El primer informe de la Comisión Aampetra, constituida en la Asamblea para investigar los casos de abusos sexuales en el sistema educativo, fue aprobado ayer por unanimidad. Incluye el análisis detallado de ocho casos (algunos de los cuales son de abusos colectivos) y determina la existencia de “negligencias, debilidades e incumplimientos normativos y procedimentales”. Sin embargo, a la hora de fijar responsabilidades, no escala más allá del nivel de las subsecretarías. Y omite varios detalles que implican a las más altas autoridades del Ministerio de Educación.

El informe pone en evidencia la debilidad del sistema de prevención y reacción, de los protocolos de asistencia y de los mecanismos de información de los cuales se jacta el exministro y hoy presidente en apuros de la Comisión de Educación de la Asamblea, Augusto Espinosa. Centrado exclusivamente en el análisis de ocho de los 42 casos tratados por la Comisión, deja intocada la parte gruesa del problema: los 912 casos oficialmente declarados por el ministerio. ¿Quién los investiga? ¿Qué proceso se seguirá en cada uno de ellos? ¿Cuál es el número total de víctimas directas e indirectas?

Los casos analizados corresponden a la Academia Pedro Traversari de Quito (Aampetra, que dio su nombre a la Comisión); el colegio réplica Aguirre Abad, de Guayaquil; la escuela Mushuk Pakari, de Quito; los dos casos que involucran al colegio La Condamine, también de Quito (El Principito y Emmanuel) y el CEBI de Ambato. Además, por denuncias directas de los padres se investigaron los abusos sexuales cometidos en la Academia de Ballet Guadalupe Chávez y un caso procedente de la provincia de Santa Elena.

Según el informe, hay culpas compartidas. Autoridades de centros educativos que incumplieron su obligación de denunciar los casos o directamente los ocultaron; no establecieron medidas de protección inmediatas ni brindaron acompañamiento psicológico a las víctimas; no colaboraron con las investigaciones o (como en el caso de Aampetra) “aplicaron maniobras dilatorias” para impedir la ejecución de las sentencias; actuaron con negligencia en el proceso de contratación de docentes; se resistieron a cumplir con la reparación de las víctimas.

A las autoridades judiciales que trataron estos casos se las responsabiliza por demoras injustificadas, por no haber profundizado sus investigaciones ante la evidencia de que se encontraban ante redes de pornografía infantil y otras prácticas del crimen organizado; y por no haber incluido oportunamente a los afectados en el sistema de protección de víctimas y testigos (en el caso Aampetra tardaron cuatro años).

En cuanto a las autoridades del sistema educativo, toda responsabilidad queda, según el informe, en el nivel de subsecretarías y direcciones provinciales. Que no investigaron hechos denunciados, ni sancionaron a las instituciones que incumplieron los protocolos; al contrario: hay casos en los que autorizaron su ampliación y les permitieron incluir educación parvularia.

En los casos de La Condamine, el informe pasa por alto un hecho relevante: que el ministro Augusto Espinosa estaba al tanto de las irregularidades, pues tenía un delegado directo (Fredy Peñafiel) en el directorio de la institución. Sí se señala, en este caso, que el ministerio actuó como juez y parte en las investigaciones. Se omite también cualquier evaluación sobre los efectos que pudo tener el llamado “código de ética”, dictado durante la administración de la ministra Gloria Vidal, que impuso el silencio en los colegios e impidió a las autoridades educativas hablar públicamente de estos temas.

Hay una red

Por primera vez se aportan evidencias, oficialmente, sobre la probable existencia de una red de pornografía y abuso infantil operando en los colegios. El caso Aguirre Abad parece ser una prueba.

Sistema inútil

Los protocolos existen, pero nadie vela por su aplicación. Los sistemas de información funcionan a medias y, pese a lo afirmado por Augusto Espinosa, no están centralizados.