CONSEJO DE LA JUDICATURA
Fabián Fabara cuestiona reubicación de jueces anticorrupción: pedirá informes de la decisión
El vocal del Consejo de la Judicatura señaló que el Pleno no fue consultado sobre la reubicación de los magistrados de la suprimida Unidad Anticorrupción
Fabián Fabara es vocal del Pleno del Consejo de la Judicatura.
Lo que debes saber
- Fabián Fabara calificó de «inconsulta» la reubicación de jueces anticorrupción a zonas de riesgo.
- El Pleno de la Judicatura pedirá informes técnicos a las áreas administrativas responsables.
- El Estado debe garantizar la seguridad de magistrados mediante la Policía y Ministerio del Interior.
El vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, cuestionó este 16 de septiembre de 2026 la decisión administrativa de reubicar a los magistrados de la suprimida Unidad Anticorrupción en dependencias judiciales situadas en zonas de mayor riesgo. En declaraciones a Teleamazonas, la autoridad judicial aclaró que los vocales respaldaron la fusión de despachos para optimizar causas, pero no participaron ni aprobaron la redistribución física de los operadores de justicia dispuesta por las áreas operativas del organismo en Quito.
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Cuestionamientos a la reubicación de los jueces especializados
Durante una entrevista televisiva con Teleamazonas, Fabara estableció una distinción formal entre la resolución política y legal adoptada por el cuerpo colegiado y la ejecución técnica implementada posteriormente por las dependencias administrativas:
Hay que separar dos resoluciones. La primera, que fusionó las competencias de la antigua Unidad de Combate a la Corrupción y Crimen Organizado (Anticorrupción) con la unidad penal, tribunales penales y sala penal de la Corte Provincial de Pichincha y los jueces de Iñaquito. El otro escenario es cómo las unidades administrativas han aplicado la decisión y de esas el Pleno no ha tenido conocimiento, no ha votado ni aprobado en relación a ellas.
Fabara enfatizó que la asignación física de sedes a los magistrados anticorrupción se resolvió de forma ajena a los vocales:
(No participamos) De la reubicación de quienes perteneciendo a la unidad especializada debían seguir prestando sus funciones en Iñaquito y manteniendo la misma competencia, más la competencia en materia penal.
Frente a esta situación, el vocal remarcó que el traslado constituye una medida «inconsulta», por lo cual el Pleno de la Judicatura exigirá informes técnicos a las direcciones correspondientes para determinar los criterios que motivaron el envío de los magistrados a sectores con mayores niveles de peligro sin autorización previa del Pleno.
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Seguridad y protección a magistrados a cargo del Estado
Respecto a la integridad física de los administradores de justicia, Fabara señaló que es indispensable que el Estado ecuatoriano asegure la protección integral de los jueces, sin importar su lugar de asignación ni la naturaleza de los expedientes que tramiten.
"El Ministerio del Interior, que es el ente, junto a la Policía Nacional, que brinda el servicio de protección a este grupo de jueces y todo aquel que lo requiera, y no solo de la anterior unidad especializada, sino a cualquier juez, fiscal o defensor público que esté en riesgo", dijo.
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura.
Cronología y decisiones clave sobre la Unidad Anticorrupción
El desmontaje de la justicia especializada y la posterior polémica administrativa se resumen en las siguientes medidas:
- 7 de septiembre de 2026: El Consejo de la Judicatura suprime oficialmente las dependencias creadas para procesar delitos de corrupción y crimen organizado, trasladando sus competencias a distintas judicaturas penales ordinarias de Quito.
- Fusión de competencias penales: La resolución inicial transfirió las causas a la unidad penal, a los tribunales penales, a la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha y a los jueces de Iñaquito.
- 16 de septiembre de 2026: El vocal Fabián Fabara denuncia que las áreas administrativas ejecutaron traslados a zonas de mayor riesgo sin conocimiento ni votación de las autoridades del Pleno
- Postura de la Presidencia de la Judicatura: Mercedes Caicedo, titular del organismo, defendió el proceso como una optimización de recursos y argumentó que la unidad original registraba falta de personal, por lo que la redistribución fortalecía la persecución de estos delitos.
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