Para Rosita Nerón, el 2017 empezó mal. Las ventas de su bazar en La Pradera, que venían en picada desde el año anterior, se agravaron, pero decidió persistir. Había una luz al final del túnel: la apertura del Metro.

“Pensábamos que cuando al fin abriera, recuperaríamos las ventas que perdimos mientras estaban construyendo. Aquí cerraron unos diez negocios porque no se podía parquear o pasar”, reflexionó.

Pero la fecha de apertura continuó atrasándose y se vio obligada a cerrar. “Me quedé con deudas que todavía estoy pagando”, explicó.

No es la única. Propietarios de locales frenteros y adyacentes a la construcción de las estaciones del sistema de transporte han empezado acciones para exigir compensaciones por las pérdidas de sus ingresos, y en el caso de compañías como Charlestong, el pago de expropiaciones que hasta ahora no han sido canceladas.

La afectación a los comercios locales sí fue contemplada por la Empresa Metro de Quito desde antes de la construcción a través de estudios elaborados con organismos multilaterales y consultoras locales.

Según un estudio de impacto social y económico del Metro de Quito, elaborado por la empresa Ekos, previo a la implementación del trazado, al menos 102 locales comerciales estaban en la zona de afectación de la construcción de quince estaciones.

Una serie de encuestas en ese momento determinaron que, si bien el 93 % de los propietarios estaban de acuerdo con el servicio, 78,8 % afirmaron que sus ingresos se verían afectados, producto de los cierres por la construcción.

Tuvieron razón, principalmente en los alrededores de las estaciones de las avenidas Morán Valverde, La Pradera, Universidad Central y La Alameda, donde se registra el mayor índice de cierres y quiebras.

El informe indicaba que, entre las opciones para paliar las pérdidas, los propietarios de locales comerciales y pymes veían “mantener a clientes fijos, ser pacientes, buscar un modo alterno de trabajo mientras duren las obras, abrir nuevas entradas a los clientes y crear nuevas rutas para ingresar los productos”. Pero no fue suficiente. Así lo explica Andrés Colmenares, propietario de un inmueble en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador.

“Se caotizó el tráfico, y por el polvo y movimiento de tierra, los clientes dejaron de venir. Le alquilábamos a un restaurante que cerró, luego a una papelería, que también cerró. Está desocupado desde octubre de 2019, y pese a que bajamos el alquiler, nadie llama”.

Por ahora, entre los establecimientos afectados y la empresa Metro de Quito, se ha anunciado un proceso de arbitraje con la Procuraduría General del Estado como intermediara.

Según la entidad, la afectación de los comercios se determinará a través de una valoración de pérdidas producto de cierres de vía o zona. Se tomarán en cuenta, no obstante, negocios frentistas o que se encuentren a menos de 100 metros de las obras, lo que significa que no todos los reclamos interpuestos (al menos 50), serán considerados.

¿Cuántos podrían recibir compensaciones? No se sabe, pues la entidad no ha develado los nombres de los posibles afectados ni los montos de reparación, y no los hará hasta que inicie la socialización de la iniciativa y los pagos.

Se conoce, sin embargo, que al menos cinco establecimientos han sido considerados por afectaciones directas.

“Sabemos que hay negocios que ya han sido tomados en cuenta, pero pedimos que las compensaciones sean justas con nosotros, porque no solo fuimos perjudicados, sino que debemos pagar atrasos en préstamos que sacamos para adquirir mercadería”, dijo Nerón.

No es el único caso que la empresa busca solucionar en los meses previos a la apertura del sistema de transporte.

A la par del tema de las compensaciones, también buscan solucionar el pedido de indemnización solicitado por cerca de 400 moradores de Solanda, en el sur de Quito, que indican que la construcción del mismo cuarteó y afectó la estructura de sus viviendas.

Al igual que en el primer caso el Metro de Quito señaló a EXPRESO que “se realizó un estudio técnico que establezcan las causas que originaron los daños (...) y un peritaje de ajustador de seguros, cuyos resultados son preliminares y no determinan responsabilidades”.

Los dos casos terminarán en manos del directorio del Metro y del Concejo Metropolitano, que recibirá los informes técnicos de la entidad. 

Un museo sin fecha de apertura

En 2016, tras que se hallaran numerosos vestigios arqueológicos a la altura del convento de San Francisco, donde se construía una estación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural determinó que la empresa Metro de Quito debía concretar una propuesta de museo, manejada por la entidad, donde estos se exhibieran.

Al año siguiente, la entidad municipal informó que la propuesta registraba ya un avance y que los estudios de soporte teórico y de guion museológico estaban en análisis definitivo. La idea, explicó en su momento la empresa, era que los vestigios se exhibieran dentro de la estación. Pero cuatro años después, la propuesta aún no se concreta.

La entidad indicó a este Diario que “a la fecha el Metro de Quito está definiendo la hoja de ruta que conllevará a la implementación de la puesta en valor de los hallazgos arqueológicos”, y que cuando se haga, el montaje museal tendrá cuatro temáticas.