Terrabienes: la ayuda estatal dependerá de la legalización

Cientos de afectados por la estafa del proyecto Arcos del Río, impulsado por Urnosa S. A. e Inmobiliaria Terrabienes S. A., en Guayaquil, mantienen la esperanza de ser resarcidos. Desde 2021, varios de ellos optaron por posesionarse en los terrenos como medida de presión.

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Condiciones precarias mientras esperan solución

Entre los acreedores figuran personas naturales y jurídicas. Las primeras se han organizado en tres agrupaciones. Según un acuerdo transaccional especial suscrito el 23 de febrero de 2026, quienes proyectaban residir en las urbanizaciones Olivos del Río, Ceibos del Río y Veranda del Río lo harán ahora en una sola urbanización.

Aunque esperan que el acuerdo transaccional especial permita el resarcimiento, los afectados habitan en un área que carece de servicios básicos. Algunos han recibido casas en obra gris, mientras otros habitan en viviendas de caña.

¿Puede el Estado intervenir ante esta situación, por ejemplo, facilitando créditos? Para dos constructores consultados por EXPRESO, la respuesta es afirmativa, aunque condicionada a la legalización de los lotes.

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Intervención estatal, limitada por el proceso legal

Mientras el proceso legal no concluya, la intervención estatal resulta inviable, advierte el constructor José Luis Valero. “Es un litigio entre privados y el Estado podría generar un problema político si interviene antes de tiempo”, explica.

En esa misma línea, el desarrollador inmobiliario Darío Herrera, también exministro de Transporte y Obras Públicas, sostiene que el Estado no tiene la obligación legal directa de compensar a los afectados. “Se trata de un problema privado, por lo que cualquier acción debe analizarse desde un enfoque social y político, no solo jurídico”.

Valero añade que una intervención prematura podría ser malinterpretada por la opinión pública. “Podría verse como que el Estado está usando recursos para resolver un conflicto que no le corresponde, lo que abriría cuestionamientos”.

Herrera concuerda en que cualquier apoyo estatal debe darse dentro de un marco institucional sólido. “Primero debe garantizarse la legalidad del proceso y que las entidades de control cumplan su rol, antes de pensar en subsidios o ayudas directas”, afirma.

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La legalización, clave para acceder a financiamiento

No obstante, ambos expertos coinciden en que el Estado sí puede cumplir un rol indirecto en esta etapa. Valero considera que una de las acciones más viables es presionar para que los trámites avancen. “El Estado podría pedir a la Superintendencia de Compañías que agilice el proceso de liquidación”.

Una vez que los terrenos estén legalizados, el escenario cambia de forma sustancial, según el constructor. “Ahí sí el Estado puede intervenir con líneas de crédito o facilidades financieras para terminar los proyectos habitacionales”.

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Organización y asesoría, pasos necesarios para avanzar

El exministro Herrera manifiesta que los afectados de las empresas Terrabienes y Urnosa podrían acogerse a programas de vivienda de interés social. “Podrían acceder a esquemas como el plan Miti Miti o créditos con tasas subsidiadas, siempre que los proyectos cumplan con los requisitos”.

Si el monto del financiamiento requerido supera los $85.796 y llega hasta los $110.378, los afectados podrían acceder a créditos para viviendas VIS y VIP, explica Herrera.

En cualquier escenario, los expertos recomiendan que los perjudicados se organicen y contraten a un desarrollador inmobiliario, lo que facilitaría el acceso a líneas de crédito en entidades como el Biess o el Banco del Pacífico. Pero una vez que los terrenos hayan sido legalizados, subraya Valero.

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Denuncian hostigamiento

“Siempre hemos estado desamparados por las autoridades de turno”, afirma Elva Quinde, una de las perjudicadas. Aunque el liquidador de Urnosa y Terrabienes, Carlos Cadena Asencio, la denunció como invasora, dice que seguirá en posesión de su lote.

Relata que la notificación judicial la tomó por sorpresa y considera que se trató de un intento de intimidación. “Estábamos reclamando nuestros derechos”.

Olga Haro también enfrenta una denuncia similar. “A mí debían entregarme la casa en junio de 2012 y no lo hicieron. Soy perjudicada, no he invadido ningún terreno”, enfatiza.

Sandra Farfán también fue denunciada por el liquidador, en su caso por presunto tráfico de tierras. Para ella, estas acusaciones son calumnias y forman parte de un hostigamiento.