido.

Jean Salinas, un empresario de 36 años, podría decirse que fue reincidente. En el 2021 pagó unos $ 700 en multas por exceso de velocidad en la autopista Narcisa de Jesús. Asumió esos valores porque no tenía manera de probar “el error” en las lecturas de los fotorradares.

Ante las cuantiosas multas, él decidió instalar cámaras en su vehículo para tener una forma de probar su inocencia. “Me costó casi $ 1.000 entre aparato (importado) e instalación. Me siguen multando, pero todas las impugnaciones las gano porque ahora sí tengo pruebas”, dice Salinas. “Se debe parar esta metida de mano al bolsillo del pueblo”.

Diario EXPRESO también ha recogido el malestar de conductores que viajan por la vía a la costa, Santa Elena, Quevedo y otras ciudades, ya que esos dispositivos han sido vendidos a otras entidades públicas.

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De hecho, una sola empresa concentra, al menos, 95 adjudicaciones de contratos de régimen común y especial para proveer esos aparatos y otros dispositivos relacionados con el control del tránsito, y su mantenimiento, a instituciones públicas cuyas inversiones suman $ 64,5 millones, entre febrero de 2015 y agosto de este año, según los registros disponibles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Alcolisti S. A., la firma que, al parecer, ha llenado con creces las expectativas de la ATM de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Municipio de Quito y otras entidades, fue constituida en julio del 2000 y registra como domicilio el piso 5 de un edificio ubicado en Carchi y Quisquís, junto al hotel Mi Casa, en el centro de Guayaquil, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La empresa, que tiene como actividad económica “la venta e instalación de materiales e insumos de señalización y seguridad vial, dispositivos médicos, quirúrgicos y dentales”, ha estado en manos de la familia Soria Govea. En la actualidad, César Gustavo Soria Estrada es el accionista mayoritario; y, su hermano, Miguel, tiene una mínima participación, según los registros.

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De las 95 adjudicaciones de contratos, 35 corresponden a adquisiciones hechas, entre abril del 2015 y agosto de este año, por la ATM de Guayaquil, que representan $45,3 millones, es decir, la entidad municipal es el principal cliente estatal de esta firma. La bonanza percibida por la compañía también se refleja en sus ingresos anuales. En el 2014, ese rubro ascendía a $ 2,4 millones, mientras que en 2021 registró $ 8,9 millones, según los documentos.

Lo mismo se percibe en sus declaraciones de impuesto a la renta, la empresa pagó $ 117 mil por el ejercicio fiscal 2015, el mayor monto que había registrado desde el 2002 cuando empezó a declarar. Algo similar ocurre con su pago del impuesto a la salida de divisas, tributo que hasta el año pasado correspondía al 5 %. La firma pagó $ 1 millón al fisco por los $ 20 millones que se trasladaron al extranjero o que se consumieron afuera, según los ejercicios fiscales del 2015 al 2021.

El período de abundancia de Alcolisti S. A., por el auge de contratos, tiene como antecedentes las modificaciones de las normativas relacionadas con la operación de los dispositivos de medición de velocidad.

En 2010, el Directorio de la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (organismo que antecedió a la ANT), a cargo de Fernando Amador, quien desde el 2014 trabaja en la ATM, aprobó el Reglamento para Implementar, Usar y Validar los Sistemas de Control de Velocidad, que incluía los denominados fotorradares.

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En los anexos se especificaba que los errores máximos admitidos eran +- 3 kilómetros por hora (km/h) en velocidades de hasta 100 km/h y +- 3 % en velocidades mayores a 100 km/h, en procesos de verificación, es decir, cuando se prueba su funcionamiento. Mientras que los errores máximos admitidos en situaciones de servicio, es decir, del día a día, eran +- 5 km/h para velocidades de hasta 100 km/h y +- 5 % para más de 100 km/h.

Sin embargo, tres años después, en diciembre de 2013, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, presidido por Álex Pérez, aprobó un nuevo reglamento que no detallaba esos márgenes de error. Sobre esto, Pérez asegura a EXPRESO que si bien en el reglamento no se los detallaba sí tenían que constar en alguna norma técnica emitida por una de las direcciones de la ANT. No le consta. “Un reglamento es fijo. Si la tecnología mejora este queda obsoleto”.

En el reglamento del 2013 se definió la tarea de homologación de esos aparatos a la ANT. Este organismo no atendió un pedido de entrevista que hizo este Diario para conocer el porcentaje de margen de error permitido de esos aparatos, en qué documento consta, si actualmente los dispositivos provistos por Alcolisti S. A. cuentan con el certificado de homologación o la posterior validación cuando el certificado caduca, de qué forma monitorean las quejas y otros temas que preocupa a ciudadanos.

En el 2016 se volvieron a cambiar las reglas del ‘juego’. El directorio del organismo vial, encabezado por Jorge Mejía, expidió el nuevo reglamento en el que se agregó el papel que tendría el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), como revisar la documentación que emitieron los laboratorios que en su momento hicieron pruebas a los aparatos.

A través de un correo electrónico, el INEN indica a EXPRESO que “hace las veces de organismo evaluador de la conformidad” de los dispositivos. Sin embargo, ante el pedido del listado de empresas, equipos y modelos de medición de velocidad que han certificado, se contesta que “no posee información de proveedores públicos o privados” y que eso se le pregunte a la ANT.

A través de su página web, Alcolisti S.A. detalla que los equipos que oferta son adquiridos a la compañía estadounidense Traffic Logix. Este Diario también visitó el sitio de internet de esa empresa. Según un empleado de la compañía que contestó a través de un chat de asesoría, los aparatos dejaron de ser fabricados hace seis años. El asistente evitó dar más detalles.

Al consultar la ficha técnica de los dispositivos (modelo SAFEPACE CAM 400) que se comercializaron en el país, en esa página web se lee que la “precisión de velocidad típica” o margen de error es de +/- 10 %. Sin embargo, en el 2020, la empresa reportó a la ATM de Guayaquil que ese mismo modelo tiene el +/- 2 % de precisión. En el 2015, 2016 y 2017 también se comercializó el mismo tipo de cámara. Este Diario solicitó una entrevista con el vocero de Alcolisti S. A., pero no hubo respuesta, pese a que se acudió a su sede, se enviaron correos, mensajes de texto y llamadas telefónicas.

Andrés Roche, quien dirigió la entidad municipal entre 2015 y 2020, defiende las compras que se hicieron a Alcolisti S.A., debido a que, dice, la firma contaba con el permiso de la ANT y la certificación de los equipos, algo que les faltaba a otros proveedores. “(¿Se vieron con las manos atadas por el tema de la homologación y otros requisitos?) Es probable, porque uno abre un concurso con los parámetros que tiene. Recuerdo que había unas opciones europeas, no baratas, que eran mucho mejores, pero que no estaban homologadas”.

El exfuncionario afirma que en su gestión los aparatos funcionaron sin problemas de hardware o software, y que una comisión revisaba ese tema cada mes. Además, se sostiene que se implementaron niveles de tolerancia en las mediciones del día a día para evitar olas de infracciones.

No obstante, conductores como Juan Estrada están convencidos que el cobro de multas de “lecturas con fallas” es “un atraco”. Él muestra los documentos de los seis juicios que ha ganado para desechar las multas que se le impusieron en la vía a la costa. En la sentencia ratificatoria de inocencia del 18 de octubre pasado, un juez consideró que el fotorradar del kilómetro 18 de esa carretera (sentido Chongón-Guayaquil) no estaba debidamente calibrado, tras la exposición de videos como pruebas de que el vehículo rodaba a menos de 90 km/h y no a 95 km/h.

Desde 2016 hasta mediados de noviembre anterior, unas 54 mil impugnaciones se han presentado en contra de infracciones por exceso de velocidad impuestas por la ATM, por la vía administrativa. Cerca de un 40 % de esos recursos fueron resueltos a favor de los conductores, de acuerdo con los registros a los que accedió este Diario.

La recaudación de las multas por ese tipo de faltas ha significado ingresos millonarios a la entidad municipal, según un cálculo de este periódico, ante la falta de cifras monetarias absolutas que se solicitaron al área de prensa de la ATM. Desde agosto del 2015 -cuando inició operaciones- hasta octubre pasado, se multó a 527 mil personas (incluye reincidentes), que representarían $ 62,5 millones (sin estimar el descuento a la multa, desde el 2021).

En el discurso de la entidad de tránsito se asegura que los montos provenientes de multas se destinan a dos grandes rubros: 20 % para cubrir gastos; y 80% para inversiones en obras y servicios, como la compra de cámaras sancionadoras, radares y semáforos.

En la práctica, del valor de las multas por velocidad, unos $ 50 millones tendrían que haberse usado en contrataciones en estos ocho años. En ese tiempo, Alcolisti S. A. obtuvo $ 45 millones en 35 adjudicaciones, es decir, el proveedor de los fotorradares con los que se ha multado a miles volvió a beneficiarse de esos y otros recursos de la urbe.

Por ejemplo, a las compras de 95 cámaras sancionadoras y 75 radares informativos (2015, 2016, 2017 y 2020), cuya vida útil es de cinco años, repuestos y su mantenimiento, por unos $ 4 millones, que la ATM hizo a lo largo de estos años, se suman adjudicaciones para proveerse de equipos semafóricos y otros componentes, por unos $ 32 millones, según los documentos. También hay procesos para contratar servicios de implementación y mantenimiento de plataformas tecnológicas de soporte de tránsito, por $ 4 millones; entre otros ítems.

Uno de los patrones de las adquisiciones de la ATM a Alcolisti S. A. que identificó este Diario es la escasa participación de otros proveedores, incluso en subastas. De los 35 procesos contractuales solo cuatro registraron más de una propuesta.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES AL RESPECTO?

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