Publicidad exterior en Quito queda en la informalidad en medio de disputa legal
El Municipio terminó el contrato con la empresa encargada del manejo de los soportes publicitarios
A casi un año de la suspensión de la publicidad en mupis (soportes publicitarios), estas estructuras pasaron de ser espacios regulados a superficies sin control, ocupadas por afiches, grafitis y evidentes señales de deterioro.
Te invitamos a leer: Quito enfrenta auge de construcciones informales y débil control, alertan gremios
En total, 425 estructuras quedaron fuera de operación luego de que el Municipio terminó el contrato con la empresa encargada de su manejo. La ruptura se sustentó en una serie de incumplimientos acumulados desde 2018, entre ellos deudas millonarias y falta de mantenimiento, según la información oficial.
En ese año, los mupis se levantaron en aceras y cerca a paradas de buses. Sin embargo, tras la finalización del acuerdo, en mayo de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) colocó plástico negro y un sello rojo de suspensión en cada una.
Con el paso de los meses, ese material se desprendió y en la actualidad funcionan como carteleras improvisadas.
EXPRESO realizó un recorrido por varios sectores de la capital y evidenció un patrón en común: afiches superpuestos de conciertos, eventos y servicios, anuncios pequeños pegados sin orden, estructuras rotas y grafitis por doquier.
Ivonne Espinosa trabaja en la avenida Naciones Unidas, en el norte, y es testigo de cómo estos soportes han cambiado. “Se ven sucios, descuidados. Dan una mala imagen al sector”, comenta, señalando uno de los mupis cubierto de carteles y con partes deterioradas.
¿Por qué el Municipio terminó el contrato?
El origen del problema se remonta a la terminación unilateral del contrato por parte del Municipio, tras determinar que la empresa no cumplió con sus obligaciones. Según los informes técnicos del Cabildo, debía pagar alrededor de $ 1,2 millones anuales por el uso del espacio por publicidad, pero solo se entregó $ 104.809. A eso se suman multas por fallas en mantenimiento y otras irregularidades que elevaron la deuda total a $ 76 millones.
También se detectaron modificaciones en las estructuras sin autorización, como cambios en sus dimensiones, y la falta de renovación de garantías contractuales, elemento que permitió dar por terminado el acuerdo.
La AMC también impuso una multa de $ 470 por cada mupi debido a que la compañía se quedó sin el habilitante para usar el espacio público.
Así, el cierre del contrato abrió otro frente: un proceso judicial que sigue en marcha y que mantiene en incertidumbre el destino de estas estructuras. Mientras no se resuelva si pasan o no a manos del Municipio, las autoridades enfrentan limitaciones para sancionar el uso indebido.
Limitaciones en el control
“Están en un limbo”, resume el director de la AMC, Gustavo Chiriboga. Sin un responsable directo al que atribuir el uso del espacio, la respuesta se ha limitado, por ahora, a operativos de limpieza y retiro de publicidad no autorizada.
En lo que va de 2026, se han quitado más de 3.100 elementos publicitarios irregulares, que se suman a casi 17.000 de 2025. Estas tareas se realizan con infractores que optan por trabajo comunitario como forma de cumplir sanciones.
Pero el problema va más allá de retirar carteles. Detrás de cada anuncio hay marcas, eventos o servicios que buscan visibilidad, aprovechando un vacío de control. Por ello, la AMC ha empezado a identificar a los responsables de esa publicidad para, eventualmente, iniciar los procesos de notificación.
Mientras, las estructuras siguen expuestas y algunas empresas y particulares continúan utilizándolas como plataformas gratuitas, sin regulación ni pago alguno por el uso del espacio.
EXPRESO solicitó una entrevista con la Procuraduría del Municipio para conocer cómo avanza el proceso judicial con la empresa, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
