Mueven a jueces anticorrupción a otras sedes de Quito

Los jueces que integraban la desaparecida Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado ya tienen nuevos destinos dentro del sistema judicial de Quito. La noche del 14 de septiembre, los 19 magistrados que formaban parte de esa estructura recibieron la notificación oficial sobre su reubicación en otras dependencias penales de la capital.

Los traslados forman parte de la reorganización impulsada por el Consejo de la Judicatura tras la aprobación de la Resolución 187-2026, con la que se eliminó el modelo especializado que funcionaba desde 2022 para procesar causas de corrupción y crimen organizado.

Nuevos destinos para los magistrados

Los jueces dejaron las oficinas que ocupaban en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y fueron redistribuidos hacia unidades judiciales ubicadas en sectores como Quitumbe, Calderón y Tumbaco. Según la Judicatura, estas dependencias requerían reforzar su planta de magistrados para atender la carga procesal existente.

Aunque los jueces cambiarán de sede, la entidad sostiene que continuarán conociendo causas relacionadas con corrupción y crimen organizado dentro del nuevo esquema de distribución de competencias.

El fin de la Unidad Anticorrupción

La eliminación de la unidad especializada fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el pasado 7 de septiembre. El organismo argumentó que existía un desequilibrio operativo entre estas dependencias y otras judicaturas penales, que enfrentan una carga de trabajo superior.

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Según cifras expuestas por la Judicatura, durante el último año el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados, mientras otras dependencias penales ordinarias superaban el 100 % de su capacidad operativa.

Con la reestructuración, las competencias que antes estaban concentradas en jueces especializados pasarán a ser compartidas por más de 50 magistrados de distintas unidades penales de Quito y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Debate sobre la especialización

La decisión ha generado opiniones divididas entre operadores de justicia y juristas. Mientras la Judicatura sostiene que la medida permitirá optimizar recursos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema judicial, abogados y analistas han advertido sobre el riesgo de perder la especialización construida para el tratamiento de casos complejos relacionados con corrupción, lavado de activos y delincuencia organizada.

Las críticas también llegaron desde el ámbito internacional. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó preocupación por la eliminación de la unidad especializada y recordó que los Estados deben garantizar condiciones adecuadas para que los tribunales administren justicia de manera efectiva.

¿Qué ocurrirá con las causas en trámite?

La Judicatura ha señalado que los procesos que ya tienen audiencias instaladas, suspendidas o resoluciones pendientes continuarán a cargo de los jueces que los venían tramitando. En cambio, las nuevas causas ingresarán al sistema bajo el modelo de distribución adoptado tras la reestructuración.

La redistribución alcanzará miles de expedientes dentro de la Función Judicial. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 400 procesos que estaban en manos de jueces especializados deberán incorporarse al nuevo modelo de gestión, mientras continúa la discusión sobre el futuro de la justicia especializada en delitos de corrupción y crimen organizado en Ecuador.