Concejo de Quito analiza ordenanza clave para inclusión de personas con discapacidad
Proyecto en Quito propone accesibilidad universal y derechos para discapacidad
En el Concejo Metropolitano de Quito se conoció en primer debate el Proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria para la transversalización de la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, una iniciativa que busca transformar la gestión municipal hacia un enfoque integral de derechos.
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La propuesta, presentada por la concejal Analía Ledesma, plantea incorporar la inclusión como eje obligatorio en todas las políticas, programas y servicios municipales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos que enfrentan barreras diarias en la capital.
Quito aún enfrenta retos en inclusión
Aunque la ciudad ha dado pasos iniciales, la realidad evidencia importantes brechas. En Ecuador, cerca del 7% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa más de un millón de personas. En el Distrito Metropolitano de Quito, esto se traduce en decenas de miles de ciudadanos con dificultades para movilizarse, acceder a servicios o ejercer plenamente sus derechos.
Actualmente, el transporte público convencional en Quito es prácticamente inaccesible de forma autónoma para personas con movilidad reducida, lo que limita su independencia y oportunidades.
Una ordenanza con enfoque transversal
El proyecto establece que todas las entidades municipales deberán planificar y ejecutar acciones concretas con presupuesto asignado, integrando criterios de accesibilidad en:
- Espacios físicos
- Transporte público
- Servicios municipales
Además, se propone la creación de una Mesa Técnica interinstitucional que coordinará políticas públicas, seguimiento y planificación en materia de discapacidad.
Aspectos técnicos clave de la ordenanza
La normativa busca garantizar la atención integral, inclusión social y ejercicio de derechos mediante planes y servicios municipales obligatorios en todo el Distrito Metropolitano.
- Estructura institucional
- Creación de una entidad rectora de inclusión social
- Reuniones trimestrales para seguimiento
- Financiamiento
- Inclusión obligatoria en el Plan Operativo Anual (POA)
- Asignación mínima del 10% de ingresos no tributarios para programas sociales
- Medidas concretas de accesibilidad
- Espacio físico
- Aplicación de normas de diseño universal
- Evaluación anual de edificaciones públicas
- Eventos con rampas, baños accesibles y al menos 4% de aforo reservado
Estacionamientos
- 4% de plazas accesibles en parqueaderos públicos y privados
- 10% en estacionamientos municipales
Transporte público
Sistemas de información acce#sibles (audio, texto y lengua de señas)
Capacitación obligatoria a conductores
Control como requisito para permisos de operación
Un debate que llega tras años de espera
El proyecto, construido junto a más de 60 organizaciones de la sociedad civil, llega al pleno después de cinco años de retrasos. Según se expuso en el debate, anteriormente fue frenado por observaciones técnicas, pese a tratarse de una propuesta centrada en derechos fundamentales.
Durante la discusión también se cuestionó el estado de espacios públicos como el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito, donde recientemente se evidenció deterioro en infraestructura y falta de condiciones adecuadas, especialmente para personas con discapacidad.
