Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso?

La reorganización de las unidades especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado volvió al centro de atención. En medio del debate por los cambios aprobados por el Consejo de la Judicatura, la institución anunció que impulsará nuevos concursos de méritos y oposición para cubrir cientos de vacantes a escala nacional.

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La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, sostuvo que la reestructuración de las dependencias especializadas no implica la eliminación de las competencias de los jueces anticorrupción, sino una redistribución de la carga laboral dentro del sistema judicial. 

Según explicó, la capacidad de atención de estos casos pasaría de alrededor de 21 jueces especializados a unas 50 autoridades con competencia para conocer procesos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Déficit de jueces

Uno de los principales argumentos del organismo es la falta de personal judicial. De acuerdo con cifras expuestas por Caicedo, inicialmente se identificaron 729 vacantes dentro de la Función Judicial. Sin embargo, al incorporar necesidades en las áreas constitucional, militar y policial, el déficit se acerca a las 900 plazas a nivel nacional.

Como parte de la estrategia para enfrentar este problema, la Judicatura priorizó 222 cargos que serán ocupados progresivamente mediante concursos públicos de méritos y oposición. La medida forma parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria de emergencia en el sistema judicial.

¿Cómo serán los concursos?

Los procesos de selección contemplan etapas de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social, mecanismos que ya constan en las convocatorias publicadas por el Consejo de la Judicatura. Además, los concursos buscan seleccionar tanto a jueces especializados en corrupción y crimen organizado como a jueces y conjueces para distintas instancias de la administración de justicia.

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Según la presidenta de la Judicatura, el primer concurso previsto corresponde a la Corte Nacional de Justicia, un proceso que está pendiente de la conformación de las veedurías ciudadanas requeridas para su desarrollo. La funcionaria recordó que anteriores concursos fueron anulados por irregularidades detectadas en las pruebas de confianza.

El Gobierno judicial sostiene que la redistribución de competencias permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles, mientras que sectores especializados insisten en la necesidad de fortalecer estructuras judiciales con dedicación exclusiva para enfrentar delitos de alto impacto.