El desvío de millones en bonos del Estado ecuatoriano, en manos de Fiscalía

La irregular transferencia de $ 12,3 millones en bonos estatales reportada en el mercado bursátil en marzo de este año, y que estuvo a punto de perjudicar a la empresa Concesionaria Norte (Conorte S.A.), ha entrado en la cancha de la justicia ordinaria. Es la Fiscalía General del Estado la que deberá investigar la causa e indagar un supuesto delito de apropiación fraudulenta de fondos por medios electrónicos.

La denuncia penal fue presentada por Conorte S.A. el pasado 23 de abril de este año. La firma es dueña de los fondos que, según denunció, fueron traspasados, sin su autorización ni firma formal, desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores Andes Capital, donde se habría creado una subcuenta, con ayuda de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes, para vender, sin su consentimiento, los bonos en el mercado y luego trasladarlos al fondo de inversión Smart-One.

Tal como contó el pasado miércoles EXPRESO, el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) ya emitió una resolución y sanciones sobre el tema. Entre sus medidas inmediatas estuvo cancelar el permiso de operador que Steve Quintana tenía en su calidad de accionista y presidente de Andes Capital, y penalizarlo con una multa de $ 100.738. Una sanción que también se extendió a la casa de valores y a su gerente, María Luisa Mendoza, por presuntamente no haber aplicado los controles internos adecuados.

Este Diario logró hablar ayer con un funcionario de Andes Capital, que prefirió mantener su nombre en el anonimato. La firma, dijo, no niega estas transferencias irregulares a través de sus cuentas, pero alega que todo esto fue producto de un fraude, del cual también fue víctima.

Si bien aún no han presentado una denuncia ante la Fiscalía, no descartan tomar acciones legales más adelante por daños y perjuicios. “Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar la denuncia que ya presentó Conorte para, dentro de este proceso, colaborar en todo lo que se necesite, pero como víctima y como acusador de un proceso penal que ya está en curso. Nosotros no podemos todavía entrar como acusadores particulares y víctimas porque todavía está en investigación, pero cuando ya se abra la instrucción fiscal podremos hacerlo”.

Las primeras muestras de colaboración de la empresa, sostiene, fueron reconocer el problema y devolver, por cuenta propia, el capital y los intereses que reclamaba Conorte, además de separar de sus funciones a Steve Quintana, hoy señalado por Andes Capital como uno de los principales sospechosos. “Es a él a quien se tendrá que investigar... porque él habría usado la plataforma que es la casa de valores para hacer esto, valiéndose de que no solamente es operador, sino que además era presidente, una persona que pudo eludir los controles internos porque él es un responsable del control interno. Creemos que se pudo haber aprovechado de esto, porque la compañía sí cuenta con manuales de políticas internas de cumplimiento y de prevención de infracciones”.

Exoperador dice ser víctima de un fraude informático

EXPRESO pudo contactar vía telefónica a Steve Quintana    para conocer su versión sobre este caso. El hoy señalado, asegura que la “verdad le asiste. Lo que se dijo fue lo que sucedió y está probado documentalmente. Si yo tuviera algo que ver, no estaría aquí. ¿Qué sentido tiene haber desviado 12 millones de dólares para devolverlos? No hay mejor plata que la que uno se puede gastar. Nunca en la vida hemos quitado un centavo a alguien”.

Quintana se refiere a las versiones y pruebas que ha presentado, en su defensa, dentro de este proceso, en el que asegura que la venta e inversión de bonos    se dio en el marco de un fraude informático.

Superintendencia archiva expediente

En un oficio con fecha 21 de mayo, dirigido a la Dirección Nacional de Control de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores de la Superintendencia, Quintana, entonces presidente de Andes Capital, negó que la firma haya actuado de forma dolosa o arbitraria y que, por el contrario, fue víctima de un esquema fraudulento ejecutado por terceros.

Su postura fue presentada dentro de un expediente administrativo solicitado por Conorte, que la Superintendencia de Compañías terminó archivando en junio pasado, debido a que la causa ya se estaba tramitando en la justicia ordinaria.

En dicho expediente, la compañía afirma que la denuncia penal presentada por Conorte expone los hechos de manera “parcial e incompleta”, debido a que la operación cuestionada obedeció a “un sofisticado esquema de fraude informático y notarial documental ejecutado por terceros ajenos a la voluntad institucional” de la casa de valores. Allí se añade que la firma fue    inducida a error mediante comunicaciones electrónicas y documentación que aparentaban ser legítimas. Entre los elementos que expone constan correos electrónicos presuntamente fraudulentos, firmas electrónicas falsas y mecanismos de validación que simulaban autenticidad. “Como operador de mercado de valores no soy perito informático para certificar al instante la falsedad de correos o firmas”, alegó Quintana.

Este Diario espera aún un pronunciamiento del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el rol que cumplió su Depósito Centralizado de Valores (DCV), debido a que los bonos permanecían bajo su custodia. Ayer, el Departamento de Comunicación de esta entidad señaló que el pedido de información y entrevista fue remitido a las áreas técnicas correspondientes y que aún se espera una respuesta.

El DCV, llamado a controlar

El Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024,    prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.