"Los jueces anticorrupción no eran superjueces": la explicación de Mercedes Caicedo

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, defendió la decisión de ampliar el número de jueces que conocen casos de corrupción y delincuencia organizada, y rechazó que la medida implique un retroceso en el combate contra estas estructuras criminales.

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Durante una entrevista en el programa Vera a su manera, Caicedo sostuvo que la reforma busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial al aumentar de 19 a cerca de 50 los jueces que podrán tramitar este tipo de causas. Según explicó, la ampliación permitiría reducir el número de audiencias fallidas y agilizar la emisión de resoluciones en procesos considerados complejos.

La funcionaria respondió así a las críticas que advierten que la eliminación del esquema especializado de jueces anticorrupción podría debilitar la persecución de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Caicedo cuestionó además la idea de que los jueces de las unidades anticorrupción tengan un perfil superior al resto de magistrados penales. Afirmó que todos los jueces ingresan mediante concursos públicos de méritos y oposición y cumplen los mismos requisitos profesionales.

“Los jueces anticorrupción no son jueces que tengan una mayor categoría”, señaló. Aunque reconoció que quienes integraron esas unidades recibieron capacitaciones específicas y pasaron procesos de selección especiales, insistió en que el perfil profesional es equivalente al de otros jueces penales.

Más jueces para responder a una mayor carga procesal

La presidenta de la Judicatura argumentó que la reforma responde también a criterios de gestión judicial. Indicó que la unidad especializada registra actualmente 484 causas en trámite, mientras que las unidades penales, tribunales y salas acumulan más de 5.300 expedientes.

A su juicio, concentrar la atención de los delitos de corrupción y delincuencia organizada en un número reducido de magistrados generaba dificultades operativas. 

Como ejemplo mencionó que varios tribunales no lograban instalar audiencias por falta de disponibilidad de jueces. “La capacidad se amplía cuando pasamos de 19 jueces a un número mucho mayor”, afirmó.

No obstante, la funcionaria reconoció que los delitos relacionados con crimen organizado presentan riesgos y complejidades distintas a otros procesos penales. Sin embargo, sostuvo que eso no significa que los jueces penales ordinarios carezcan de las competencias necesarias para conocer estas causas.

Cuestionamientos por casos de corrupción dentro de la unidad

Durante la entrevista también se abordó el caso de dos exintegrantes de la unidad anticorrupción que fueron separados de la Función Judicial y enfrentan procesos penales por presuntos actos de corrupción.

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Consultada sobre cómo esos hechos impactan en la credibilidad de los mecanismos de selección y control aplicados a los jueces especializados, Caicedo evitó pronunciarse sobre responsabilidades individuales y señaló que no puede especular sobre las circunstancias que habrían permitido esos casos.

La funcionaria indicó que ambos exmagistrados fueron desvinculados y sometidos a procesos judiciales, aunque dijo desconocer su situación jurídica actual.

Restricciones presupuestarias influyen en la reorganización

Otro de los argumentos expuestos por Caicedo fue el déficit presupuestario que enfrenta la Función Judicial. Según explicó, para 2027 el organismo requeriría alrededor de 445 millones de dólares, pero la asignación prevista alcanza aproximadamente 362 millones, lo que representaría una brecha de 83 millones.

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Ese escenario, aseguró, dificulta la incorporación de los cerca de 900 jueces que la Judicatura considera necesarios para cubrir la demanda de causas a nivel nacional.

La presidenta explicó que el organismo declaró una necesidad extraordinaria de personal judicial y priorizó la incorporación de 222 jueces temporales. Según dijo, la reorganización de las unidades especializadas forma parte de un análisis técnico que busca mejorar los índices de resolución de causas y optimizar los recursos disponibles.

Pese a los cuestionamientos, Caicedo insistió en que la decisión no responde únicamente a motivos presupuestarios, sino a la búsqueda de mayor eficiencia en la administración de justicia y de una distribución más equilibrada de la carga procesal entre los jueces del país.