Exjuez Ángel Tapia es condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias

El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas declaró culpable al exjuez de Garantías Penales, Ángel Enrique Tapia Vélez, por el delito de tráfico de influencias y le impuso una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y el pago de 10.000 dólares como reparación integral.

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La sentencia se sustentó en las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General del Estado durante el juicio, desarrollado entre el 17 y el 24 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada por mayoría por el tribunal que conoció la causa.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada en febrero de este año por una funcionaria judicial, quien alertó que el entonces magistrado habría intentado gestionar verbalmente la sustitución de las medidas cautelares de dos personas que permanecían en prisión preventiva por los delitos de robo agravado y secuestro, según la Fiscalía.

Como parte de la investigación, la Fiscalía obtuvo órdenes de detención y allanamiento para la vivienda y la oficina del juez, ubicada en la Unidad Judicial Florida Norte.

El operativo se ejecutó el 13 de marzo en el norte de Guayaquil, donde Tapia fue aprehendido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes.

El Ministerio Público indicó que, durante el juicio, el fiscal provincial Emilio Izquierdo presentó quince testimonios de investigadores, peritos y funcionarios de la Judicatura y de la propia Fiscalía.

A ello se sumaron informes de informática forense, análisis de dispositivos móviles, estudios de emisiones lingüísticas, fotogramas y la documentación relacionada con la cadena de custodia de los indicios recopilados.

Juez concedió un hábeas corpus a favor de alias Odín

La condena se suma al historial de controversias que ya rodeaba al exjuez. Antes de su detención, Tapia Vélez había sido cuestionado por conceder un hábeas corpus que permitió la liberación de Danny William Naula González, alias Odín, señalado por el Ministerio del Interior como un actor vinculado a estructuras de delincuencia organizada.

Esa resolución fue posteriormente revocada por una sala de la Corte Provincial del Guayas, que determinó que el juez actuó sin competencia y detectó varias irregularidades procesales, entre ellas la omisión de entidades estatales en la audiencia y el incumplimiento de requisitos establecidos para este tipo de acciones constitucionales.

A raíz de ese caso, el Consejo de la Judicatura también había iniciado un proceso disciplinario y ordenado su suspensión preventiva mientras se tramitaba el sumario administrativo.