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Incremento del pasaje en Quito: Comisión tendrá listo el primer informe en ocho días
La próxima semana estará listo el documento para el primer debate en el Concejo. Se cuestiona que no se cambie el modelo de gestión

El esquema de cobro por pasajero actual es considerado un factor que incide en la mala calidad del servicio.
Lo que debes saber
- El proyecto de ordenanza plantea subir el pasaje a 40 centavos y entregar $20 millones en compensaciones a los transportistas
- La Comisión de Movilidad procesa las observaciones de los concejales y quienes han participado en la silla vacía
- Transportistas cuestionan la tarifa técnica planteada por el Municipio y piden cambiar el modelo de pago por pasajero hacia uno por servicio
El informe para el primer debate del proyecto de ordenanza que plantea el incremento del pasaje del transporte público en Quito y un esquema de compensaciones económicas para los operadores estará listo en un plazo de ocho días, según el presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Diego Garrido.
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El edil aseguró que por ahora se están recogiendo las observaciones realizadas por concejales y representantes de la ciudadanía que participan mediante la figura de silla vacía.
La propuesta, presentada por el alcalde Pabel Muñoz, contempla elevar la tarifa del transporte urbano de 35 a 40 centavos desde enero de 2027 y establecer un fondo de compensación de más de $20 millones para los transportistas, equivalente a alrededor de $1.000 mensuales por unidad durante ocho meses.
Garrido explicó que la Comisión ha desarrollado cuatro mesas de trabajo y prevé realizar al menos dos adicionales antes de concluir el informe. “Estamos cerca de tener el informe para primer debate de la ordenanza. En ocho días estará listo”, señaló a EXPRESO.
Cuestionamientos por la tarifa técnica
El proceso de debate ha estado marcado por cuestionamientos sobre la metodología utilizada para establecer la tarifa de 40 centavos y las condiciones bajo las cuales se entregarán los recursos a los operadores.
En la penúltima mesa de trabajo, los concejales Cristina López y Ángel Vega solicitaron a la Secretaría de Movilidad remitir la información técnica que respalda el proyecto.
El secretario de Movilidad, Álex Pérez, defendió el modelo empleado para establecer la tarifa técnica. Explicó que se trata de la metodología aprobada en la Ordenanza 017-2020, la cual incorpora todos los costos de operación del sistema, entre ellos personal, mantenimiento, combustible, salarios, tecnología, recaudo e ingresos, además del promedio diario de pasajeros transportados por cada unidad.
Sin embargo, desde el sector transportista surgieron reparos. Édison Yánez, quien intervino en la silla vacía como suplente de Danilo Sarmiento, sostuvo que varios de los parámetros utilizados no reflejan la realidad operativa del sistema.

Desde enero de 2027 la ordenanza plantea un incremento de la tarifa a 40 centavos.
Según explicó, el informe técnico de 2026 calcula la tarifa a partir del costo de operación dividido por el número de pasajeros, pero algunos componentes presentan inconsistencias.
Como ejemplo mencionó que el estudio considera una demanda de 787,43 pasajeros por unidad, mientras que el Plan de Movilidad registra poco más de 600 usuarios. Asimismo, indicó que aunque se estima una operación con 2,3 conductores por unidad, la corrida financiera únicamente reconoce el salario y afiliación de 1,2 conductores, lo que, a su criterio, deriva en precarización laboral.
¿Qué pasa con el modelo de gestión?
Yánez también cuestionó el esquema de subsidios planteado por el Municipio. Dijo que si la tarifa técnica realmente fuera de 40 centavos, no sería necesario destinar cerca de $65 millones anuales para subsidiar a la Empresa de Pasajeros, que opera el Trole y Ecovía, pues ese valor de pasaje cubriría los costos del sistema.
Para Yánez, el proyecto no resuelve el problema estructural del transporte, ya que mantiene el modelo de pago por pasajero en lugar de migrar hacia un sistema de pago por servicio.
La propuesta de los transportistas
Precisamente, esa es una de las principales propuestas de los operadores privados, quienes plantean replicar en el transporte de superficie el esquema de prestación de servicio utilizado por el metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y eliminar la competencia entre unidades por captar pasajeros.
Otro de los cuestionamientos provino de la concejala Joselyn Mayorga, quien señaló que si bien el incremento del precio del diésel ha impactado en los costos de operación, no se justifican las deficiencias del servicio.
A su criterio, antes de aprobar un aumento del pasaje y entregar compensaciones económicas es indispensable garantizar el cumplimiento de indicadores de calidad que beneficien directamente a los usuarios.

El 5 de mayo pasado, los transportistas iniciaron sus operaciones dis horas tarde, lo que generó un caos en la movilidad.
De su parte, Rocío Bastidas, participante de la silla vacía, coincide con Yánez en que el principal problema del sistema radica en el actual modelo de gestión, basado en el pago por pasajero y por ruta, lo que genera competencia desleal entre conductores y una distribución desigual de la demanda.
Aseguró, por ejemplo, que existen recorridos saturados y otros con escaso número de pasajeros, debido a la falta de planificación técnica en el diseño de rutas.
Pedido de una tarifa universitaria
Durante las mesas de trabajo también participaron estudiantes universitarios, quienes propusieron la creación de un pasaje diferenciado para alumnos matriculados en instituciones de educación superior del Distrito Metropolitano.
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Melina Zurita argumentó que el sistema actual excluye a un amplio sector de jóvenes que dependen del transporte público para asistir a clases. Según las cifras expuestas, hasta 2024 existían aproximadamente 223.294 alumnos universitarios en Quito, de los cuales el 84,8% utiliza el transporte público como principal medio de movilización.
De cara al primer debate, Garrido aseguró que uno de los consensos alcanzados en las mesas de trabajo apunta a que cualquier incremento tarifario y la entrega de compensaciones estén condicionados al cumplimiento previo de metas verificables en la calidad del servicio. “El sector del transporte tiene una deuda, que es mejorar las condiciones del servicio”, concluyó.