Supresión de juzgados anticorrupción en Ecuador genera alerta en la ONU por independencia judicial

La decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado mediante la Resolución 187-2026 encendió las alarmas en la comunidad internacional. 

Este martes 8 de septiembre de 2026, Margaret Satterthwaite, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, expresó su profunda preocupación ante el desmantelamiento de este fuero especializado. 

A través de un pronunciamiento en redes sociales, Satterthwaite advirtió que la medida llega en un escenario crítico para la administración de justicia del país, donde la judicatura ya operaba al 50 % de su capacidad debido a suspensiones previas de jueces y en medio de una declaratoria de emergencia judicial por déficit de juzgadores. 

"Recibo con preocupación la noticia de que la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado... ha sido suprimida, en un momento en que el propio Consejo de la Judicatura ha declarado una emergencia judicial debido a un grave déficit de jueces", manifestó la alta comisionada de la ONU.

Satterthwaite conceptualizó que los estándares internacionales obligan a las naciones a proveer los recursos y la capacidad técnica para garantizar una tutela judicial efectiva. Asimismo, recalcó que cualquier reestructuración o medida disciplinaria contra los operadores de justicia debe velar de manera estricta por el debido proceso, la independencia judicial y la protección frente a injerencias arbitrarias.

Rechazo de Human Rights Watch a la medida

A las alertas de la ONU se sumó el pronunciamiento de Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien cuestionó con dureza la resolución del órgano de gobierno judicial.

"El Consejo de la Judicatura acaba con la unidad de jueces anticorrupción y crimen organizado, creada con apoyo de EE.UU. ¡Nada más contrario a la lucha contra el crimen organizado! Desmantelar estos grupos pasa por fortalecer jueces especializados, independientes y protegidos", sentenció la directiva de HRW.

Tensión entre la visión técnica del Estado y los cuestionamientos

La postura de las organizaciones internacionales se contrapone a los argumentos del Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, quien llegó a ese cargo tras un ilegal bloqueo a la entonces vocal de Presidencia Alexandra Villacís. 

Según el organismo, la supresión de la unidad especializada no responde a un debilitamiento, sino a un plan de reorganización motivado por la baja carga procesal. 

La Judicatura sostiene que la reasignación de competencias hacia las dependencias penales ordinarias de Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha incrementará el número de magistrados disponibles para el despacho de estos delitos, con un aumento de 19 a más de 50 jueces activos a nivel nacional. 

No obstante, sectores jurídicos y organismos como la ONU y HRW observan con recelo la pérdida de una instancia hiperespecializada creada en 2022 para abordar el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco. El debate se mantiene abierto sobre si esta redistribución fortalecerá la celeridad procesal o si, por el contrario, fragilizará el juzgamiento de las estructuras criminales más complejas del país y que tienen decenas de procesados, ya se que tratan de tramas.