pasajes en Quito
Aumento del pasaje en Quito preocupa a usuarios de parroquias rurales por nuevas tarifas
Con el alza del pasaje en análisis, usuarios de Tumbaco esperan conocer cuánto deberán pagar Se cobra por kilómetro recorrido
Servicio. Desde 2022, en las parroquias rurales como Tumbaco se aplicó un aumento del pasaje. Dependiendo de la distancia, el costo supera $1.
Lo que debes saber
- Usuarios de parroquias rurales alertan que un alza del pasaje en Quito impactaría más a quienes ya pagan hasta $1,20 por recorrido.
- La Comisión de Movilidad debate la propuesta de Pabel Muñoz mientras concejales exigen claridad sobre las nuevas tarifas rurales.
- El Observatorio de Movilidad advierte que algunas rutas rurales podrían acercarse a los $2 si se aprueba el ajuste tarifario.
Mientras el debate sobre el incremento del pasaje urbano en Quito se concentra en un aumento de cinco centavos, en las parroquias rurales la preocupación es mayor, debido al sistema tarifario diferenciado que se aplica según la distancia recorrida.
Actualmente, las tarifas del transporte rural varían de acuerdo con el destino. Por ejemplo, un viaje desde la estación Río Coca hasta Tumbaco cuesta 40 centavos; hasta Collaquí, 70; y a El Quinche, $1,20.
El transporte rural enfrenta tarifas más altas que el urbano
Estos valores fueron establecidos en 2022 mediante la Ordenanza 017-2020, una decisión que en su momento generó malestar e incluso protestas en varias parroquias rurales, Como Tumbaco.
A cuatro años del ajuste, usuarios y dirigentes barriales cuestionan que los compromisos de mejora del servicio no se hayan cumplido. Cristina Toapanta, presidenta del barrio San José de Collaquí, sostiene que los transportistas recibieron una actualización tarifaria sin que ello se traduzca en beneficios para los pasajeros.
“Los buses se encuentran en mal estado, se incumplen los horarios y los conductores exceden la velocidad y convierten las vías en autopistas, sin que haya ningún control”, dice.
La inquietud también se refleja entre quienes utilizan a diario estas rutas. María Fernanda Salazar, quien vive en Pifo, paga 70 centavos desde la Río Coca y, si debe desplazarse más allá de ese punto, cancela un pasaje adicional. “Para la zona rural es más complejo. Si pagar 70 centavos ya es alto, ni se diga con un aumento”, comenta.
Concejales piden límites para proteger a los pasajeros
Las dudas sobre el nuevo esquema tarifario fueron planteadas en la sesión de la Comisión de Movilidad, en donde se analiza el proyecto de ordenanza presentado por el alcalde Pabel Muñoz. La propuesta contempla el incremento de la tarifa, la entrega de compensaciones económicas a los operadores y la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio.
La concejal Cristina López, integrante de la Comisión, expresó su preocupación por el efecto que tendría el alza en las parroquias rurales, que ya enfrentan costos superiores a los del transporte urbano. “No se puede permitir que las personas que viven en las parroquias rurales cada vez paguen más. Hay casos en los que los usuarios cancelan más de un dólar dependiendo del recorrido”, señaló.
No se puede permitir que las personas que viven en las parroquias rurales cada vez paguen más, hay casos que cancelan más de $1 dependiendo del recorrido que hacen
La edil considera que la metodología para definir la tarifa técnica en el sector rural debe incorporar límites claros. Explicó que actualmente existe una fórmula basada en los kilómetros recorridos que contempla un tope, pero considera necesario establecer un techo que proteja a los usuarios. “No puede quedar a discrecionalidad. La fórmula debe ser clara”, recalcó.
López también cuestionó que el incremento tarifario se presente como una solución a los problemas de fondo de la movilidad. Señaló que persisten dificultades relacionadas con rutas y frecuencias, seguridad vial y calidad del servicio que no se resolverán con un aumento en el costo del pasaje.
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¿Se subirá el pasaje en Tumbaco?
El secretario de Movilidad, Álex Pérez, explicó que la propuesta mantiene la metodología contemplada en la Ordenanza 017-2020 y que el cálculo de la tarifa rural se basa en un valor fijo más un componente variable relacionado con la distancia recorrida.
El funcionario detalló que la base de cálculo pasaría de 35 a 40 centavos, aunque aclaró que el proyecto incluirá un cuadro con la actualización de las tarifas para cada recorrido.
Se aplica la misma metodología de la ordenanza 17-2020, que es una tarifa de costo por el kilometraje recorrido. La base de cálculo pasaría de 0,35 a 0,40 centavos
Durante el debate, el concejal Ángel Vega también solicitó mayor claridad respecto a los valores finales que deberán asumir los usuarios. Advirtió que las parroquias rurales son el sector más vulnerable frente a este tipo de incrementos, debido a que el costo aumenta conforme crece la distancia.
Pérez respondió que la intención del Municipio es modificar esa lógica y desarrollar un análisis específico para el transporte rural, aunque los detalles definitivos aún no han sido presentados.
Desde el Observatorio de Movilidad se advierte que uno de los principales problemas es la ausencia de un estudio técnico integral que respalde la propuesta, lo que obligaría a nuevos ajustes tarifarios en un corto plazo.
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El organismo reconoce que el transporte rural tiene características distintas al urbano, pues implica mayores gastos en combustible y mantenimiento debido a las largas distancias y a las condiciones de las vías. Sin embargo, se considera indispensable transparentar los criterios técnicos que sustentarán el incremento.
La experiencia de 2022 es un antecedente que genera preocupación. En aquella ocasión, el aumento fue considerado significativo por los usuarios y provocó rechazo en varias parroquias. Ahora, aunque todavía no se conocen los valores definitivos, el análisis del Observatorio estima que ciertas rutas podrían acercarse a los $2.
A ello se suma el debate sobre las compensaciones económicas previstas para los operadores. El Observatorio de Movilidad pide cautela, recordando que en administraciones anteriores la Contraloría emitió observaciones por irregularidades en la entrega de recursos públicos.
Por ello, consideran que cualquier mecanismo de compensación deberá contar con controles estrictos y sistemas de verificación eficientes para evitar nuevas observaciones.
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