El año 2022 fue considerado como el periodo más sangriento en la historia del Ecuador porque además de registrar una cadena de actos terroristas, se dieron 4.632 muertes violentas. Una cifra que duplicó la cantidad total de asesinatos dados en 2021, cuando fueron 2.131 casos en todo el país.

Sin embargo, no se termina el tercer trimestre del año 2023 y ya se rebasó, hasta el momento por un 4 % al 2022 con 4.835 muertes violentas entre el 1 de enero al 31 de agosto (revisar el gráfico).

Para el abogado penalista Efrén Guerrero Salgado, los números son la fiel muestra del “fracaso en las medidas de seguridad” porque “no se trata de darles más bala a los policías”, sino de "establecer condiciones de políticas públicas completas para una sociedad”.

Guerrero Salgado resalta que uno de los principales errores del régimen es que se pretenda apuntar y trabajar en seguridad sin atender otros aspectos importantes que permitirían bajar la criminalidad en la nación.

“En educación, en salud ¿qué se está haciendo? Existe al menos seguridad para que los profesores y estudiantes puedan ir a clases seguro: no. Esto sin contar la guerra entre instituciones del Estado por pugnas que además hacen que prevalezca la impunidad”.

Considera además, que estas muertes revelan la falta de protección al ciudadano que no tiene relación alguna con las organizaciones delictivas. “Tuvimos un plan de seguridad del presidente Guillermo Lasso que nunca se hizo público. Hay que asumir que esto está hecho un desastre porque después del fondo siempre se surge y se levanta y eso falta en el país”.

El penalista Joan Paúl Egred coincide en que el crecimiento acelerado de la violencia criminal en Ecuador es por la falta de política pública integral, pero que el siguiente factor es por la ausencia de la Fiscalía en sus competencias.

“La encargada de investigar no lo hace, la fiscal general Diana Salazar tiene sus ojos puestos en los casos mediáticos o específicos, pero no se tiene a la fecha ningún cartel desarticulado, ninguna organización criminal internacional sacada del país o cabecillas apresados o procesados, ni siquiera los determina”.

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Otro de los elementos que complementa el descontrol de los crímenes en las ciudades del país es la “respuesta política” que se retrata en discursos de las autoridades y no en acciones.

“El hecho de asegurar que destinamos recursos, personal para el combate a la delincuencia y la investigación criminal en provincias en estados de excepción es la respuesta más fácil que existe frente a los coches bomba, el narcotráfico, a las masacres en las cárceles y más que se vuelve ineficiente que se resume en que les quedó muy grande el reto o tienen mucho miedo. No podemos tratar de quitarles responsabilidad al Gobierno y a la Fiscalía porque es ahí donde radica la respuesta del Estado para la delincuencia”.

Guerrero Salgado y Egred coinciden en que al menos para enmendar la situación en un corto y mediano plazo, es necesario una “mano dura” frente al crimen organizado, cortar la comunicación en los centros carcelarios, fuerte resguardo en las zonas fronterizas y una rigurosa revisión sobre la condición de personas en movilidad irregular.

Estas acciones se deben complementar con las políticas sociales integrales, acciones de inteligencia y contrainteligencia, y operativos de control rigurosos para que no ocurran hechos terroristas. 

• “Nuestra realidad puede ser más grave”

Las provincias costeras son las que más muertes violentas registran en lo que va del año, todas muestran un aumento que también supera al total del año 2022. Distinto es en Esmeraldas que por los estados de excepción concentra mayor número de militares y policías.

Para Guerrero Salgado, es necesario recordar que en 2021 y 2022 se restó de la contabilidad de la Policía Nacional los asesinatos dados en las cárceles, en las zonas no delimitadas y también a los cuerpos que no son identificados porque se puede presumir que aún están como personas desaparecidas. “Nuestra realidad en este tema puede ser más grave porque tan solo se data de siete femicidios en 2023 y las organizaciones de la sociedad civil. No corresponden los datos, no es porque sea más dramático el número, sino porque deben cruzar para tener una data real y de ahí parte la política pública. 

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