Un millonario desvío de bonos del Estado vuelve a sacudir al mercado bursátil de Ecuador

Una nueva transferencia irregular vuelve a sacar a flote la debilidad de control en el mercado bursátil ecuatoriano. Esta vez, por transferencias no autorizadas (de una casa de valores a otra) y la venta ilegal de bonos del Estado por un valor de $12’399.448,58, que estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).

Las operaciones irregulares se ejecutaron el 25 de marzo de este año y el pasado 3 de septiembre de 2026 el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) resolvió el caso, en el marco de un proceso disciplinario que busca no dejar impune este hecho.

En una resolución de 31 páginas, a la que tuvo acceso EXPRESO, el comité disciplinario de la BVQ da pinceladas de esta nueva trama, cuya principal víctima sería la Concesionaria Norte (Conorte S.A.), propietaria de los $12,3 millones en bonos.

Estos, según se indica, habrían sido trasladados sin consentimiento ni firma formal desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores AndesCapital S.A., donde se habría habilitado una subcuenta sin la debida autorización para venderlos en el mercado y luego trasladarlos a un fondo de inversión administrado SMART-ONE, por reinversión en el mercado de valores , mediante el supuesto uso de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes.

Fue un reclamo de Conorte lo que encendió las alertas e impidió que el dinero siga su curso. Y que además, obligó a AndesCapital a devolver el capital sustraído, más los intereses devengados ($12’684.356,43), el pasado 2 de abril de 2026.

La Fiscalía y la Superintendencia investigan el hecho

El hecho, que según conoció este Diario ya se investiga en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y forjamiento de documentos digitales, motivó también que el comité disciplinario de la BVQ determinara una falta grave de diligencia e inobservancia de normas, que derivaron en una serie de medidas sancionatorias.

Entre las primeras decisiones adoptadas estuvo: 

EXPRESO intentó obtener una versión de representantes de AndesCapital, el BCE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pero hasta el cierre de esta edición aún se esperaba respuesta.

Bonos estatales desaparecen y revive la sombra del Isspol

El episodio recuerda el polémico atraco a los fondos de la Seguridad Social de la Policía (Isspol) en 2020, como resultado de omisiones de control de los dos depósitos centralizados de valores que existen en el país (Decevale y DCV), instancias llamadas a salvaguardar los títulos que se transan en el mercado bursátil.

No obstante, el exsuperintendente de Compañías, Marco López, aclara que la comparación debe hacerse con ciertos matices. En el caso del Isspol, explica, ya quedó comprobado que fueron malos funcionarios quienes utilizaron el Decevale (el depósito de valores de las bolsas de Guayaquil y Quito) como plataforma para desaparecer millonarios recursos de la entidad policial.

En este nuevo caso, dice, las investigaciones no solo deberán detallar el nivel de responsabilidad que tuvieron el operador y las casas de valores, sino también determinar si existieron omisiones de control por parte del DCV, un organismo que, según López, debió cerciorarse de alguna manera de que existió una compraventa entre casas de valores, más aún cuando se trata de montos importantes. “No sabemos si no se hizo, pero el DCV debió certificar y revisar que hubo la transacción”, dijo.

En eso coincide otro experto del mercado, que prefiere mantener su nombre en reserva. Él recuerda que existe un Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024, que prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Por ello, añade, la Superintendencia debería revisar cualquier posible omisión, no solo del Depósito, sino también las eventuales fallas en las que pudo haber incurrido la bolsa en que se transó la operación. Para los expertos, si la transacción llegó a realizarse en bolsa, “se debe saber quién fue el operador, si estaba autorizado, a qué casa de valores pertenece y quién es el representante legal, porque las bolsas de valores son autorreguladoras de las casas de valores. Entonces, la bolsa también debió estar segura de quiénes realizaban la transacción”.

Si realmente se presentó al DCV documentos falsificados y esto nunca pasó por una bolsa de valores, las sanciones impuestas hasta ahora no son suficientes, agrega López.

Este Diario contactó a la bolsa quiteña para pedirle su versión, pero la entidad se excusó, “dado que el Comité de Vigilancia es un órgano en el que no tiene injerencia la administración de la BVQ y que dentro del proceso sancionatorio aún existen algunos puntos que faltan por definir”.

Falla estructural abona al problema

El año pasado, en el mercado bursátil se llegaron a negociar $2.376,7 millones. Eso representó un incremento del 92,5 %.

López recuerda que el Depósito Centralizado de Valores del BCE es quien tiene el monopolio de la custodia y materialización de los bonos, cuyas transacciones se hacen por fuera de las casas de valores, una condición que, dice, agrava la vulnerabilidad del sistema, sobre todo si se tratan de bonos externos. “El Estado nunca ha querido transar bonos en bolsas. No le gusta porque no le conviene la transparencia”.

Para López, el mercado tiene que repensar    el tema de si el Banco Central debe seguir teniendo un depósito centralizado, como    una simple dependencia del Banco Central del Ecuador o buscar la manera de fortalecer los controles.