Abdalá y Jacobo Bucaram son sentenciados a 9 años de cárcel por delincuencia organizada

El Tribunal Penal sentenció este 9 de septiembre a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, tras declararlos culpables en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas COVID-19.

Los Bucaram conocen su sentencia 

Durante la sustentación, los magistrados detallaron los hallazgos periciales que comprobaron la materialidad de la infracción:

Dinero en efectivo: Se cuantificó un total de 313.405 dólares y 385 euros, valores incautados entre un vehículo Ford Explorer y un departamento en el edificio en la vía a Chipipe, en Santa Elena.

Insumos médicos: En un inmueble ubicado en Kennedy Norte se evidenció el acopio de 94 cajas exteriores que contenían miles de unidades, incluyendo 2.646 cajas pequeñas de pruebas rápidas para COVID-19 y mascarillas KN95.

Facilitación operativa: La estructura utilizó credenciales diplomáticas falsas y escoltas de la Agencia de Tránsito que carecían de órdenes institucionales, utilizando motocicletas oficiales para brindar resguardo a traslados privados.

Declaración de la justicia

Tras evaluar la participación de cada procesado, el Tribunal emitió las condenas amparándose en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La justicia declaró a Sheinman Oren y al exagente civil de tránsito Leandro Berrones como autores directos del delito. Ambos recibieron una pena privativa de libertad de 13 años y cuatro meses. Los magistrados concluyeron que Berrones utilizó bienes públicos para facilitar la movilidad territorial de la estructura, mientras que Oren custodió fuertes sumas de dinero y operó bajo apariencias diplomáticas ficticias.

Por su parte, Abdalá Bucaram, quien compareció vía telemática desde una casa de salud portando insumos de oxigenación, y su hijo Jacobo Bucaram, deberán purgar nueve años y cuatro meses de encierro bajo la figura de colaboradores. El fallo determinó que sus gestiones facilitaron las operaciones de la red, abarcando el almacenamiento de insumos y el despliegue de comunicaciones orientadas a proteger a los miembros de la estructura frente a la acción estatal.

Una lectura con retrasos

La lectura de la resolución judicial, que marca el cierre de la etapa de juzgamiento, enfrentó múltiples dilaciones operativas antes de concretarse. Aunque la diligencia se instaló a las 17:10, la defensa del exmandatario intentó suspenderla mediante una recusación contra el juez ponente Cervantes. El Tribunal desestimó el recurso amparándose en el artículo 25 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), argumentando la falta de notificación formal en los correos institucionales.

Superado el incidente legal, el proceso se interrumpió nuevamente por problemas de conexión de Carolina Cruz, perito traductora asignada al ciudadano israelí Sheinman Oren. La especialista intentó participar vía telemática mientras conducía un vehículo fuera de Quito, provocando inestabilidad en la transmisión e indefensión técnica para el procesado extranjero. Ante la persistencia de las fallas, a las 18:50, Cervantes dispuso la activación del Escuadrón de Búsqueda de la Policía Nacional para localizar a la funcionaria, trasladarla de manera presencial al Complejo Judicial Norte y proveerle equipos informáticos.

Con la traductora instalada en la sala, la sesión se reinstaló a las 20:04. El Tribunal ejecutó una lectura pausada para garantizar la traducción simultánea, desglosando los elementos probatorios que confirmaron la existencia de una estructura delictiva operativa entre marzo y agosto de 2020.