En 2021 se emitieron 61.049 boletas de excarcelación en todo el país, de este número 20.812 corresponden a beneficios penitenciarios, es decir, prelibertad o régimen semiabierto según corresponda el caso de cada prisionero.

Sin embargo, en el último año, hubo 44.358 nuevas Personas Privadas de Libertad (PPL) en todo el sistema carcelario del Ecuador. Frente a este escenario, el Servicio Nacional de Atención a Privados (SNAI) destacó en los primeros días de enero que en la víspera de Navidad, en el lapso de siete días, 840 personas fueron liberadas como parte del plan para la reducción del hacinamiento en las cárceles.

Expertos en seguridad y administración carcelaria consideran estas cifras como “insignificantes” en caso de verdaderamente “querer”  combatir la sobrepoblación en las prisiones del país.

“Eso es una hipocresía y una mentira, una muestra es que a pesar de que el año pasado se incrementó el número de jueces de garantías penitenciarias, no pueden con la cantidad, hay escasez de funcionarios, porque un funcionario para más de 2.000 PPL de un pabellón, además,    que por las masacres y la pandemia han suspendido las áreas de rehabilitación, como deporte, cultura y reinserción laboral, así no pueden completar su carpeta, y a pesar de que los jueces saben que estos servicios no hay desde 2020, siguen negando las carpetas para acceder a los beneficios penitenciarios así cumpla con los otros requisitos”, cuestionó Marta Macías, exdirectora de la cárcel de mujeres y del centro de rehabilitación de mínima seguridad de la Regional.

La última contabilidad de presos se realizó en octubre, antes de las masacres del 12 y 13 de noviembre y en ella, se reveló que había 37.324 internos; de los cuales,  21.575 tenían sentencia y 14.726 estaban con prisión preventiva. El resto, eran contravenciones y boletas de apremio.

Julio César Cueva, experto en cultura de paz y abogado penalista, enfatiza que es alarmante y escandaloso según lo tipificado en la Constitución, pues la prisión preventiva es la última instancia en un proceso, pero los números retratan cómo se abusa del recurso.

“Hay más o menos una relación de dos a uno, que puede convertirse muy pronto en uno a uno, es decir, que por cada prisión preventiva hay un sentenciado en la cárcel y puede que después se dé una revuelta carcelaria por las condiciones de vida que se dan allá adentro, esa gente está privada de libertad no de dignidad y se la trata como animal, después se sorprenden de cómo reaccionan ellos”, alertó.

Macías y Cueva no comparten que se deba crean nuevas cárceles en Ecuador, sin embargo, sostienen “que al ritmo que van” no habrá más remedio que crear nueva infraestructura que los pueda albergar en vista de que “no resuelven” el problema existente.

“La verdadera solución es que no se abuse de la prisión preventiva, porque por un lado los fiscales creen que para todo la tienen que pedir y los jueces que también creen que para todo lo tienen que ordenar”.

Diario EXPRESO denunció a inicios de octubre que los pedidos de prisión preventiva superan a la población carcelaria, una muestra es el crecimiento sostenido en los tres últimos años. De esta forma, desde enero de 2019 hasta septiembre de 2021 se emitieron 66.754 autos de prisión preventiva.

No obstante, además de la prisión preventiva, los expertos consideran que se debe reforzar en la política pública para evitar que se cometan delitos.

El planteamiento de Macías es identificar en la población carcelaria de qué sectores de las ciudades llegan la mayor cantidad de infractores y trabajar en esos barrios con programas de educación, salud, sano esparcimiento y más factores que permitan crear nuevos modelos de convivencia pacífica y de desarrollo social.

Cueva respalda la propuesta, especialmente porque resalta que al interior de las celdas no existe una rehabilitación verdadera. “Al encerrarlos les mandan más personal para que los recluten y lo entrenen las bandas que operan al interior, porque si no lo matan”.

despacho de boletas

El 28 de octubre el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la resolución 175-2021 que permitió la contratación de 8 jueces de garantías penitenciarias para las provincias de Guayas y Azuay. De estos dos son de categoría permanente y los seis restantes temporal.