INVERSIÓN EXTRANJERA
Las propuestas de inversión en Argentina superan todo el PIB de Ecuador
Argentina ya aprobó 23 proyectos en su régimen de grandes inversiones, con 30 años de estabilidad; Ecuador ofrece hasta 15 años a los inversionistas

Los proyectos presentados al RIGI argentino suman casi $150.000 millones, más que el PIB de Ecuador en 2025.
LO QUE DEBES SABER
- Argentina recibió 43 propuestas por casi $150.000 millones y aprobó 23, que comprometen $49.000 millones, según el Gobierno de este país.
- Ecuador registró $1.299,2 millones de inversión extranjera directa en 2025, según el BCE, mientras los proyectos argentinos ya ejecutaron $4.700 millones desde 2024.
- El RIGI garantiza 30 años de estabilidad y permite el arbitraje internacional; en Ecuador, los contratos de inversión ofrecen estabilidad por hasta 15 años.
Argentina recibió 43 propuestas por casi $150.000 millones bajo su Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una cifra que supera todo lo que produjo Ecuador en 2025: $130.320,6 millones, según el Banco Central del Ecuador (BCE).
Son montos previstos para varios años, no dinero que ya haya ingresado a Argentina.
Las propuestas se concentran en minería, petróleo y gas, energía e infraestructura, según el portal oficial del régimen.
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¿Cuántos proyectos aprobó Argentina en el RIGI?
De las 43 propuestas, el Gobierno argentino aprobó 23, que comprometen $49.000 millones, según dijo el 31 de julio el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las aprobaciones pasaron de 10 a 23 en cinco meses: el 18 de febrero, Caputo afirmó que había 10 proyectos aprobados por $25.479 millones.
En junio, al lanzar un portal con datos oficiales, el Ministerio de Economía argentino contabilizaba 41 iniciativas por más de $140.000 millones.
¿Cuánto dinero ya se invirtió en los proyectos del RIGI?
El 12 de agosto, ante el Senado argentino, Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería, dijo que los proyectos aprobados ya habían ejecutado $4.700 millones, el 10 % de lo comprometido.
También precisó que esos proyectos contrataron a 1.223 proveedores, 1.095 de ellos nuevos y de 19 provincias, y que el régimen podría generar 200.000 empleos directos e indirectos.
¿Qué representa esa inversión frente a la economía de Ecuador?
Como referencia, Ecuador registró $1.299,2 millones de inversión extranjera directa en 2025, de los cuales $70,1 millones fueron a minas y canteras, según el BCE.
Es un dato de un solo año, mientras que lo ejecutado en Argentina se acumula desde 2024.
El BCE precisó que parte de esa inversión correspondió a operaciones contables, como la capitalización de reservas y las utilidades reinvertidas, que no implican necesariamente un ingreso de divisas al país.
¿Cómo evolucionan las exportaciones de energía en ambos países?
Entre enero y agosto de 2026, Argentina exportó $10.667 millones en combustibles y energía, 48,9 % más que un año antes, y el petróleo crudo fue su principal producto de exportación, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En Ecuador, las exportaciones petroleras sumaron $5.724,1 millones entre enero y julio de 2026, 27,3 % más que un año antes, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes llegaron a $5.372,7 millones, según el BCE.
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En 2025, el petróleo representó el 20,7 % de las exportaciones ecuatorianas, frente al 27,6 % de 2024, de acuerdo con el BCE.
¿Qué garantías ofrece el RIGI a los inversionistas?
El RIGI garantiza a los proyectos, durante 30 años, los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que fija la ley. Si una disputa con el Estado no se resuelve mediante negociación, las empresas pueden acudir a un arbitraje internacional.
En febrero, el Gobierno argentino prorrogó el régimen por un año, por lo que las empresas pueden adherirse hasta el 8 de julio de 2027. También incorporó los nuevos desarrollos de petróleo y gas, con una inversión mínima de $600 millones.
¿Qué ofrece Ecuador a los grandes inversionistas?
En Ecuador, los contratos de inversión ofrecen estabilidad por hasta 15 años, según Pro Ecuador. La Constitución prohíbe firmar tratados que lleven a arbitraje internacional las disputas contractuales o comerciales entre el Estado y privados.
En la consulta popular del 21 de abril de 2024, los votantes rechazaron cambiar esa norma.