Municipio de Quito alista una millonaria compensación a transportistas

El Municipio de Quito busca destinar más de $20 millones hasta fin de 2026 para compensar a los transportistas por el alza del diésel, aunque hasta ahora no existe una ordenanza aprobada por el Concejo, ni claridad de dónde saldrán los recursos.

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La propuesta contempla entregar una compensación de $1.000 mensuales a cerca de 2.880 buses del sistema de transporte convencional de la capital durante ocho meses, entre mayo y diciembre.

La decisión se adoptó luego de las mesas técnicas entre el Municipio y los transportistas, en las que fueron analizados, entre otros temas, el impacto del aumento del diésel, que pasó de $1,80 a $3,10 por galón tras la implementación de un sistema de bandas a los precios de los combustibles.

Se replica el esquema del Gobierno

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, señaló a EXPRESO que el alza del combustible provocó un incremento de entre el 30 % y 40 % en los costos operativos del sistema, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del transporte público.

El funcionario explicó que el Municipio decidió replicar el esquema de compensación que entregaba el Gobierno, el cual cubría el consumo equivalente a 700 galones de combustible por unidad. 

Sin embargo, insistió en que el apoyo será temporal y que desde el 1 de enero de 2027 se aplicará el incremento de la tarifa del transporte urbano de 0,35 a 0,40, con el objetivo de que el Cabildo deje de asumir ese gasto.

La propuesta todavía tiene que ser aprobada mediante una nueva ordenanza. Según Pérez, el proyecto será presentado esta semana en la Comisión de Movilidad y allí se establecerán las condiciones para acceder a la compensación, entre ellas, que las unidades estén plenamente operativas, sin cambios de socios y conectadas a los nuevos sistemas tecnológicos de control.

Una ordenanza que quedó en papel

El funcionario manifestó que el nuevo modelo busca dejar atrás la metodología contemplada en la Ordenanza 017-2020, a la que calificó como poco eficiente porque evaluaba a cada operadora mediante un sistema de indicadores que terminó convirtiéndose en “un simple check list”.

Ahora, el Municipio apuesta por la implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU), herramientas que permitirán monitorear en tiempo real la operación de cada unidad: horarios, velocidad, cumplimiento de revisión técnica vehicular, calidad del servicio, entre otros aspectos.

La tecnología, una aliada

Según Pérez, la tecnología será una aliada para ejercer un control permanente y más efectivo sobre la prestación del servicio. Además, afirmó que los propios transportistas están dispuestos a invertir alrededor de $5.000 por unidad para instalar los equipos necesarios para el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), debido a que se reducirá la evasión del pago.

Cuestionamientos en el Concejo

Desde el Concejo hay cuestionamientos. Ediles de oposición hablan sobre la falta de transparencia del acuerdo.

Wilson Merino advirtió que el compromiso económico representaría aproximadamente $2,88 millones mensuales y más de $20 millones hasta diciembre de 2026, sin que hasta ahora exista una explicación pública sobre la fuente de financiamiento, ni una autorización formal del Concejo.

Merino anunció que solicitará formalmente toda la documentación relacionada con el acuerdo, incluyendo las partidas presupuestarias y las garantías de cumplimiento que deberán asumir los operadores de transporte.

A las críticas se sumó el concejal Michael Aulestia, quien recordó que muchas de las nuevas exigencias planteadas por el Municipio ya estaban contempladas en la Ordenanza 017-2020, incluyendo la tarifa condicionada a la calidad del servicio, el control de flota, el sistema de recaudo y la información en tiempo real al usuario.

Según Aulestia, esos componentes nunca fueron implementados de manera integral durante los últimos cinco años, por lo que considera contradictorio discutir un incremento tarifario antes de que exista un sistema integrado plenamente operativo.

De su parte, el concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, dijo que los recursos para la compensación deberán salir del presupuesto del Municipio mediante una reforma prevista para junio, aunque insistió en que “todavía no está nada dicho”, pues primero debe aprobarse la ordenanza.

Garrido aseguró que el debate se ha politizado por tratarse de un año electoral y defendió la necesidad de reformar el modelo actual de evaluación del transporte. Pero recalcó que si la ordenanza no es aprobada en el Concejo, ninguna de las medidas anunciadas podrá ejecutarse.

EXPRESO se comunicó con Jorge Yánez, vocero de los transportistas, para conocer su punto de vista sobre los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo una respuesta.