Caso Goleada y otros procesos: las alertas sobre la independencia judicial en Ecuador

La independencia judicial en Ecuador muestra nuevas señales de alerta. Entre enero y septiembre de 2026, las acciones de intimidación y hostigamiento contra jueces y abogados se han intensificado, especialmente en procesos de alto interés político, según el Informe Alerta en la justicia: Riesgos para la independencia de jueces y abogados, elaborado por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ).

En el documento se advierte sobre un escenario marcado por la estigmatización de operadores de justicia desde altas autoridades, así como por cuestionamientos a la legitimidad, imparcialidad y carácter provisional de quienes ocupan cargos en las instituciones judiciales.

Uno de los casos analizados es el de los jueces Byron Uzcátegui, Wiler Choez y Silvana Velasco, quienes revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otros procesados en el denominado Caso Goleada. 

Los tres fueron suspendidos durante 90 días sin remuneración por el Consejo de la Judicatura y, en septiembre, la Dirección de Control Disciplinario recomendó su destitución.

Preocupación sobre casos de la Corte Nacional y Fiscalía

El informe también recoge el caso del conjuez Javier De La Cadena, quien emitió un voto salvado contra la declaratoria de error inexcusable de los magistrados. Trece días después, terminó su designación temporal en la Corte Nacional, pese a que persistía la falta de jueces titulares.

Otro episodio ocurrió en julio, cuando la Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de los jueces nacionales Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco por una investigación por presunto cohecho. 

Las declaraciones posteriores del ministro del Interior, John Reimberg, son señaladas por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) como parte de un clima intimidatorio.

El informe incluye además el caso de la jueza Daniela Ayala, destituida después de varias actuaciones disciplinarias relacionadas con una audiencia por el asesinato de Fernando Villavicencio.

La alerta alcanza también a los abogados. El ODJ, dirigido por la abogada y catedrática María Dolores Miño, menciona los casos de Eduardo Carmigniani y Ramiro García, quienes han enfrentado procesos e investigaciones mientras intervenían en asuntos de alta relevancia política. El patrón descrito plantea una pregunta central: hasta dónde pueden ejercer jueces y abogados con independencia cuando sus decisiones incomodan al poder.