Quito: La expansión rural se detiene para crecer verticalmente
El Concejo actualizó dos instrumentos de planificación. Se busca frenar el crecimiento en zonas periféricas
La expansión de Quito hacia la zona rural es una de las principales preocupaciones que existen en la ciudad.
Según un análisis del Municipio, desde el 2011 la población aumentó en un 20 %, mientras que la ocupación del territorio creció cerca del 40 %, en comparación con la década anterior. Es decir, menos personas ocupan mucha más tierra, incluso donde es riesgoso vivir.
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Entre los inconvenientes causados por la expansión a zonas periféricas está el hecho de que se ha perdido densidad poblacional en áreas centrales y en la actualidad existen zonas despobladas, como la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús, en el norte.
José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, dice que se trata de un crecimiento innecesario. “No necesitamos seguir creciendo en extensión. Eso ha generado muchos problemas, entre ellos de movilidad”, argumenta. En ese sentido, menciona que así se han consolidado zonas donde solo se puede acceder en auto, lo que no es sostenible.
Asimismo, este crecimiento implica más inversión. Dotar de servicios públicos a zonas urbanas cuesta $ 336 por persona, mientras que en el sector rural, $ 1.277.
El Distrito Metropolitano cuenta con dos instrumentos que contienen las directrices respecto a las decisiones estratégicas de desarrollo: el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMDOT) y el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). El pasado 10 de mayo, el Concejo Metropolitano aprobó su actualización, con 19 votos a favor.
Morales explica que dentro del PUGS se identificaron sectores donde se puede tener mayor o menor altura. En el caso de más altura, se autorizó la construcción de edificios en sitios estratégicos, como la avenida de Los Shyris, que tendrán edificaciones con un máximo de hasta 36 pisos.
También se establecieron zonas para contener el crecimiento expansivo, sobre todo en Tumbaco, Puembo y Checa, “donde hay un impulso desproporcionado del sector inmobiliario”, advierte Morales.
Adrián Ibarra, concejal y presidente de la Comisión de Uso del Suelo, destaca que con el objetivo de volver a densificar zonas despobladas en la ciudad, la actual normativa promueve incentivos para, por ejemplo, reciclar edificios.
Explica que en esas estructuras sería posible establecer viviendas de interés social o de desarrollo comercial. Con ello se busca también desarrollar las centralidades.
Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, uno de los gremios que participaron en las mesas de trabajo, resalta el haber separado las reglas técnicas de la normativa general.
Recuerda que en el anterior PUGS estaba incluido todo, lo que era una especie de camisa de fuerza. Ve con buenos ojos que se promueva el crecimiento en altura y que se frene la expansión de la mancha urbana.
Sin embargo, señala que hay que hacerlo efectivo en la normativa. Agrega que cuando hay demasiados requisitos para construir edificios en altura, más bien se da un efecto contrario al que se busca y los constructores prefieren ir a zonas del Valle. “No estamos diciendo que la ciudad haga lo que quiera, pero sí que la normativa acompañe la realidad de la capital”, sostiene.
Morales asegura que se está trabajando en facilitarla para simplificar las exigencias.
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