Judicatura intenta cambiar percepción sobre supresión de unidades anticorrupción

El Consejo de la Judicatura busca modificar la percepción que ha generado la supresión de tres dependencias especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. A través de un comunicado, el organismo sostiene que la Resolución 187-2026 no elimina esta capacidad y que, por el contrario, permitirá ampliar la respuesta de la justicia penal.

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El argumento oficial busca despejar las dudas

La institución asegura que la reestructuración responde al déficit de jueces y a la carga procesal existente. Según la Judicatura, con el cambio se pasará de 19 a "más de 50 jueces penales capacitados y habilitados" para conocer este tipo de causas.

Con este argumento, el Consejo intenta marcar distancia de las críticas que apuntan a un debilitamiento de la justicia especializada. La entidad afirma que "la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se mantiene firme" y que continuará trabajando con cooperación internacional y aliados estratégicos.

Sin embargo, las explicaciones no han despejado los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores y que han sido expuestos en X. Para Andrés Obando, analista político, existe "un enorme problema de comunicación" en la forma en que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha explicado la medida.

Obando sostiene que los argumentos oficiales han variado durante los últimos días. "Primero era un tema presupuestario, después fue el número de causas y ahora es el perfil de los jueces", señaló, por lo que considera que "todavía no queda clara la motivación de la decisión".

A esta crítica se suma la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, quien cuestiona que se presente la redistribución de causas como una garantía de continuidad de la especialización. La legisladora recuerda que las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) de 2020 establecieron competencias específicas para conocer delitos de corrupción y crimen organizado.

Veloz enfatiza que estas dependencias no surgieron únicamente por una decisión administrativa del Consejo. "No se trata de una categoría superior, sino de una competencia especializada creada por ley", sostuvo, al advertir que una resolución administrativa no puede, a su criterio, dejar sin efecto ese mandato legal.

Además, la asambleísta recuerda que el propio Consejo creó las unidades y tribunales mediante la Resolución 190-2021. También señala que posteriormente se realizó un concurso específico, mediante la Resolución 218-2021, que incluyó una prueba de confianza con expertos vinculados a la lucha contra la corrupción.

Por ello, Veloz cuestiona el argumento de que los jueces especializados tienen un perfil equivalente al de otros magistrados penales. "Si hoy el perfil era equivalente, habría que explicarle al país por qué se destinaron recursos públicos a un concurso diferenciado", manifestó.

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Cuestionamientos al alcance de la resolución

Desde el ámbito jurídico también existen reparos sobre el mecanismo utilizado para ejecutar la reestructuración. André Benavides, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, sostiene que la supresión "prácticamente vació el contenido" de las reformas al COFJ aprobadas en 2020.

Benavides considera que, si la intención era eliminar las dependencias especializadas, el procedimiento adecuado habría sido otro. "Si querían eliminar estas dependencias judiciales mejor presentaban un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y no aprobaban una resolución que es una reforma encubierta del COFJ", cuestionó.

Mientras tanto, Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, recuerda que la unidad especializada fue creada, entre otros objetivos, para brindar mayor protección a los magistrados, fortalecer la especialización y mejorar la respuesta frente a estructuras de corrupción y delincuencia organizada. "La afirmación que los casos serán repartidos a 50 jueces mejorando la atención no es suficiente", sostuvo.

El dirigente gremial plantea, además, que el argumento de la carga procesal debería ser explicado con mayor profundidad. "Bajo ese parámetro se puede también repartir los casos en más jueces de Guayaquil y Cuenca", señaló.

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El costo de desmontar la especialización

En esa misma línea, Pablo Encalada, abogado penalista y exfiscal de Pichincha, califica la decisión como "un retroceso histórico". El jurista recuerda que la estructura especializada fue concebida como una respuesta estatal frente al crecimiento de la criminalidad y para procesar casos complejos con competencia nacional.

Encalada destaca que su implementación involucró a distintas instituciones y recibió apoyo internacional. Según explica, el proyecto contó con participación de la Asamblea, recursos del Ejecutivo, concursos de la Función Judicial y cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por ello, el abogado considera que la eliminación de estas dependencias no solo afecta la especialización, sino que también desaprovecha años de inversión institucional. "Años de inversión en capacitación técnica, blindaje de infraestructura y programas de fortalecimiento institucional terminan, de golpe, arrojados al tacho de la basura", cuestionó.