Unidad Anticorrupción: lo de Mercedes Caicedo ya está superando lo de Mario Godoy

Aquellos que tuvieron la cochina sospecha de que el nombramiento de Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicatura, luego de la salida de Mario Godoy, fue una maniobra para dejar intactas las estructuras mafiosas que montó su predecesor, ahora deben estar diciendo: “Ahí está, yo les dije que nada va a cambiar”. Y la verdad es que no les falta razón.

De la herencia de Mario Godoy a las decisiones de la nueva presidencia

Caicedo está haciendo todo lo necesario para proteger corruptos. Y lo está haciendo con mayor urgencia, eficacia y desenfado que Godoy. Si él golpeó duramente a los jueces anticorrupción, dejando sin protección del narcotráfico al juez Carlos Serrano (por lo que se desató un escándalo que impulsó su salida), Caicedo fue mucho más lejos: eliminó de cuajo la unidad especializada anticorrupción, lo poco que quedaba en la administración de justicia para frenar la corrupción.

Te puede interesar | Mueven a jueces anticorrupción a otras sedes de Quito

El desmantelamiento de los jueces anticorrupción y las decisiones polémicas en la justicia penal

Y si sus actos han sido escandalosos, como por ejemplo la destitución de los tres jueces que levantaron la orden de prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez, aún más escandalosas y estridentes han sido sus últimas apariciones públicas. Su entrevista con Carlos Vera, por ejemplo, ha provocado una ola de indignación que jamás se imaginaron quienes facilitaron una entrevista que, se suponía, iba a limpiar su imagen. Pero esa entrevista fue solo el inicio. Luego vino su decisión de no presentarse en el programa de Andrea Bernal, donde iba a coincidir con algunos abogados penalistas para hablar sobre la supresión de la unidad anticorrupción.

La justificación de seguridad para evitar el debate público

Pero si su decisión de no ir al programa ya fue impresentable y escandalosa, la explicación que puso en sus redes sociales alcanzó niveles insospechados: dijo que no había ido por cambios en el panel que hacían que su vida corriera peligro. “Este cambio incrementaba el riesgo para mi seguridad y para la de las personas que me acompañan, no durante la entrevista, sino también en cualquier rutina posterior”, dijo. Es decir, según ella, la presencia de los abogados invitados era peligrosa. Mejor no hubiera aclarado, porque lo oscureció todo.

Justificaciones contradictorias: Del perfil de los magistrados a la seguridad personal

Pero sin duda, fue la entrevista con Vera la que disparó el acabose de la presidenta del Consejo de la Judicatura en la opinión pública. Caicedo fue a defender su decisión, pero terminó embarrándose más. Su argumento más llamativo fue que los jueces anticorrupción tienen “el mismo perfil” que los jueces penales.

Ruptura de la arquitectura legal y la especialización judicial

El problema, y eso desató el escándalo, es que eso contradice la propia arquitectura legal que creó esa especialidad. Esos jueces fueron seleccionados mediante procedimientos específicos y recibieron capacitación especializada. No eran simplemente jueces penales con otro rótulo. La paradoja es brutal: para fortalecer la justicia anticorrupción, la Judicatura decidió eliminar precisamente la estructura especializada en anticorrupción.

484 causas redistribuidas y suspensión en casos Goleada y Encuentro

Y la decisión del Consejo de la Judicatura presidido por Caicedo empezó dejando una factura incómoda: alrededor de 484 causas deben ser redistribuidas entre más de 50 jueces. Y procesos de enorme interés público, como Goleada y Encuentro, han sufrido problemas de transición y audiencias suspendidas. ¿No es esto quizá una excelente forma de ayudar a quienes han cometido actos de corrupción o que piensan en hacerlo?

Te puede interesar | El Gobierno se impone ante la justicia bajo un régimen de terror

Incoherencias en el discurso oficial sobre la carga procesal y el presupuesto

La explicación que dio en la entrevista sobre los motivos por los que se tomó la decisión también es contradictoria. Primero había dicho que era un problema presupuestario; después, la supuesta sobrecarga procesal; y en la entrevista dijo que, en realidad, no existe una diferencia relevante entre los jueces especializados y los ordinarios.

Hay, además, una coincidencia temporal imposible de ignorar. La Judicatura suspendió a los tres jueces de Goleada que habían revocado las prisiones preventivas de los procesados y, poco después, eliminó la unidad a la que pertenecían.

Consecuencias legales e incertidumbre institucional en la lucha contra el crimen organizado

Y después de esta entrevista quedan demasiadas preguntas abiertas. La principal es la más sencilla: si la especialización anticorrupción era innecesaria, ¿por qué el Estado se tomó el trabajo de crearla por ley?

Beneficios procesales para acusados en casos de corrupción y crimen organizado

La Judicatura dice que su reforma hará más eficiente la persecución de la corrupción. Pero su primera consecuencia ha sido introducir incertidumbre, redistribuir 484 expedientes y suspender actuaciones en varios casos emblemáticos. Eso significa que, objetivamente, los acusados pueden aprovechar las zonas de incertidumbre que la transición está creando: ganar tiempo, cuestionar competencias, pedir aclaraciones, oponerse a cambios de juez y utilizar cualquier irregularidad procesal que aparezca.

Y hay una pregunta todavía más incómoda que quedó de la entrevista: si el sistema anterior estaba diseñado para concentrar conocimiento especializado precisamente en casos de corrupción y crimen organizado, ¿por qué introducir una transición que permite que algunos de esos procesos se frenen justo cuando están avanzando?

Dudas sobre la autonomía institucional de la Presidencia de la Judicatura

La imagen que dejó Caicedo al final de la entrevista fue preocupante: una presidenta de la Judicatura incapaz de explicar con claridad una decisión de enorme trascendencia institucional, que recurrió a argumentos contradictorios y terminó abriendo más preguntas de las que consiguió responder.

Te puede interesar | Judicatura intenta cambiar percepción sobre supresión de unidades anticorrupción

Y cuando una autoridad no logra explicar ni la lógica ni las consecuencias de las decisiones que adopta, inevitablemente surge una pregunta todavía más incómoda: ¿está tomando realmente esas decisiones o simplemente ejecutando órdenes que vienen de otra parte? Porque lo verdaderamente inquietante no es solo que sus argumentos sean débiles. Es la sensación de que ni siquiera ella parece tener claro hasta dónde puede llegar lo que está haciendo.