El Gobierno se impone ante la justicia bajo un régimen de terror

Si se cree que la peor pesadilla es tener un sistema de justicia donde jueces y abogados obedecen órdenes de los políticos en el poder es porque se desconoce un sistema aún peor: el de los jueces y tribunales que actúan por miedo. Es decir, fallan dándole razón al poder no porque hayan recibido órdenes expresas, sino por miedo a contradecir la voluntad del gobierno en los casos políticamente sensibles. ¿Y miedo a qué? A ser castigados, despedidos o desprestigiados. Pues bien, esa pesadilla es la que está viviendo el Ecuador.

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Lo dice el informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) sobre el hostigamiento a jueces y abogados, que habla de un “patrón sistemático” de hostigamiento y persecución que se desencadena cuando jueces y abogados intervienen en procesos de alto impacto político.

Porque cuando un juez ve que sus colegas son denunciados penalmente, investigados, suspendidos o amenazados con la destitución después de dictar una resolución contraria a los intereses del poder político, aprende una lección. No necesita recibir una llamada. No necesita que alguien le diga qué sentencia debe firmar. El mensaje ya está allí.

El caso Goleada y las sanciones contra jueces

El caso Goleada es un ejemplo brutal. Los jueces Byron Uzcátegui, Wiler Chóez y Silvana Velasco revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros procesados, porque consideraron que no existían elementos de convicción suficientes. Después llegaron las denuncias por prevaricato, las recusaciones promovidas por el fiscal general y el proceso administrativo por supuesto “error inexcusable”. En julio fueron suspendidos 90 días sin sueldo y en septiembre la Dirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomendó su destitución.

Pero el caso tiene un episodio todavía más perturbador. El conjuez nacional Javier de la Cadena emitió un voto salvado en el que sostuvo que los jueces no habían cometido infracción alguna al revisar y levantar la prisión preventiva. Trece días después, el Consejo de la Judicatura terminó su designación temporal en la Corte Nacional y ordenó su regreso a la Corte Provincial de Imbabura.

¿Hace falta decirles algo a los demás jueces después de eso? No, porque aquí hay un mensaje clarísimo: fallas en contra de mis intereses y estás tostado.

Un mensaje explícito desde el Ejecutivo

Pero hay un caso que el informe encuentra aún más explícito, porque el mensaje dejó de ser implícito y fue pronunciado por un ministro del Gobierno. En julio, la Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de tres jueces nacionales, investigados por presunto cohecho. La investigación se originó, según el informe, en el testimonio de un exfuncionario judicial condenado por corrupción que dijo haber conocido de un supuesto pago a cambio de una sentencia.

Horas después, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo algo que debería provocar escalofríos en cualquier democracia: “No son intocables. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”.

El problema no es solamente la investigación contra esos tres jueces. Una investigación por corrupción puede ser perfectamente legítima y necesaria. Lo verdaderamente grave es que un alto funcionario del Ejecutivo haya explicado los allanamientos en términos de un mensaje dirigido al resto de jueces: hay que “enderezarse” y “corregirse” o terminarán presos.

El propio ODJ considera que esa declaración tiene un inequívoco objetivo intimidatorio y disciplinador sobre los operadores de justicia que conocen casos de interés político.

El caso de la jueza Daniela Ayala

Y el patrón no termina allí. Está el caso de la jueza Daniela Ayala, quien en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio dictó prisión preventiva contra Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, pero no contra José Serrano y Xavier Jordán, porque consideró que la Fiscalía no había demostrado de manera suficiente la necesidad de esa medida.

La jueza incluso cuestionó durante la audiencia deficiencias técnicas de la Fiscalía. ¿Qué pasó luego? El 21 de mayo de 2026 se destituyó a la jueza Ayala.

La presión también alcanza a los abogados

El régimen de terror no es únicamente con jueces, sino también con los abogados. Existe una tendencia de hostigamiento contra abogados que patrocinan casos de alto perfil político o que hacen críticas públicas sobre el sistema de justicia. Las formas de presión van, según ODJ, desde amenazas de investigaciones por lavado de activos hasta acoso tributario.

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El abogado Eduardo Carmigniani es uno de los casos más llamativos. ODJ sostiene que desde 2025 Gráficos Nacionales (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA, ha enfrentado acciones coordinadas de distintas instituciones estatales, entre ellas Fiscalía y Superintendencia de Compañías, que habrían buscado obtener una participación accionaria de la empresa y alterar la línea editorial de sus publicaciones.

Carmigniani, además, fue condenado en agosto a seis meses de prisión por calumnia y posteriormente sentenciado por complicidad en un caso de cohecho relacionado con Sinohydro.

El otro caso es el de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en los procesos Triple A, Goleada y Grillete. En julio fue notificado del inicio de una investigación fiscal por presunta obstrucción a la justicia, a raíz de publicaciones que había hecho en X sobre el avance de los procesos contra su cliente.

Un mensaje que, según el informe, trasciende los casos individuales

El mensaje es contundente: juez que falla contra el poder, juez investigado; juez que defiende al colega sancionado, juez apartado; abogado que defiende al adversario político, abogado investigado; abogado que critica al sistema, abogado perseguido.

¿Hace falta una orden presidencial para controlar una Función Judicial en esas condiciones? Probablemente no.