La aprobación de la ordenanza sobre la Revisión Técnica Vehicular (RTV) ha generado la reacción de distintos gremios. Por un lado, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha (Fettepi) está planteando una acción de inconstitucionalidad que tiene previsto entregarla la siguiente semana.

De otro lado se encuentra la Unión de Operadoras del Transporte Urbano que ya mantuvo una reunión en donde se debatió el tema. Allí se resolvió que se solicitará un encuentro con el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Comisión de Movilidad.

En febrero pasado, el Concejo Metropolitano aprobó, con 19 votos a favor, la reforma al artículo 3429 del Código Municipal, que trata sobre la RTV.

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Esta reforma consta de dos temáticas. La primera es que el transporte público y comercial que opere en la ciudad (furgonetas, buses, taxis, camiones, camionetas, transporte turístico y escolar) deberán cumplir con la RTV exclusivamente en Quito, en los centros habilitados, y ya no en otros cantones.

Carlos Brunis, presidente de la Fettepi y de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, menciona que la Ley de Tránsito establece que la RTV realizada en cualquier parte del territorio nacional es suficiente y válida para transitar libremente en todo el país, por lo que una ordenanza no puede estar sobre una ley.

“Esto sienta malos precedentes, que mañana a otro Municipio no le parece que la revisión se pase en otros cantones y cambia todo. La ley es de carácter nacional y nadie puede irse en contra de la misma”, dice.

En ese aspecto concuerda Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito. Sostiene que la medida tomada por el Municipio sobre la revisión tiene vicios de inconstitucionalidad y que no existe el visto bueno de parte de la ANT.

Mientras que el Concejo Metropolitano insiste en que la normativa se aprobó con el respaldo jurídico necesario con base en informes técnicos y legales.

En declaraciones pasadas, María Fernanda Racines, vicealcaldesa y presidenta de la Comisión de Movilidad, señaló que la disposición, que consta en la Ley de Tránsito, ha provocado que seis de cada 10 unidades de transporte público y comercial evadan la revisión en la capital.

Brunis también cuestiona que la ordenanza no se socializó con los gremios de transporte por lo que “la Corte Constitucional debe determinar si lo que están exigiendo en Quito es legal o no”, en referencia a la acción que van a interponer la próxima semana.

De su parte, la Unión de Operadoras del Transporte Urbano optó por el diálogo y lo que buscan es que se formalice un normativo que regule todas las partes y piezas que son sometidas a revisión para que un vehículo circule.

“Hay decenas de piezas del automotor que no están normalizadas para que se pueda hacer una labor efectiva”, agrega.

Ambos dirigentes coinciden en que el hecho de que el transporte público y comercial deba cumplir con la RTV exclusivamente en Quito no es una garantía de que bajen los siniestros de tránsito. También cuestionan que solo existan dos centros para realizar este trámite.

Desde la seguridad vial, dice Pamela Villacrés, coordinadora de control y vigilancia de la iniciativa Bloomberg Philanthropies, al menos tres factores deben estar adecuadamente estructurados y controlados para prevenir siniestros.

El primero es el humano, es decir las acciones del conductor frente al volante. El segundo es la infraestructura, que tiene que ver con el estado de las vías, la señalización. El tercero es el vehículo y su estado, si se mantiene en óptimas condiciones para circular.

Villacrés agrega que muchos de los siniestros ocurren, por ejemplo, porque las llantas estaban lisas, porque fallaron los frenos. “Esto implica que es necesaria la revisión y más si se trata de transporte público o de carga pesada”.

Para la especialista, los controles en este tipo de vehículos deben ser mayores y más frecuentes. Explica que el peso, la carga, la carrocería son distintas y en varios de esos siniestros hay impacto con autos livianos, los que se ven más afectados.

Villacrés concluye que no se trata de una medida negativa. También resalta que es indispensable la capacitación a los conductores, aspecto que coinciden Brunis y Yánez. “Es una cuestión de conciencia”, dicen.

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