Eliminación de la Unidad Anticorrupción: audiencias se suspenden y causas quedan sin juez

La repentina supresión de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ya tiene consecuencias en procesos de alto impacto social.

Desde el martes 8 de septiembre de 2026, varias audiencias han sido suspendidas o diferidas ante la falta de directrices claras sobre qué juzgados deben asumir los procesos que estaban bajo su competencia.

El primer impacto se registró la mañana del martes 8 de septiembre. Una vinculación a la instrucción fiscal, dentro de una investigación por una supuesta organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de explosivos y municiones desde Perú, fue cancelada.

“(...) No se pudo llevar a cabo, por cuanto en base a la resolución 187-2026, de fecha 07 de septiembre del 2026, se suprime la Unidad Judicial... por cuanto no existe una directriz respecto de las causas”, dice el acta.

La cancelación de la audiencia ocurrió después de que el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó, la noche del 7 de septiembre, la Resolución 187-2026, que dispuso la supresión de la unidad especializada. Y repartió los casos entre jueces de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, la Unidad de Garantías Penales Mariscal Sucre (Flagrancia) y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dependencias que funcionan en Quito.

Más casos se paralizan 

La incertidumbre también llegó a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El 9 de septiembre estaba previsto analizar los pedidos de apelación a la prisión preventiva de los hermanos David y Farid Dieb, procesados por un supuesto lavado de activos (17U05-2026-00078).

El fiscal Darwin Jaramillo advirtió que no existe una disposición clara sobre las causas en trámite y alertó sobre el riesgo de una futura nulidad. El defensor Kleber Riofrío invocó el derecho constitucional a ser juzgado por un juez competente. El tribunal decidió diferir la diligencia hasta tener claridad sobre la competencia.

A este escenario se suma el caso Goleada, proceso penal que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La diligencia no pudo reinstalarse después de que el juez de la causa decidió inhibirse. El magistrado fundamentó su decisión en los cambios de despacho y en la reestructuración de competencias derivados de la Resolución 187-2026. El caso queda así sin un juez definido y con su cronograma de juzgamiento en incertidumbre.

Exjuez Serrano cuestiona el argumento de la carga procesal

El exjuez Carlos Serrano cuestionó la justificación utilizada por la Judicatura para reorganizar la estructura judicial. A su criterio, los informes de carga procesal no muestran la verdadera dimensión del trabajo de los jueces especializados.

El problema, explica, es que las estadísticas cuentan procesos, pero “no reflejan su complejidad”. Una causa de delincuencia organizada puede tener más de 10 o 25 procesados. En las estadísticas aparece como un solo expediente, aunque cada procesado genera actuaciones, audiencias y decisiones.

“¿Cómo dicen que hay un índice bajo de la carga procesal si los abogados se quejan de que las audiencias se señalan hasta los domingos y terminan a altas horas de la noche?”, cuestiona Serrano.

El exmagistrado advierte que los despachos que podrían recibir los procesos tampoco tienen condiciones óptimas. La Sala Penal de Pichincha tiene 11 jueces y enfrenta una situación de carga de trabajo crítica, mientras que la Unidad Judicial Penal de Iñaquito registra alrededor de 643 causas por juez. La Unidad de Flagrancia de La Mariscal tendría alrededor del 75 % de ocupación.

Para Serrano, no existe una explicación coherente ni técnica para trasladar causas complejas hacia despachos que están abarrotados y que tienen jueces no especializados.

“La Unidad Anticorrupción y sus jueces estaban tomando mucha conciencia de la independencia judicial y de la posibilidad de reclamar, por ejemplo, frente a una suspensión injusta. Ya no agachaban la cabeza, como ocurrió en el caso del juez Byron Uzcátegui. Creo que la unidad resultó incómoda y buscaron disolver esos casos entre más jueces, incluso con los que no son especializados”.

Sistema viene debilitado desde 2025

La supresión de la unidad judicial no ocurre de manera aislada. En diciembre de 2025, Diario EXPRESO documentó cambios dentro de la Fiscalía que afectaron a agentes con experiencia en casos de narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.

Uno de los casos más relevantes fue el traslado a la Fiscalía de Machachi de Wilson Toainga, ex fiscal general subrogante y uno de los impulsores de la creación de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).

La reconfiguración también alcanzó a otros fiscales con más de 10 años de experiencia en investigaciones contra organizaciones criminales y cooperación internacional probada. A ellos se los reemplazó por otros fiscales, entre los que se incluyó una agente temporal que investigaba delitos de tránsito.