Con la imprevisibilidad climática es difícil determinar si Ecuador volverá a vivir los apagones masivos que lo marcaron en el 2024. La única certeza de hoy es la falta de transparencia sobre el real estado del sistema eléctrico nacional, que vuelve a sembrar incertidumbre entre los hogares y pequeñas empresas.

Sin información clara no hay planificación posible

Opinión

Apagones en Ecuador: crisis eléctrica, falta de planificación y dependencia hidroeléctrica

Rosa Torres

Los caudales de las represas siguen presionando a la baja, los cortes ‘focalizados’ cada vez son más frecuentes y aun así, el Gobierno insiste en negar lo que el ciudadano común presiente. Pero un problema de esta magnitud no se resuelve en silencio. Lo que Ecuador necesita es información veraz que permita a ciudadanos, empresas e instituciones planificar con realismo.

El Gobierno tiene la obligación de demostrar, con datos concretos y accesibles, cómo garantizará el suministro eléctrico en un momento en que el consumo crece y la capacidad de generación no logra seguir su ritmo. 

Un problema que podría ahondarse ante el desaprovechamiento de la energía eléctrica que puede dotar Colombia y el aún bajo empleo de energías renovables, ante la carencia de incentivos reales para que los hogares adopten soluciones solares, o la flexibilidad de trámites para que las empresas puedan invertir en fuentes alternativas.

Ecuador

Crisis energética en Ecuador: qué tan crítico es el nivel actual de Mazar

IVONNE MANTILLA

La administración municipal de Guayaquil atraviesa un periodo de reconfiguración interna que, más allá de los cambios en funciones y el reciclaje de colaboradores, no debe afectar al ciudadano. La subrogación del mando en la Alcaldía ocurre en un contexto de incertidumbre que exige madurez institucional y continuidad operativa.

Es imperativo que la transición en direcciones y empresas públicas no se convierta en un freno para el desarrollo urbano. Trámites vitales como informes de regulación, aprobación de planos, registros de construcción o particiones de terrenos -históricamente afectados por lentitud- corren el riesgo de caer en parálisis o retroceso. La ciudad no puede permitir que el dinamismo de la construcción y la inversión privada se detengan por ajustes políticos o debilidades administrativas.

El liderazgo subrogante tiene el reto de demostrar que la planificación no se detiene. No basta con vigilar que las obras cumplan plazos y presupuestos; se requiere visión para proyectar soluciones a problemas estructurales. La eficiencia debe ser la única consigna. Los guayaquileños no tienen por qué pagar las consecuencias de las crisis políticas. La municipalidad debe garantizar servicios ágiles y una ruta clara, demostrando que la institución es más fuerte que sus coyunturas.

Los momentos y los tiempos son tan importantes como los hechos en sí mismos. La filtración de dos informes de Contraloría que hallaron presuntas irregularidades en el patrimonio de dos jueces de la Corte Constitucional hay que analizarla en todo su contexto. Todos los funcionarios públicos están sujetos a auditoría y deben responder con los descargos del caso. Pero ninguno debería estar sujeto al ‘tribunal’ de las redes sociales, donde se pierde el derecho de la presunción de inocencia, y donde un montón de troles asalariados se convierten en jueces y fiscales.

El país está frente al uso sistemático de procesos de control dirigidos al escarnio público y la presión política. Por eso es que los momentos y los tiempos son claves para entender el fondo. No es gratuito y al azar que se filtren estos informes que dan inicio a indagaciones fiscales en un momento en el que la Corte Constitucional tiene en sus manos resoluciones de alto interés político, como el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, y el análisis de la legalidad de la designación del fiscal general subrogante.

El contralor tiene que demostrar, más allá de sus palabras, que la institución que encabeza no se ha convertido ya en instrumento de los intereses del poder político.

Ecuador no puede darse el lujo de ignorar el auge de la energía solar mientras atraviesa uno de los déficits eléctricos más graves de su historia, con apagones que ya afectan la economía y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Si bien el sector empresarial muestra avances para asegurar su propio suministro mediante paneles fotovoltaicos, esto sigue siendo un gran pendiente en aquellos hogares con capacidad para adoptarlos. Como ya lo ha dado a conocer EXPRESO, las razones van desde trámites engorrosos hasta la ausencia de incentivos y un retorno de inversión que aún resulta poco atractivo para la mayoría de familias. Dar el siguiente paso exige aprovechar este auge y convertirlo en política pública, para que más hogares pasen a ser grandes generadores de energía. Y eso requiere decisiones concretas, como simplificar y acelerar los permisos de instalación, establecer incentivos económicos reales como rebajas tributarias o líneas de financiamiento accesibles.

En un contexto de incertidumbre energética, permitir que más hogares generen su propia electricidad se convierte en una medida estratégica que reduce la presión sobre un sistema frágil, diversifica la oferta y, al mismo tiempo, alivia el gasto mensual de miles de familias que hoy pagan más por un servicio cada vez menos confiable.

La circular aclaratoria emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % a más de sesenta ítems de alimentos procesados tomó por sorpresa a consumidores, comerciantes y productores por igual. Y si bien la medida se presenta como un ejercicio de cumplimiento legal, es en realidad un nuevo ajuste fiscal con fines recaudatorios que agobia al consumidor, que ya carga con el peso de una economía que no termina de recuperarse.

El impacto de esta medida no puede ni debe minimizarse. Muchos de los productos que ahora gravarían IVA pueden tener algún grado de procesamiento, pero no por ello dejan de ser parte de la alimentación base de los ecuatorianos. El riesgo es sistémico: una contracción en el consumo afecta la demanda, y esa caída se propaga hacia la producción, el comercio y, en última instancia, el empleo.

El Gobierno debe buscar la fórmula para mitigar su impacto. No se trata únicamente de proteger la sostenibilidad de los pequeños emprendimientos, sino de salvaguardar a nichos de consumidores especialmente vulnerables: aquellos que, por condiciones de salud no tienen alternativa y están obligados a adquirir productos como leche deslactosada, leche descremada o edulcorantes, que hoy son más caros.

Semana Santa trae un feriado que los empresarios miran como oportunidad para impulsar sus negocios, sin embargo existe preocupación por la falta de una planificación que apunte a recuperar el interés de los turistas por la capital. Ya en el feriado de carnaval se encendió la alerta, pues Quito tuvo una baja ocupación hotelera, lo que motivó a representantes del sector a formar una mesa técnica para establecer estrategias que reactiven el turismo y para plantear la acciones que se requieren del Municipio, como más seguridad en zonas emblemáticas, controles al comercio informal y mayor promoción.

Los supuestos recortes por la reforma del Cootad, como alega la Alcaldía, no pueden ser tomados como excusa para quitar el apoyo a promotores de actividades clave en estas fechas. Se necesita creatividad, planes y alianzas que logren que el turista vuelva a disfrutar de la ciudad con uno de los patrimonios mejor cuidados del mundo.

El show de Shakira demostró que con grandes eventos, organización y seguridad se puede reactivar el movimiento. Han pasado casi cinco meses y hasta ahora se desconoce una estrategia o plan. Al contrario, se anunció la suspensión de la Feria del Libro y hasta se habla de reducciones para fiestas de Quito. Urgen acciones para evitar que la ciudad se apague.

El fin del toque de queda debe llevar a una revisión de lo obtenido en esta etapa de la lucha contra la criminalidad. Durante su vigencia, la medida permitió la captura de algunos objetivos peligrosos y contribuyó también a reducir los índices de delincuencia común.

Sin embargo, estos esfuerzos deben traducirse en acciones cotidianas de control y vigilancia que perduren en el tiempo, sin bajar la guardia y ampliando su alcance a delitos como las extorsiones, que están devastando la economía a todo nivel.

La ausencia de restricciones horarias exige a las Fuerzas Armadas y a la Policía redoblar su presencia y capacidad operativa en los territorios recuperados, evitando que nuevas estructuras criminales intenten ocupar espacios debilitados.

La seguridad es un proceso continuo, no un logro aislado. Requiere custodia permanente, inteligencia efectiva y cercanía con la ciudadanía. En este contexto, la cooperación internacional, en especial de países aliados, debe ser vista como una oportunidad estratégica. Si su apoyo se traduce en tecnología, capacitación y recursos, será un pilar clave para afianzar la paz interna.

El desafío está en sostener los avances y no permitir retrocesos. Lo alcanzado debe convertirse en una conquista duradera.

El Gobierno ecuatoriano no puede proclamar que el país tiene garantizado su suministro eléctrico mientras, al mismo tiempo, exige al sector privado generar su propia energía. Con esto, el Estado no resuelve ningún déficit energético, sino que traslada el problema, una gran carga pesada, a la empresa privada.

Seguirse apoyando en el sector empresarial no debería ser la alternativa. Según la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar a las empresas el acceso a servicios básicos, entre ellos la energía eléctrica. Al incumplir ese mandato, el Gobierno no solo incumple normas, sino que obliga a las empresas a asumir sobrecostos por el uso de combustibles que ya no cuentan con subsidio. Los reembolsos ofrecidos, según han denunciado los propios empresarios, no cubren la totalidad de los gastos. A eso se suma el desgaste de equipos que no fueron diseñados para operar de forma prolongada bajo esas condiciones.

En el país sigue siendo un pendiente el allanar el camino a la inversión que permita una solución estructural en materia de generación eléctrica. Los trámites burocráticos siguen frenando la instalación de energía alternativa, como el uso paneles solares, y la apuesta por fortalecer la red de transmisión continúa siendo insuficiente.

Primero, el Servicio de Rentas Internas, luego la Fiscalía, después la Superintendencia de Compañías y, ahora, el Ministerio de Trabajo. A la campaña de hostigamiento en contra de Gráficos Nacionales S. A., editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, parece que se estaría sumando la cartera de Estado que desconoce sentencias constitucionales. Una inspección nada habitual, realizada a esta empresa, llama mucho la atención. Podría considerarse algo rutinario, pero hay motivos de sobra para pensar que no es así.

Que el Servicio de Rentas Internas iniciara un investigación tributaria bajo informes que aún no llegan a manos del investigado. Que la Fiscalía abriera una investigación por presunto lavado de activos sin el más mínimo sustento y lógica. Que la Superintendencia de Compañías intervenga la empresa por pedido de un accionista minoritario. Todo llevaría a estimar que esa inspección, por más rutinaria que aparente ser, es una forma más de hostigamiento.

No sorprendería que eventualmente surjan otros intentos disfrazados de legalidad. Pero quedarán en eso, porque ha quedado claro que la verdad y valentía siempre se imponen. Los obstáculos no impedirán que continuemos investigando e informando a la ciudadanía, ejerciendo la libertad de prensa como puntal de la democracia en el Ecuador.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. La infiltración del crimen organizado transnacional y sus brazos ejecutores locales ha transformado la vigilancia en una prioridad nacional. Sin embargo, mientras el país intenta blindarse contra el terrorismo y la violencia, en puntos muy críticos de conectividad -como los aeropuertos- parece existir una grieta.

Resulta incomprensible que ante la sofisticación de las bandas delictivas y el riesgo constante de fugas de alto perfil, el control de identidad pueda ser laxo. En el aeropuerto de Guayaquil, la exigencia de la cédula de identidad para acceder a los filtros de seguridad es intermitente, limitándose muchas veces a la revisión del pase de abordar. En Quito, la situación es aún más permisiva: el ingreso depende solo del escaneo automático del pase de abordar, sin ninguna validación humana que confirme quién está detrás de ese boleto.

¿Cómo se garantiza que el pasajero que se embarca en el avión es realmente quien dice ser? En un escenario donde el crimen no escatima recursos, las autoridades y las instituciones responsables del transporte aéreo deben actuar con urgencia. Es hora de revisar protocolos y asegurar que todos los pasajeros sean debidamente identificados antes de abordar.

Nadie se opone a la depuración de organizaciones políticas en bajo el marco legal. Son 231 organizaciones políticas registradas ante el CNE hasta el 9 de marzo pasado, una cifra tan absurda en un país tan pequeño y con una apatía tan enorme hacia la política. Cosa diferente es la eliminación de algún movimiento político bajo condiciones dudosas y por intereses ocultos, que solo se puede pensar que es para beneficiar a alguna organización política en particular.

El intento de eliminar a Unidad Popular y Construye se da en unas circunstancias tan opacas que suena a represalia y hasta advertencia para las aún con vida, por si se atreven a hacerle sombra a alguna que pretende perennizarse en el poder. Y la suspensión de la Revolución Ciudadana fue la antesala de lo que parece ser una estrategia a menos de un año de las elecciones seccionales.

Es verdad que la democracia no se mide por la cantidad de partidos y movimientos políticos. Si fuera así, Ecuador sería una de las democracias más vibrantes del continente y, seguramente, del mundo. Pero la democracia sí se mide por la pluralidad de voces, por la participación política de altura, por la tolerancia al pensamiento contrario, por la calidad de sus partidos políticos y de su Función Electoral. En eso, Ecuador, pierde el año.

La relación entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo se tensa nuevamente, esta vez por el freno al acuerdo de promoción y protección de inversiones suscrito entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos. La Corte alega que el texto podría contradecir la prohibición constitucional del arbitraje internacional, un argumento que el Ejecutivo considera “equivocado”, por trabar el arribo de capitales que el país tanto necesita.

La urgencia de arribo de inversiones constituye una realidad que nadie puede contradecir. No obstante, sin ignorar que es indispensable que lleguen recursos externos, no se puede dejar de considerar que la postura de la Corte tal vez no obedece a un activismo intervencionista ni a un afán de obstaculizar la política exterior del Gobierno, sino de un apego estricto a la norma suprema. Así lo evidencia la reciente aprobación del acuerdo con Corea del Sur.

Lo imperativo ahora es buscar la forma de destrabar un acuerdo que promete millonarios beneficios. No suma nada la confrontación, el Ejecutivo debe corregir adoptando otras vías, como el modelo de resolución de controversias entre Estados que funcionó con Corea, descartando así la de los tribunales internacionales.

La seguridad jurídica debe empezar, precisamente, por respetar la ley propia.

Existen inconsistencias en la administración carcelaria ecuatoriana: mientras a un alcalde investigado (aún sin sentencia) lo trasladan a la cárcel más controlada por el Gobierno Nacional, al punto de obstaculizarle su derecho a la defensa -según dijo en su momento su abogado-, a uno de los jefes de sicarios de una banda lo recluyen en una de las cárceles más peligrosas y menos controladas por el Gobierno, donde finalmente es asesinado.

¿Cómo comprender este tratamiento desproporcionado para uno y muy laxo -con un destino fatal- para el otro? Solo se entiende si se observa al sistema de rehabilitación social desde la óptica del revanchismo político. No se debe normalizar esta práctica cada vez más común pero, si ya un investigado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad, supuestamente para resguardar su vida, usando un informe confidencial, debe garantizársele a su defensa jurídica al menos el acceso sin obstáculos y respetando el secreto profesional. Que sea la justicia, sin ninguna presión política, la que dictamine su resolución y que el alcalde cumpla su sentencia, de ser el caso, o que salga en libertad.

El sistema penitenciario debe tener como eje principal la rehabilitación, no la revancha ni la humillación pública.

Si no es la que más, al menos está entre las principales investigaciones que han sido muy ‘manoseadas’. El caso Villavicencio, también conocido como Magnicidio FV, llegó al punto final de una de sus tantas etapas: la instrucción fiscal. Siendo una de las primeras fases del proceso de indagación y eventual juzgamiento, ya ha sufrido una serie de reveses y de salpicaduras, y por ello se extiende una enorme sombra de duda a su alrededor.

Todo el país quiere conocer la verdad sobre el o los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, pero al ritmo que va, lo que quedará al final será un gran signo de interrogación. Nadie quiere eso. Nadie quiere quedarse con ese amargo sabor de boca.

Si aún falta mucho camino por recorrer, la Fiscalía y la justicia está a tiempo de brindarle al país una respuesta seria a la pregunta: ¿quién ordenó asesinar al excandidato presidencial? Y solo hay un camino para ello: que las pruebas hablen por sí solas. Que Fiscalía haga un trabajo prolijo y minucioso; y que los jueces tomen una decisión exclusivamente sobre la base de las evidencias y no por trinos y bulos de las redes sociales. Solo así el país podrá saber la verdad de un caso tan doloroso.

Nos pueden gustar o no sus fallos, aunque esto no se trata de preferencias o gustos, sino de respetar la institucionalidad creada y que rige a esta República. La Corte Constitucional está de nuevo en el radar del Gobierno Nacional por fallos que no convencen al Ejecutivo y por una supuesta amenaza al secretario Jurídico de la Presidencia. Sobre las sentencias, ellas hablan por sí solas; sobre la amenaza, deberá el denunciante sostener su afirmación; y la Corte, defenderse. Esto, de ninguna manera, puede convertir a una institución en enemiga de la otra.

La Constitución creó a cada una por un propósito y este debe ser respetado. El Ejecutivo debe administrar y gobernar, y la Corte debe cumplir su rol de hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico con independencia del poder político.

Esas son las reglas de esta democracia imperfecta y hay que respetarlas. La Corte Constitucional, con sus virtudes y defectos, sigue siendo el último resquicio de institucionalidad en un país cuyo gobierno demuestra cada vez más ser un acaparador de poder sin límites. Alguien debe ser el freno. Alguien en este país debe respetar la Constitución. Alguien debe, en algún momento, decir no.

Babahoyo ha vuelto a inundarse y, como cada invierno fuerte, la explicación fácil apunta a las lluvias. Pero esto solo es una forma de evadir responsabilidades. La evidencia técnica y el seguimiento histórico muestran un problema más complejo y, sobre todo, persistente.

La ciudad está asentada en una zona naturalmente inundable, riesgo que no desaparecerá y que deberá ser gestionado eficientemente. Las calles anegadas son producto tanto del desbordamiento del río, como de alcantarillas obstruidas, sistemas de drenaje rebasados y una expansión urbana que ha ignorado límites básicos.

Existe infraestructura orientada a evitar el efecto de desbordamientos y lluvias muy intensas pero su eficacia se ve mermada por mantenimiento deficiente, capacidad insuficiente y obras desconectadas entre sí. A esto se suma la intervención del entorno: menos cobertura vegetal, más superficies impermeables y cauces bloqueados por sedimentos y residuos. Por ello la solución para Babahoyo requiere inversión en drenaje pluvial inteligente, dragados permanentes y, sobre todo, un ordenamiento urbano estricto que prohíba construir en zonas anegables. Reducir el impacto de las inundaciones es viable, pero las autoridades deben pasar del diagnóstico a la gestión efectiva.

El manejo de los recursos estratégicos en Ecuador parece condenado a repetir ciclos de opacidad y perjuicio estatal. El caso de la alianza entre Flopec y una firma naviera internacional hecha en 2020 es un ejemplo más de cómo contratos oscuros e irregulares terminan defraudando las arcas públicas bajo el disfraz de acuerdos comerciales indispensables.

Además de hacer patente una gestión ineficiente, este caso devela un entramado técnico donde el Estado asumió costos operativos elevados mientras las ganancias se diluían en paraísos fiscales. Que una institución nacional con la responsabilidad de transportar nuestra mayor riqueza, haya quedado atrapada en cláusulas de renovación automática y tarifas fuera de mercado, evidencia una afectación deliberada a la soberanía financiera.

La Contraloría General del Estado y la Fiscalía tienen hoy el reto de elevar el estándar de la justicia. La impunidad no puede seguir amparando un perjuicio de tan grande magnitud para el país. El Gobierno nacional ha mostrado voluntad para depurar estas estructuras y frenar el desfalco y se espera que la investigación no se detenga en la superficie. El Ecuador no resiste más errores administrativos que favorezcan a intermediarios; la transparencia en el sector hidrocarburífero debe ser una práctica institucional innegociable.

El toque de queda, presentado como una medida urgente para enfrentar al crimen organizado, empieza a mostrar consecuencias que van más allá del control de la seguridad. La restricción de la movilidad no solo altera la vida económica y social, sino que también limita el acceso a información independiente y verificable, un elemento esencial en cualquier democracia.

Sin más medios de comunicación que no sean los oficiales, los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan su plan en un entorno donde el relato queda concentrado en una sola voz, lo que no solo reduce la pluralidad, sino que abre espacio a dudas legítimas sobre lo que realmente ocurre.

La otra cara de la moneda es la afectación en el normal desenvolvimiento productivo, comercial y la prestación de servicios, así como la cotidianidad. La logística de industrias y empresas, los horarios de atención en locales de actividad nocturna y hasta de recolección de basura han tenido que ser modificados, generando reducción de ingresos, congestión vehicular, complicaciones en los procesos productivos e incluso consecuencias en la salubridad.

El país espera que el toque de queda resulte una medida que realmente contribuya a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y valgan la pena todas las complejidades que se están afrontando.

El periodismo suele ser citado cuando incomoda. Rara vez aparece en los fundamentos de una decisión de Estado. En el reciente decreto que impone restricciones nocturnas a la movilidad en varias provincias, entre ellas El Oro, el Ejecutivo incluyó reportes periodísticos como parte de la evidencia que sustenta la medida. La disposición limita la circulación durante la noche como parte de la estrategia oficial contra el crimen organizado.

Más allá del debate sobre su eficacia, hay un hecho revelador: el Estado acudió al trabajo de las redacciones para documentar una realidad que exige respuestas. Eso confirma algo esencial. El periodismo narra los hechos, pero además deja registro público de lo que ocurre cuando la violencia rompe la rutina de las ciudades y obliga a reaccionar a las instituciones.

Ese reconocimiento impone una exigencia. Si la información periodística puede servir como evidencia para decisiones que restringen derechos, su rigor debe ser incuestionable y su independencia, aún más firme. Porque el mismo periodismo citado para justificar una medida extraordinaria es el que debe examinarla: preguntar por sus límites, sus efectos y sus vacíos. En una democracia no hay contradicción en ello. Es la garantía para que el poder, incluso cuando actúa en nombre de la seguridad, permanezca bajo el escrutinio público.

Hay que verlo más allá del nombre y de lo que hicieron cuando estaban en el poder. La principal oposición política del país ha sido suspendida por nueve meses por decisión de un juez electoral, sin ser escuchada en audiencia o pedirle el más mínimo descargo. Esto deja a la lista que los representa, de momento, fuera de la contienda electoral del 2027.

Sin duda es algo que ellos mismos hubieran hecho en contra de su principal rival electoral cuando tuvieron el poder político en la mano. Eso, de ninguna manera, justifica la imposición de una sanción, por más que se la quiera disfrazar de una medida preventiva, sin un proceso legal justo. Están viviendo en carne propia el peso del poder que ellos ejercieron contra sus adversarios en su momento, es verdad, pero a costa de sacrificar la independencia de la justicia electoral que se ha convertido en el brazo ejecutor de las proscripción de los rivales electorales del movimiento político gobernante.

Imponer la ley con la vara del resentimientos y el odio solo trae más resentimiento y más odio. Se convierte en un bucle, hasta que alguien sin esos malos sentimientos llegue al poder y deje de usar a la justicia para sus antojos. ¿Pasará en algún momento? Cuando eso pase, no lo veamos como un bicho raro.

La administración municipal de Guayaquil atraviesa un periodo de reconfiguración interna que, más allá de los cambios en funciones y el reciclaje de colaboradores, no debe afectar al ciudadano. La subrogación del mando en la Alcaldía ocurre en un contexto de incertidumbre que exige madurez institucional y continuidad operativa.

Es imperativo que la transición en direcciones y empresas públicas no se convierta en un freno para el desarrollo urbano. Trámites vitales como informes de regulación, aprobación de planos, registros de construcción o particiones de terrenos -históricamente afectados por lentitud- corren el riesgo de caer en parálisis o retroceso. La ciudad no puede permitir que el dinamismo de la construcción y la inversión privada se detengan por ajustes políticos o debilidades administrativas.

El liderazgo subrogante tiene el reto de demostrar que la planificación no se detiene. No basta con vigilar que las obras cumplan plazos y presupuestos; se requiere visión para proyectar soluciones a problemas estructurales. La eficiencia debe ser la única consigna. Los guayaquileños no tienen por qué pagar las consecuencias de las crisis políticas. La municipalidad debe garantizar servicios ágiles y una ruta clara, demostrando que la institución es más fuerte que sus coyunturas.

Los momentos y los tiempos son tan importantes como los hechos en sí mismos. La filtración de dos informes de Contraloría que hallaron presuntas irregularidades en el patrimonio de dos jueces de la Corte Constitucional hay que analizarla en todo su contexto. Todos los funcionarios públicos están sujetos a auditoría y deben responder con los descargos del caso. Pero ninguno debería estar sujeto al ‘tribunal’ de las redes sociales, donde se pierde el derecho de la presunción de inocencia, y donde un montón de troles asalariados se convierten en jueces y fiscales.

El país está frente al uso sistemático de procesos de control dirigidos al escarnio público y la presión política. Por eso es que los momentos y los tiempos son claves para entender el fondo. No es gratuito y al azar que se filtren estos informes que dan inicio a indagaciones fiscales en un momento en el que la Corte Constitucional tiene en sus manos resoluciones de alto interés político, como el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, y el análisis de la legalidad de la designación del fiscal general subrogante.

El contralor tiene que demostrar, más allá de sus palabras, que la institución que encabeza no se ha convertido ya en instrumento de los intereses del poder político.

Ecuador no puede darse el lujo de ignorar el auge de la energía solar mientras atraviesa uno de los déficits eléctricos más graves de su historia, con apagones que ya afectan la economía y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Si bien el sector empresarial muestra avances para asegurar su propio suministro mediante paneles fotovoltaicos, esto sigue siendo un gran pendiente en aquellos hogares con capacidad para adoptarlos. Como ya lo ha dado a conocer EXPRESO, las razones van desde trámites engorrosos hasta la ausencia de incentivos y un retorno de inversión que aún resulta poco atractivo para la mayoría de familias. Dar el siguiente paso exige aprovechar este auge y convertirlo en política pública, para que más hogares pasen a ser grandes generadores de energía. Y eso requiere decisiones concretas, como simplificar y acelerar los permisos de instalación, establecer incentivos económicos reales como rebajas tributarias o líneas de financiamiento accesibles.

En un contexto de incertidumbre energética, permitir que más hogares generen su propia electricidad se convierte en una medida estratégica que reduce la presión sobre un sistema frágil, diversifica la oferta y, al mismo tiempo, alivia el gasto mensual de miles de familias que hoy pagan más por un servicio cada vez menos confiable.

La circular aclaratoria emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % a más de sesenta ítems de alimentos procesados tomó por sorpresa a consumidores, comerciantes y productores por igual. Y si bien la medida se presenta como un ejercicio de cumplimiento legal, es en realidad un nuevo ajuste fiscal con fines recaudatorios que agobia al consumidor, que ya carga con el peso de una economía que no termina de recuperarse.

El impacto de esta medida no puede ni debe minimizarse. Muchos de los productos que ahora gravarían IVA pueden tener algún grado de procesamiento, pero no por ello dejan de ser parte de la alimentación base de los ecuatorianos. El riesgo es sistémico: una contracción en el consumo afecta la demanda, y esa caída se propaga hacia la producción, el comercio y, en última instancia, el empleo.

El Gobierno debe buscar la fórmula para mitigar su impacto. No se trata únicamente de proteger la sostenibilidad de los pequeños emprendimientos, sino de salvaguardar a nichos de consumidores especialmente vulnerables: aquellos que, por condiciones de salud no tienen alternativa y están obligados a adquirir productos como leche deslactosada, leche descremada o edulcorantes, que hoy son más caros.

Semana Santa trae un feriado que los empresarios miran como oportunidad para impulsar sus negocios, sin embargo existe preocupación por la falta de una planificación que apunte a recuperar el interés de los turistas por la capital. Ya en el feriado de carnaval se encendió la alerta, pues Quito tuvo una baja ocupación hotelera, lo que motivó a representantes del sector a formar una mesa técnica para establecer estrategias que reactiven el turismo y para plantear la acciones que se requieren del Municipio, como más seguridad en zonas emblemáticas, controles al comercio informal y mayor promoción.

Los supuestos recortes por la reforma del Cootad, como alega la Alcaldía, no pueden ser tomados como excusa para quitar el apoyo a promotores de actividades clave en estas fechas. Se necesita creatividad, planes y alianzas que logren que el turista vuelva a disfrutar de la ciudad con uno de los patrimonios mejor cuidados del mundo.

El show de Shakira demostró que con grandes eventos, organización y seguridad se puede reactivar el movimiento. Han pasado casi cinco meses y hasta ahora se desconoce una estrategia o plan. Al contrario, se anunció la suspensión de la Feria del Libro y hasta se habla de reducciones para fiestas de Quito. Urgen acciones para evitar que la ciudad se apague.

Con la imprevisibilidad climática es difícil determinar si Ecuador volverá a vivir los apagones masivos que lo marcaron en el 2024. La única certeza de hoy es la falta de transparencia sobre el real estado del sistema eléctrico nacional, que vuelve a sembrar incertidumbre entre los hogares y pequeñas empresas.

Sin información clara no hay planificación posible

Opinión

Apagones en Ecuador: crisis eléctrica, falta de planificación y dependencia hidroeléctrica

Rosa Torres

Los caudales de las represas siguen presionando a la baja, los cortes ‘focalizados’ cada vez son más frecuentes y aun así, el Gobierno insiste en negar lo que el ciudadano común presiente. Pero un problema de esta magnitud no se resuelve en silencio. Lo que Ecuador necesita es información veraz que permita a ciudadanos, empresas e instituciones planificar con realismo.

El Gobierno tiene la obligación de demostrar, con datos concretos y accesibles, cómo garantizará el suministro eléctrico en un momento en que el consumo crece y la capacidad de generación no logra seguir su ritmo. 

Un problema que podría ahondarse ante el desaprovechamiento de la energía eléctrica que puede dotar Colombia y el aún bajo empleo de energías renovables, ante la carencia de incentivos reales para que los hogares adopten soluciones solares, o la flexibilidad de trámites para que las empresas puedan invertir en fuentes alternativas.

Ecuador

Crisis energética en Ecuador: qué tan crítico es el nivel actual de Mazar

IVONNE MANTILLA

El fin del toque de queda debe llevar a una revisión de lo obtenido en esta etapa de la lucha contra la criminalidad. Durante su vigencia, la medida permitió la captura de algunos objetivos peligrosos y contribuyó también a reducir los índices de delincuencia común.

Sin embargo, estos esfuerzos deben traducirse en acciones cotidianas de control y vigilancia que perduren en el tiempo, sin bajar la guardia y ampliando su alcance a delitos como las extorsiones, que están devastando la economía a todo nivel.

La ausencia de restricciones horarias exige a las Fuerzas Armadas y a la Policía redoblar su presencia y capacidad operativa en los territorios recuperados, evitando que nuevas estructuras criminales intenten ocupar espacios debilitados.

La seguridad es un proceso continuo, no un logro aislado. Requiere custodia permanente, inteligencia efectiva y cercanía con la ciudadanía. En este contexto, la cooperación internacional, en especial de países aliados, debe ser vista como una oportunidad estratégica. Si su apoyo se traduce en tecnología, capacitación y recursos, será un pilar clave para afianzar la paz interna.

El desafío está en sostener los avances y no permitir retrocesos. Lo alcanzado debe convertirse en una conquista duradera.

Los momentos y los tiempos son tan importantes como los hechos en sí mismos. La filtración de dos informes de Contraloría que hallaron presuntas irregularidades en el patrimonio de dos jueces de la Corte Constitucional hay que analizarla en todo su contexto. Todos los funcionarios públicos están sujetos a auditoría y deben responder con los descargos del caso. Pero ninguno debería estar sujeto al ‘tribunal’ de las redes sociales, donde se pierde el derecho de la presunción de inocencia, y donde un montón de troles asalariados se convierten en jueces y fiscales.

El país está frente al uso sistemático de procesos de control dirigidos al escarnio público y la presión política. Por eso es que los momentos y los tiempos son claves para entender el fondo. No es gratuito y al azar que se filtren estos informes que dan inicio a indagaciones fiscales en un momento en el que la Corte Constitucional tiene en sus manos resoluciones de alto interés político, como el cambio de la fecha de las elecciones seccionales, y el análisis de la legalidad de la designación del fiscal general subrogante.

El contralor tiene que demostrar, más allá de sus palabras, que la institución que encabeza no se ha convertido ya en instrumento de los intereses del poder político.

Si algo deben conocer quienes ejercen el periodismo, es que estarán en constante ataque por parte de quienes ejercen el poder, cualquiera que este sea. Una nueva forma de hacerlo es mezclar el ejercicio de la prensa con el de los creadores de contenidos para las redes sociales, más conocidos como influencers. Un muy respetable oficio, pero que no tiene absolutamente ninguna relación con el servicio de un medio de comunicación.

El deber de la prensa con la sociedad es investigar y develar lo que ese poder quiere ocultar, contar historias, cuestionar y criticar a los gobernantes de turno, construir un espíritu crítico en la sociedad.

La defensa de la prensa libre e independiente se ejerce, desde esta orilla, con un mejor y responsable periodismo todos los días. Nunca claudicando los principios y defendiendo siempre la credibilidad ganada a pulso con trabajo honesto por años.

Pero también es deber de los ciudadanos saber discernir entre aquellos creadores de contenido y el objetivo de su información, frente al servicio de los medios de comunicación en esta sociedad que demanda cada día más información de calidad y verificada.

La defensa es diaria. Cada día se abren nuevos frentes que buscan lesionar la credibilidad. Lo único que queda es seguir trabajando, como todos los días.

Las mafias enquistadas en los sistemas de salud del IESS y del Ministerio de Salud continúan intactas porque mantienen inalterables sus fuentes de financiamiento a través de las compras con sobreprecio de medicinas, insumos y equipamiento. Vale por ello recordar que algunos implicados en temas de terrorismo y narcotráfico están presos por delitos perpetrados en el sector de la salud, y sin embargo esas mafias siguen teniendo el control de los hospitales y de la adquisición de medicamentos y equipos médicos.

El combate al terrorismo declarado por el presidente de la República es solo uno de los tantos frentes que se deben atacar para que retorne la paz al territorio nacional. Tan importante como cortar las fuentes de financiamiento a los grupos criminales es hacer lo mismo con las mafias de la salud, que si bien no asesinan con armas, sí lo hacen indirectamente al dejar a los hospitales sin las herramientas necesarias para atender a los enfermos.

Son tan criminales los integrantes de las bandas que están al servicio del narcotráfico y del terrorismo, como las mafias de la salud y los que se quedaron con los dineros de la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. El ataque del Estado contra las mafias deber ser integral para garantizar la paz y el desarrollo del país.