ADN arrebata al correísmo la fiscalización por supresión de unidades anticorrupción

En cuestión de horas, la bancada oficialista en la Asamblea cambió de opinión respecto a la supresión de las unidades especializadas anticorrupción. En la mañana, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), aseguró que no veía motivos para dicha fiscalización. En la tarde, uno de sus coidearios planteó la necesidad de hacerlo y ella puso su voto para que una comisión controlada por ADN se haga cargo.

En el Legislativo se ahondó la pugna entre el oficialismo y el correísmo por la decisión del Consejo de la Judicatura. En menos de un día cambió el escenario para ambas bancadas. 

Durante la mañana, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, resolvió iniciar un proceso de fiscalización. Incluso fue convocada la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, pero se excusó y no asistió.

Mientras esto ocurría en el quinto piso de la Asamblea, donde se ubica esa mesa legislativa, en el salón Tránsito Amaguaña, durante un conversatorio con medios de comunicación, la titular de la Asamblea sugería que debían respetarse las competencias de cada función del Estado y que, de ser necesario, deberían adecuarse las reformas legales a lo decidido por la Judicatura.

¿Cuál es el problema con la resolución de la Judicatura?

Lo dicho por Mancheno es clave. La Judicatura decidió la supresión de las unidades especializadas anticorrupción mediante una resolución de esa entidad. Sin embargo, la creación de esas unidades, con jueces especializados, se hizo mediante ley.

Mancheno reconoció ese escenario. Aun así, aseguró que no veía la necesidad de una fiscalización y planteó la posibilidad de únicamente pedir información. También añadió que había que esperar un pronunciamiento de la Judicatura sobre la hoja de ruta tras la decisión.

Una definición en el Pleno

Durante la sesión de este 17 de septiembre de 2026, el asambleísta del oficialismo Xavier Ordóñez planteó un cambio en el orden del día para conocer sobre la resolución de la Judicatura y aprobar el inicio de un proceso de fiscalización.

El asambleísta insistió en que era necesaria toda la información disponible sobre lo que sustentó esa decisión. Mencionó que se deben conocer los informes técnicos y jurídicos, además de explicar cómo la Judicatura tomó esa decisión. Pero entonces planteó que la comisión competente para dicho tema era la de Justicia, controlada por el oficialismo.

Verónica Íñiguez (RC) intentó explicar que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que una mesa legislativa avocó conocimiento, otra comisión no podrá pedir información ni comparecencias sobre el mismo tema.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, dijo que la Asamblea debía defender su institucionalidad. Esto, porque la resolución de la Judicatura implicaba cambios que solo podía hacerlos la Función Legislativa. 

Cuestionó, por ejemplo, que los jueces especializados tenían acción nacional, mientras que los jueces penales tienen una limitación territorial.

Al final, el Pleno adoptó la resolución para que el proceso de fiscalización avance en la Comisión de Justicia, con 85 votos a favor. El correísmo votó en contra y aseguró que mantendría el proceso ya iniciado.