Human Rights Watch alerta sobre riesgos en operaciones de Ecuador y Estados Unidos

La cooperación militar y de inteligencia entre Ecuador y Estados Unidos está bajo la lupa de Human Rights Watch (HRW) por la falta de transparencia alrededor de determinadas operaciones y las presuntas violaciones de derechos humanos que la organización asegura haber documentado en el país.

Este viernes 21 de agosto de 2026, durante una entrevista en Contacto Directo, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expuso los principales hallazgos de una investigación de la organización basada en más de 60 entrevistas, documentos médicos, investigación forense, videos e imágenes satelitales.

El análisis comprende al menos cuatro operaciones: una desarrollada en San Martín, en la provincia de Sucumbíos, y otras tres cerca de las costas de Galápagos. Según Goebertus, los casos plantean interrogantes sobre la inteligencia utilizada, el alcance de la participación estadounidense y los mecanismos existentes para investigar posibles abusos.

“Este es un informe basado en más de 60 entrevistas corroboradas con documentos médicos, investigación forense, verificación de videos, imágenes satelitales que nos permite evaluar al menos cuatro operaciones”, explicó.

HRW pone la mirada sobre la operación en San Martín

Uno de los episodios en los que se concentra la investigación ocurrió en San Martín, en el norte de Ecuador y cerca de la frontera con Colombia.

Goebertus sostuvo que tanto autoridades ecuatorianas como estadounidenses han reconocido que se trató de una operación conjunta. Sin embargo, aseguró que todavía existen vacíos respecto de cuál fue exactamente el papel desempeñado por Estados Unidos.

“Sin duda hay opacidad. Sabemos por ambos gobiernos, por ejemplo en el caso de la operación de San Martín (...) que fue una operación conjunta”, señaló.

Según la directora de HRW, durante esa intervención fueron bombardeadas tres propiedades, dos de ellas resultaron incendiadas y cuatro personas fueron detenidas. La organización sostiene que posteriormente estas personas fueron torturadas en una instalación militar ecuatoriana.

“El general Donovan en Estados Unidos dijo que habían observado directamente la implementación de la operación, pero no sabemos exactamente en qué consistió esa colaboración de Estados Unidos”, afirmó Goebertus.

La representante de HRW aseguró que existen elementos que apuntan al uso de recursos estadounidenses, aunque señaló que todavía no se ha determinado con claridad para qué fueron empleados.

“Por la información que tenemos se corrobora que no solo ambos países narraron esto como una operación conjunta, sino que resultó en violaciones a derechos humanos”, sostuvo.

El acceso a información, otro punto cuestionado

Para Goebertus, uno de los problemas para establecer responsabilidades está en el acceso que tienen las instituciones encargadas de investigar estos casos a la información de las operaciones.

La directora aseguró que la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo han reportado dificultades para acceder a documentación en poder del Gobierno.

“Es entendible, por supuesto, que en un contexto de despliegue de operaciones de seguridad haya información reservada, pero esa información no puede ser restringida para quienes están encargados de investigar esos hechos”, enfatizó.

Por ello, planteó que las autoridades responsables de investigar, juzgar y sancionar posibles delitos deben contar con la información necesaria para determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.

Goebertus indicó además que el debate ha llegado a Estados Unidos y aseguró que miembros del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones a su Gobierno sobre estos hechos.

“Hay cartas desde el Congreso de Estados Unidos haciéndole el llamado al Gobierno de Estados Unidos a investigar estos hechos”, manifestó.

La organización también ha mantenido reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Goebertus, el organismo se encuentra estudiando medidas cautelares relacionadas con el caso de San Martín.

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Eran criminales? HRW cuestiona esa premisa

Goebertus reconoció que el deterioro de la seguridad en Ecuador genera una demanda ciudadana por respuestas contundentes contra las organizaciones criminales.

“Por supuesto que la gente tiene derecho a demandar que haya seguridad. El Gobierno ecuatoriano tiene una obligación de protegerles frente a las amenazas del crimen organizado”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que las posibles afectaciones a civiles sean justificadas bajo la premisa de que quienes fueron objeto de las operaciones necesariamente pertenecían a organizaciones delictivas.

Según Goebertus, HRW revisó los antecedentes de las personas involucradas en los casos analizados y no encontró elementos que permitieran concluir que estuvieran vinculadas con el narcotráfico o el crimen organizado.

“No tenemos ningún elemento para pensar que estas personas fueran criminales. No tenían antecedentes penales por narcotráfico ni por crimen organizado”, aseguró.

La directora también se refirió a la propiedad intervenida en San Martín y rechazó que se tratara de un centro de entrenamiento.

“No es cierto que la finca en San Martín fuera un campamento de entrenamiento, era una finca lechera y las otras dos propiedades eran fincas abandonadas”, sostuvo.

Goebertus explicó que HRW contrastó esta afirmación mediante imágenes satelitales, la revisión de las instalaciones de la propiedad y registros relacionados con la compra y venta de productos.

Goebertus habla de “mala inteligencia”

A partir de esos hallazgos, Goebertus planteó uno de sus cuestionamientos más fuertes sobre las operaciones: la posibilidad de que se hayan destinado recursos importantes a intervenciones sustentadas en información de inteligencia incorrecta.

“De mínimo, aquí hay un uso de recursos muy importantes del Gobierno de Estados Unidos y del Gobierno de Ecuador con mala inteligencia, no para combatir al crimen organizado, sino para terminar afectando a población civil”, afirmó.

Para la directora de HRW, combatir al crimen organizado no debería implicar una elección entre garantizar seguridad o respetar los derechos fundamentales.

“Tiene que haber políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos y para eso hay que fortalecer la justicia”, manifestó.

Goebertus también cuestionó las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa frente al sistema judicial y sostuvo que el camino para combatir a las organizaciones criminales debería pasar por fortalecer las capacidades estatales para investigar y llevar los casos ante la justicia.

Los casos de Galápagos y la conexión con la CIA

Además del operativo en Sucumbíos, Human Rights Watch documentó tres casos relacionados con embarcaciones pesqueras ecuatorianas cerca de Galápagos: Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026. 

El Fiorella desapareció con ocho de sus tripulantes, mientras que sobrevivientes de las otras dos embarcaciones denunciaron que fueron atacados con drones armados. HRW registró al menos cuatro tripulantes gravemente heridos.

Durante la entrevista, Juanita Goebertus explicó que estos episodios forman parte de las cuatro operaciones examinadas por la organización. 

Cuando HRW publicó su investigación, indicó que los drones eran de origen desconocido y planteó interrogantes sobre una posible participación o conocimiento de autoridades estadounidenses. Posteriormente, una investigación de The Washington Post vinculó estos episodios con un programa encubierto de la CIA contra el narcotráfico.

Goebertus sostuvo que todavía existen interrogantes sobre las responsabilidades detrás de estas operaciones y señaló que podrían abrirse vías legales fuera del país. “Estos son hechos, en el caso de las embarcaciones, que podrían litigarse también en Estados Unidos y hay exploraciones en ese sentido”, afirmó.

HRW cuestiona dónde se concentran los esfuerzos contra el crimen organizado

Goebertus aclaró que Human Rights Watch no cuestiona la cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y otros países de la región para combatir al crimen organizado. Por el contrario, consideró que podría resultar clave para perseguir las estructuras financieras y logísticas que sostienen a estos grupos.

“Colaborar entre los países de la región para, por ejemplo, investigar conjuntamente, perseguir penalmente lavado de activos, las redes de corrupción, el tráfico de armas, el reclutamiento de menores sería importantísimo y, si Estados Unidos participara allí, bienvenido”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que los esfuerzos actuales estén concentrados en operaciones que, según la investigación de HRW, han presentado problemas en la información de inteligencia utilizada y en el empleo de la fuerza.

“El problema es que eso no es lo que está pasando. Estamos teniendo operaciones con mala inteligencia, mal uso de la fuerza, que resultan en violaciones a derechos humanos y que nada reducen la criminalidad organizada”, afirmó.

La directora de la División de las Américas de HRW también puso la mirada sobre los recursos con los que cuentan las instituciones ecuatorianas para seguir la ruta financiera de las organizaciones criminales.

Según relató durante la entrevista, tras conversaciones mantenidas con funcionarios de la Fiscalía conoció que la unidad especializada en crimen organizado dispondría de un solo analista financiero en materia de lavado de activos para todo Ecuador. Además, afirmó que el país tendría apenas tres fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción.

“Ese no es el diseño institucional si uno quiere ser efectivo contra el crimen organizado”, cuestionó Goebertus.

Su planteamiento apunta a que la cooperación internacional debería reforzar no solo las operaciones de seguridad, sino también las capacidades de investigación financiera, judicialización de redes de corrupción, persecución del lavado de activos y tráfico de armas, áreas que considera fundamentales para atacar la estructura del crimen organizado.