Judicatura sostiene que la supresión de la Unidad Anticorrupción es una "optimización" de recursos
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, señaló que la entidad enfrenta un déficit de más de $ 80 millones para 2027
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura.
Lo que debes saber
- Judicatura proyecta un déficit de $83 millones para 2027 y busca optimizar el talento humano.
- Unidad Anticorrupción operaba al 18 % de su capacidad con 484 causas en trámite, según el organismo.
- Resolución 187 garantiza que jueces asignados concluyan las audiencias iniciadas o suspendidas.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, justificó este 10 de septiembre de 2026 la supresión de la Unidad Anticorrupción en Ecuador al explicar, durante una entrevista con el espacio A Primera Plana, que la medida responde principalmente a una limitación financiera y a la necesidad de redistribuir el personal judicial. La titular de la entidad detalló que el organismo afronta un déficit presupuestario de $83 millones para el ejercicio fiscal 2027 y una disparidad en la carga procesal entre dependencias penales.
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Déficit presupuestario de la Función Judicial para 2027
Caicedo expuso que para 2026 el presupuesto asignado alcanzó los $ 362 millones, con una ejecución a septiembre del 62 % enfocada en gasto corriente, respaldada por la Resolución 782-2026. No obstante, las proyecciones institucionales para el siguiente año evidencian un desface financiero que impide nuevas contrataciones.
“Cuando elaboramos el presupuesto para 2027, evidenciamos que se requieren aproximadamente $445 millones. Para preparar el presupuesto del próximo año, solicitamos a todas las direcciones, sobre todo, que detallen sus necesidades. Hacemos los ajustes correspondientes, incluido el requerimiento de talento humano, y determinamos que necesitamos alrededor de $445 millones. Sin embargo, se nos ha informado que el techo presupuestario para el próximo año es de $362 millones. Es decir, tenemos un déficit de $83 millones para 2027”, explicó la funcionaria.
La presidenta enfatizó la situación institucional: “Entendemos que estamos en crisis como Función Judicial. Ya no estamos en la época de las vacas gordas; quizás estamos en vacas flacas. Y si estamos en vacas flacas, debemos optimizar los recursos, pero sin menoscabar la necesidad de la ciudadanía de contar con una justicia efectiva y acceso a la justicia”. Asimismo, precisó que la brecha económica no permite sumar los 700 jueces que el sistema requiere a escala nacional.
Capacidad y disparidad en la carga procesal
De acuerdo con la Judicatura, la reestructuración responde a un plan para reubicar administradores de justicia desde despachos con menor volumen de causas hacia judicaturas saturadas, aplicando un precedente ya ejecutado en Esmeraldas mediante la fusión de una unidad laboral con una civil.
La titular del organismo descartó que la decisión califique negativamente el desempeño de los operadores de justicia: “¿Qué evidenciamos en el caso de la Unidad Anticorrupción? No estamos diciendo que sea una unidad fracasada, jamás hemos dicho eso. Hay jueces probos, valientes y valiosos en esa unidad. Pero tenemos una diferenciación clara”.
Cifras del balance procesal presentado por la Judicatura
- Capacidad utilizada: La Unidad Anticorrupción registra un 18 % de capacidad utilizada respecto a los procesos en trámite.
- Causas en trámite anticorrupción: Mantiene actualmente 484 causas activas.
- Histórico acumulado anticorrupción: Entre 2023 y 2026 sumó cerca de 6.253 expedientes; paralelamente recibió 6.669 causas y 3.698 actos urgentes despachados.
- Causas en unidades penales a modificar: Los juzgados y tribunales penales que recibirán apoyo acumulan 5.742 causas en trámite, superando el 100 % de su capacidad operativa.
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“Si usted tiene una habitación que no utiliza y necesita espacio, mientras en otra habitación tiene a cinco de sus hijos durmiendo, ¿qué tiene que hacer? Sacarlos de ahí y utilizar la habitación que tiene libre, ¿o no? Eso es lo que haría. Estamos haciendo una administración”, argumentó Caicedo.
Caicedo indicó que la Unidad Anticorrupción tiene una baja carga procesal.
Planes de depuración procesal y respuesta ante audiencias fallidas
La titular de la Judicatura indicó que la entidad ejecuta planes de descongestión y depuración orientados a evacuar procesos pendientes de simple trámite mediante resoluciones que no requieren audiencia formal.
Frente a los cuestionamientos y alertas de jueces, fiscales y abogados defensores sobre fallas de instalación de diligencias y presuntas nulidades tras la supresión de la unidad, Caicedo desestimó los reparos e instó a revisar los registros institucionales.
“A mí me llama la atención que se preocupen por las audiencias fallidas de dos días, mientras operativamente el Consejo de la Judicatura pueda dar fluidez. Pero no se preocupan de que, desde 2021 hasta 2026, los jueces anticorrupción han tenido 733 audiencias fallidas. Es muchísimo. Y de las referidas, 418. No deberían entonces preocuparse por nulidades en estas audiencias, porque tenemos nulidades”, manifestó.
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Alcance de la Resolución 187 del Consejo de la Judicatura
- Continuidad de causas instaladas: La disposición transitoria segunda establece que los procesos con audiencias ya instaladas continúan con los mismos jueces asignados originalmente.
- Diligencias suspendidas: Los expedientes cuyas sesiones hayan sido suspendidas permanecerán bajo la competencia de los magistrados que las conocieron hasta su resolución definitiva.
- Fallos pendientes: Las causas que se encuentren a la espera de anunciar decisión, resolución o sentencia formal concluirán con los mismos operadores de las dependencias suprimidas.
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