Judicatura relega a sus mejores jueces y da prioridad a los del banco de elegibles

Una puntuación de 85,6 sobre 100 colocó a Mabel Tapia Rosero entre los cinco mejores jueces anticorrupción del país. Sin embargo, ese mérito no pesó para la Judicatura.

Tras la supresión de la Unidad Especializada para delitos de corrupción y crimen organizado transnacional, el Consejo de la Judicatura la sacó de su espacio de trabajo y la despojó de su especialidad. El organismo que administra la justicia del país la reasignó como jueza de la Sala Civil.

Dos jueces del banco de elegibles, a titulares

En este proceso de reestructuración, la Judicatura priorizó a abogados que no alcanzaron el puntaje y quedaron en el banco de elegibles, pero que fueron recientemente titularizados. Entre ellos está Paúl Pérez Reina, a quien la fiscal Ruth Amoroso señaló en 2024 como uno de los 20 juristas favorecidos con puntajes en el concurso para la Corte Nacional que impulsó Wilman Terán.

Aunque esa investigación de la propia Fiscalía no prosperó ni probó irregularidades en su contra, Pérez Reina mantuvo vínculos con ese entorno, pues en el caso Pantalla ejerció la defensa de Santiago Cifuentes, exasesor de Terán.

A la tramitación de causas anticorrupción se suma también Leodán Coronel, quien proviene de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas y ratificó en marzo la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Dispersión de los magistrados

Los ajustes del Consejo de la Judicatura no solo alteraron la conformación de las salas de juzgamiento, sino que impactaron en la infraestructura física y los protocolos de protección.

Con acciones administrativas ordenaron el abandono de espacios de alta seguridad diseñados para resguardar la integridad de los magistrados al frente de casos de crimen organizado, que incluyen a miembros de mafias del narcotráfico, casos de terrorismo, lavado y delincuencia organizada.

Con la salida de la Unidad Anticorrupción, juezas como Mabel Tapia perdieron el acceso a la planta física adecuada y financiada por la Embajada de Estados Unidos. Esta área contaba con sistemas de blindaje y control de accesos para mitigar los riesgos latentes del juzgamiento de tramas de corrupción pública. Además de puertas de acceso con control de la Policía Nacional.

La seguridad, sin garantías

Al reinstalar a estos magistrados en juzgados comunes y en zonas peligrosas de Quito y con presencia de bandas organizadas, como Quitumbe, en el extremo sur, o Carcelén y Calderón, en el extremo norte, la Judicatura retiró las garantías logísticas indispensables para el ejercicio de su labor. “Antes no hubo interés en darnos seguridad, pero ahora es peor porque nos ponen en riesgo”, explicó uno de los jueces, quien ha preferido el anonimato.

“La especialización de los jueces en esta materia era un pilar fundamental. Aunque entre jueces ordinarios comparten los mismos parámetros normativos, lo que varían son los enfoques, los requisitos para ser juez y las técnicas investigativas de casos complejos”, dijo Marcela Estrella, penalista.

Subraya la falta de argumentos técnicos para sacar a los jueces de sus oficinas. “Los separas de una unidad y los dispersas. A mí me genera muchas alertas. Ninguna vida humana debe comprometerse de esta manera”, manifestó.

Apoyo. Los jueces especializados de la Unidad Anticorrupción recibieron capacitación y seguridad por parte de la Unión Europea y de la Embajada de EE. UU.

El sustento jurídico es ignorado

La creación de la Unidad Especializada para el juzgamiento de 44 tipos penales vinculados a la corrupción y al crimen organizado transnacional respondió a un marco normativo preciso y a una necesidad de seguridad nacional.

Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, recordó que la Resolución 190-2021 se fundamentó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Ecuador en el año 2000, así como en las competencias del artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El sustento jurídico consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estas disposiciones legales ordenaron la estructura de la especialidad en tres niveles claros: jueces de instrucción para la fase investigativa, tribunales especializados para el juzgamiento de las causas y una Sala Especializada en la Corte Provincial para resolver los recursos de apelación sobre este catálogo de delitos. La norma buscaba blindar las decisiones judiciales ante la infiltración y las amenazas del crimen organizado en las unidades penales ordinarias.

Sin embargo, Murillo advirtió que la reciente supresión de esta especialidad desmantela el mandato legal y deja desprotegida a la administración de justicia penal. El abandono institucional provocó la pérdida del apoyo en capacitación y seguridad por parte de la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea. Con esta decisión, la Judicatura devuelve el conocimiento de causas complejas a despachos expuestos a la coacción de grupos delictivos locales y transnacionales.