Tan solo a la primera semana de diciembre de 2023, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) registró en todo el Ecuador un total de 482 atenciones o gestiones antiexplosivos, una cifra que supera al total de todo el 2022, en donde hubo 387 casos.

Pero de todos los llamados de emergencia dados hasta el 5 de este mes, solo 373 fueron reales, y en el año anterior, 282. Sin embargo, los casos que terminaron en explosiones durante lo que va del año fueron 51 atentados terroristas. El resto pudo ser detonado de forma controlada por grupos especializados de la Policía Nacional.

La zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, es la que más hechos de este tipo acumula; se trata de 240 gestiones antiexplosivos, lo que significa que representa el 64,5 % de la cifra nacional. Este dato, junto a las 1.195 de las muertes violentas, titula al territorio como el más violento del país.

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La mayoría de las destrucciones de los artefactos explosivos, sean por detonación controlada o porque las bandas delincuenciales cumplen su cometido de intimidar a comerciantes para obligarlos a pagar una cuota de sus ganancias a cambio de dejarlos funcionar, proviene de amenazas previas.

Es decir, primero se establece una especie de comunicación a través de llamadas, mensajes o recados y si es que no se responde o se hace caso omiso, las organizaciones delictivas recurren a los hechos terroristas.

De acuerdo a cifras de la Policía Nacional, la extorsión en Ecuador aumentó más de 65 % entre 2022 y noviembre de 2023, y casi 400 % desde 2021.

A las puertas de un nuevo año, el experto en seguridad ciudadana John Garaycoa recomienda intensificar los controles no solo en las denominadas zonas calientes, sino en las que aparentemente no son conflictivas, con el fin de no dar tregua en la lucha contra el narcoterrorismo.

“Hay que ordenar a las Fuerzas Armadas, ingresar casa por casa con un barrido por zonas para el decomiso de armas, explosivos, drogas y control de personas con boleta de captura”, alega.

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Para Garaycoa, esta disposición debe ser de carácter nacional porque en las zonas fronterizas hay muchos puntos ciegos por donde se trafican armas y explosivos.

Y los registros lo demuestran, el GIR identifica que la zona 1, integrada por las provincias Esmeraldas, Carchi e Imbabura, tiene 44 intervenciones antiexplosivos en 2023, casi cinco veces más que el año anterior, cuando fueron apenas ocho casos.

Para el experto en seguridad pública y de Estado, Daniel Pontón, es necesario clarificar las líneas generales por donde se va a llevar la política pública durante el 2024.

“La meta clara debe ser la reducción de las muertes violentas o al menos contenerlas, hasta la primera semana de diciembre, fueron 7.258 en el país, lo que significa una tasa de 42 casos por cada 100.000 habitantes”.

Pontón enfatiza este objetivo porque la fiscal general Diana Salazar no descartó el repunte de la violencia criminal ante la revelación del caso Metástasis.

No obstante, los expertos coinciden en que al mismo tiempo se debe trabajar en planes de largo plazo con las zonas desatendidas del Estado.

Porque si existe ausencia de este, las bandas criminales son las que suplen necesidades económicas como la falsa propuesta de un empleo, dinero fácil y aparentes mejores días.

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