El impacto de esta medida no puede ni debe minimizarse. Muchos de los productos que ahora gravarían IVA pueden tener algún grado de procesamiento, pero no por ello dejan de ser parte de la alimentación base de los ecuatorianos. El riesgo es sistémico: una contracción en el consumo afecta la demanda, y esa caída se propaga hacia la producción, el comercio y, en última instancia, el empleo.

El Gobierno debe buscar la fórmula para mitigar su impacto. No se trata únicamente de proteger la sostenibilidad de los pequeños emprendimientos, sino de salvaguardar a nichos de consumidores especialmente vulnerables: aquellos que, por condiciones de salud no tienen alternativa y están obligados a adquirir productos como leche deslactosada, leche descremada o edulcorantes, que hoy son más caros.

Los supuestos recortes por la reforma del Cootad, como alega la Alcaldía, no pueden ser tomados como excusa para quitar el apoyo a promotores de actividades clave en estas fechas. Se necesita creatividad, planes y alianzas que logren que el turista vuelva a disfrutar de la ciudad con uno de los patrimonios mejor cuidados del mundo.

El show de Shakira demostró que con grandes eventos, organización y seguridad se puede reactivar el movimiento. Han pasado casi cinco meses y hasta ahora se desconoce una estrategia o plan. Al contrario, se anunció la suspensión de la Feria del Libro y hasta se habla de reducciones para fiestas de Quito. Urgen acciones para evitar que la ciudad se apague.

El Consejo Nacional Electoral decidió cambiar el calendario de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana de febrero del 2027 a noviembre del 2026. Todo esto se da en un contexto en el que la primera oposición al Gobierno Nacional es suspendida y dos organizaciones políticas más entran a un proceso de cancelación. Es inevitable no analizar todo esto en su conjunto, a lo que se suma que la única organización política a la que parece no molestarle el cambio de fecha de votación es precisamente al movimiento gobernante.

No es solo decir que Ecuador vive en democracia, sino demostrarlo con las decisiones. Y las recientes solo demuestran que esta democracia ecuatoriana, muy imperfecta por cierto, solo se debilita más y más.

Sin embargo, estos esfuerzos deben traducirse en acciones cotidianas de control y vigilancia que perduren en el tiempo, sin bajar la guardia y ampliando su alcance a delitos como las extorsiones, que están devastando la economía a todo nivel.

La ausencia de restricciones horarias exige a las Fuerzas Armadas y a la Policía redoblar su presencia y capacidad operativa en los territorios recuperados, evitando que nuevas estructuras criminales intenten ocupar espacios debilitados.

La seguridad es un proceso continuo, no un logro aislado. Requiere custodia permanente, inteligencia efectiva y cercanía con la ciudadanía. En este contexto, la cooperación internacional, en especial de países aliados, debe ser vista como una oportunidad estratégica. Si su apoyo se traduce en tecnología, capacitación y recursos, será un pilar clave para afianzar la paz interna.

El desafío está en sostener los avances y no permitir retrocesos. Lo alcanzado debe convertirse en una conquista duradera.

Seguirse apoyando en el sector empresarial no debería ser la alternativa. Según la Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar a las empresas el acceso a servicios básicos, entre ellos la energía eléctrica. Al incumplir ese mandato, el Gobierno no solo incumple normas, sino que obliga a las empresas a asumir sobrecostos por el uso de combustibles que ya no cuentan con subsidio. Los reembolsos ofrecidos, según han denunciado los propios empresarios, no cubren la totalidad de los gastos. A eso se suma el desgaste de equipos que no fueron diseñados para operar de forma prolongada bajo esas condiciones.

En el país sigue siendo un pendiente el allanar el camino a la inversión que permita una solución estructural en materia de generación eléctrica. Los trámites burocráticos siguen frenando la instalación de energía alternativa, como el uso paneles solares, y la apuesta por fortalecer la red de transmisión continúa siendo insuficiente.

Que el Servicio de Rentas Internas iniciara un investigación tributaria bajo informes que aún no llegan a manos del investigado. Que la Fiscalía abriera una investigación por presunto lavado de activos sin el más mínimo sustento y lógica. Que la Superintendencia de Compañías intervenga la empresa por pedido de un accionista minoritario. Todo llevaría a estimar que esa inspección, por más rutinaria que aparente ser, es una forma más de hostigamiento.

No sorprendería que eventualmente surjan otros intentos disfrazados de legalidad. Pero quedarán en eso, porque ha quedado claro que la verdad y valentía siempre se imponen. Los obstáculos no impedirán que continuemos investigando e informando a la ciudadanía, ejerciendo la libertad de prensa como puntal de la democracia en el Ecuador.

Resulta incomprensible que ante la sofisticación de las bandas delictivas y el riesgo constante de fugas de alto perfil, el control de identidad pueda ser laxo. En el aeropuerto de Guayaquil, la exigencia de la cédula de identidad para acceder a los filtros de seguridad es intermitente, limitándose muchas veces a la revisión del pase de abordar. En Quito, la situación es aún más permisiva: el ingreso depende solo del escaneo automático del pase de abordar, sin ninguna validación humana que confirme quién está detrás de ese boleto.

¿Cómo se garantiza que el pasajero que se embarca en el avión es realmente quien dice ser? En un escenario donde el crimen no escatima recursos, las autoridades y las instituciones responsables del transporte aéreo deben actuar con urgencia. Es hora de revisar protocolos y asegurar que todos los pasajeros sean debidamente identificados antes de abordar.

El intento de eliminar a Unidad Popular y Construye se da en unas circunstancias tan opacas que suena a represalia y hasta advertencia para las aún con vida, por si se atreven a hacerle sombra a alguna que pretende perennizarse en el poder. Y la suspensión de la Revolución Ciudadana fue la antesala de lo que parece ser una estrategia a menos de un año de las elecciones seccionales.

Es verdad que la democracia no se mide por la cantidad de partidos y movimientos políticos. Si fuera así, Ecuador sería una de las democracias más vibrantes del continente y, seguramente, del mundo. Pero la democracia sí se mide por la pluralidad de voces, por la participación política de altura, por la tolerancia al pensamiento contrario, por la calidad de sus partidos políticos y de su Función Electoral. En eso, Ecuador, pierde el año.

La urgencia de arribo de inversiones constituye una realidad que nadie puede contradecir. No obstante, sin ignorar que es indispensable que lleguen recursos externos, no se puede dejar de considerar que la postura de la Corte tal vez no obedece a un activismo intervencionista ni a un afán de obstaculizar la política exterior del Gobierno, sino de un apego estricto a la norma suprema. Así lo evidencia la reciente aprobación del acuerdo con Corea del Sur.

Lo imperativo ahora es buscar la forma de destrabar un acuerdo que promete millonarios beneficios. No suma nada la confrontación, el Ejecutivo debe corregir adoptando otras vías, como el modelo de resolución de controversias entre Estados que funcionó con Corea, descartando así la de los tribunales internacionales.

La seguridad jurídica debe empezar, precisamente, por respetar la ley propia.

¿Cómo comprender este tratamiento desproporcionado para uno y muy laxo -con un destino fatal- para el otro? Solo se entiende si se observa al sistema de rehabilitación social desde la óptica del revanchismo político. No se debe normalizar esta práctica cada vez más común pero, si ya un investigado fue llevado a una cárcel de máxima seguridad, supuestamente para resguardar su vida, usando un informe confidencial, debe garantizársele a su defensa jurídica al menos el acceso sin obstáculos y respetando el secreto profesional. Que sea la justicia, sin ninguna presión política, la que dictamine su resolución y que el alcalde cumpla su sentencia, de ser el caso, o que salga en libertad.

El sistema penitenciario debe tener como eje principal la rehabilitación, no la revancha ni la humillación pública.

No basta con que la Fiscalía y el Gobierno, por separados, anuncien montos o presenten resultados de forma fragmentada. Es indispensable detallar qué parte de lo incautado está en efectivo, cuánto permanece en cuentas bancarias y qué proporción corresponde a bienes muebles e inmuebles. La opacidad, en este contexto, solo alimenta dudas y debilita la confianza pública. Más aún, esos montos resultan insignificantes frente a otras cifras millonarias que ministros de Estado reseñan, asegurando que se han asestado duros golpes a las economías criminales. El Gobierno debe explicar con precisión cómo se llegó a esa cifra y bajo qué criterios se la sostiene.

Los ecuatorianos merecen información verificable que permita evaluar si medidas como los toques de queda han valido la pena. Cuando las respuestas no llegan, el silencio deja de ser prudente y se vuelve, inevitablemente, sospechoso.

Todo el país quiere conocer la verdad sobre el o los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, pero al ritmo que va, lo que quedará al final será un gran signo de interrogación. Nadie quiere eso. Nadie quiere quedarse con ese amargo sabor de boca.

Si aún falta mucho camino por recorrer, la Fiscalía y la justicia está a tiempo de brindarle al país una respuesta seria a la pregunta: ¿quién ordenó asesinar al excandidato presidencial? Y solo hay un camino para ello: que las pruebas hablen por sí solas. Que Fiscalía haga un trabajo prolijo y minucioso; y que los jueces tomen una decisión exclusivamente sobre la base de las evidencias y no por trinos y bulos de las redes sociales. Solo así el país podrá saber la verdad de un caso tan doloroso.

La Constitución creó a cada una por un propósito y este debe ser respetado. El Ejecutivo debe administrar y gobernar, y la Corte debe cumplir su rol de hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico con independencia del poder político.

 Esas son las reglas de esta democracia imperfecta y hay que respetarlas. La Corte Constitucional, con sus virtudes y defectos, sigue siendo el último resquicio de institucionalidad en un país cuyo gobierno demuestra cada vez más ser un acaparador de poder sin límites. Alguien debe ser el freno. Alguien en este país debe respetar la Constitución. Alguien debe, en algún momento, decir no.

La ciudad está asentada en una zona naturalmente inundable, riesgo que no desaparecerá y que deberá ser gestionado eficientemente. Las calles anegadas son producto tanto del desbordamiento del río, como de alcantarillas obstruidas, sistemas de drenaje rebasados y una expansión urbana que ha ignorado límites básicos.

Existe infraestructura orientada a evitar el efecto de desbordamientos y lluvias muy intensas pero su eficacia se ve mermada por mantenimiento deficiente, capacidad insuficiente y obras desconectadas entre sí. A esto se suma la intervención del entorno: menos cobertura vegetal, más superficies impermeables y cauces bloqueados por sedimentos y residuos. Por ello la solución para Babahoyo requiere inversión en drenaje pluvial inteligente, dragados permanentes y, sobre todo, un ordenamiento urbano estricto que prohíba construir en zonas anegables. Reducir el impacto de las inundaciones es viable, pero las autoridades deben pasar del diagnóstico a la gestión efectiva.

En Tumbaco y Cumbayá se reportan construcciones al filo de laderas, contaminación de quebradas y desmanes en los exteriores de locales de diversión, situaciones que generan riesgo para la comunidad y que evidencian que los controles son limitados frente a la expansión de las actividades de una zona en evolución.

El Municipio, a través de la Administración Zonal, efectúa verificaciones y atiende ciertas denuncias, sin embargo, los controles suelen ser insuficientes. Estas limitaciones se observan cuando ocurren las alertas por derrumbes, desbordamientos de quebradas o incidentes violentos que alarman a los residentes y rompen la tranquilidad del valle.

La evolución del sector puede ser vista como una oportunidad para elaborar o actualizar ordenanzas que permitan mantener el equilibrio entre el crecimiento y la habitabilidad; solo así se evitará que Tumbaco y Cumbayá pierdan su atractivo. El desarrollo y el control deben ir de la mano.

Además de hacer patente una gestión ineficiente, este caso devela un entramado técnico donde el Estado asumió costos operativos elevados mientras las ganancias se diluían en paraísos fiscales. Que una institución nacional con la responsabilidad de transportar nuestra mayor riqueza, haya quedado atrapada en cláusulas de renovación automática y tarifas fuera de mercado, evidencia una afectación deliberada a la soberanía financiera.

La Contraloría General del Estado y la Fiscalía tienen hoy el reto de elevar el estándar de la justicia. La impunidad no puede seguir amparando un perjuicio de tan grande magnitud para el país. El Gobierno nacional ha mostrado voluntad para depurar estas estructuras y frenar el desfalco y se espera que la investigación no se detenga en la superficie. El Ecuador no resiste más errores administrativos que favorezcan a intermediarios; la transparencia en el sector hidrocarburífero debe ser una práctica institucional innegociable.

Sin más medios de comunicación que no sean los oficiales, los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan su plan en un entorno donde el relato queda concentrado en una sola voz, lo que no solo reduce la pluralidad, sino que abre espacio a dudas legítimas sobre lo que realmente ocurre.

La otra cara de la moneda es la afectación en el normal desenvolvimiento productivo, comercial y la prestación de servicios, así como la cotidianidad. La logística de industrias y empresas, los horarios de atención en locales de actividad nocturna y hasta de recolección de basura han tenido que ser modificados, generando reducción de ingresos, congestión vehicular, complicaciones en los procesos productivos e incluso consecuencias en la salubridad.

El país espera que el toque de queda resulte una medida que realmente contribuya a mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y valgan la pena todas las complejidades que se están afrontando.

Más allá del debate sobre su eficacia, hay un hecho revelador: el Estado acudió al trabajo de las redacciones para documentar una realidad que exige respuestas. Eso confirma algo esencial. El periodismo narra los hechos, pero además deja registro público de lo que ocurre cuando la violencia rompe la rutina de las ciudades y obliga a reaccionar a las instituciones. 

Ese reconocimiento impone una exigencia. Si la información periodística puede servir como evidencia para decisiones que restringen derechos, su rigor debe ser incuestionable y su independencia, aún más firme. Porque el mismo periodismo citado para justificar una medida extraordinaria es el que debe examinarla: preguntar por sus límites, sus efectos y sus vacíos. En una democracia no hay contradicción en ello. Es la garantía para que el poder, incluso cuando actúa en nombre de la seguridad, permanezca bajo el escrutinio público.

Sin duda es algo que ellos mismos hubieran hecho en contra de su principal rival electoral cuando tuvieron el poder político en la mano. Eso, de ninguna manera, justifica la imposición de una sanción, por más que se la quiera disfrazar de una medida preventiva, sin un proceso legal justo. Están viviendo en carne propia el peso del poder que ellos ejercieron contra sus adversarios en su momento, es verdad, pero a costa de sacrificar la independencia de la justicia electoral que se ha convertido en el brazo ejecutor de las proscripción de los rivales electorales del movimiento político gobernante.

Imponer la ley con la vara del resentimientos y el odio solo trae más resentimiento y más odio. Se convierte en un bucle, hasta que alguien sin esos malos sentimientos llegue al poder y deje de usar a la justicia para sus antojos. ¿Pasará en algún momento? Cuando eso pase, no lo veamos como un bicho raro.

Ecuador no puede quedarse al margen. En un contexto de precios del oro históricamente elevados, las autoridades han reconocido cómo las organizaciones criminales han encontrado en la exportación de este mineral una vía eficaz para lavar dinero. Ante aquello, el Gobierno intentó actuar con la suspensión de la minería en varias provincias del país, pero sin que hasta ahora haya logrado su objetivo. La actividad ilegal, en provincias como Napo, no se ha detenido.

En un tema como este, en que se debe actuar con determinación, las intenciones no bastan. La presencia y el control del Estado deben ser permanentes y con reales consecuencias para quienes violen la ley. La adhesión de Ecuador a esta coalición es un paso necesario, pero hay que actuar en consecuencia. No se puede tomar medidas flexibles y poco estructuradas ante el crimen, peor cuando están en juego la seguridad y la economía, a nivel nacional. Incluso el medio ambiente.