Judicatura: qué cambia tras la designación del nuevo vocal desde el CPCCS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó el 24 de abril de 2026 a Mercedes Caicedo como vocal principal del Consejo de la Judicatura, cargo que conlleva automáticamente la presidencia del organismo hasta el final del período 2025-2031. 

La decisión se adoptó con cinco votos a favor y dos en contra, en una sesión marcada por cuestionamientos al proceso y por el contexto de inestabilidad que atraviesa la Función Judicial

Un relevo tras semanas de interinidad

La designación cierra un período de algo más de dos meses sin titular definitivo al frente de la Judicatura, luego de la censura y destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional, ocurrida el 18 de febrero de 2026. 

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Desde entonces, la presidencia fue ejercida de manera encargada por el delegado del Ejecutivo, Damián Larco, mientras el CPCCS tramitaba la selección del reemplazo desde la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

¿En qué contexto se produce la designación?

La Judicatura atravesó una etapa de vacancia tras la salida de su anterior presidente.

Durante ese lapso, el organismo fue dirigido de forma temporal mientras avanzaba el proceso de selección.

¿Quién es la nueva presidenta de la Judicatura?

Caicedo, jueza nacional encargada de la Sala Penal de la CNJ, encabezaba la terna junto a Ramón Echaiz y Paquita Chiluiza. 

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Con la resolución del CPCCS, ella asume la vocalía principal y la presidencia, mientras Echaiz fue designado como vocal suplente. 

El Pleno del CPCCS escuchó previamente los planes de trabajo de los postulantes en audiencia pública realizada el 22 de abril

En su exposición, Caicedo planteó una reforma institucional con énfasis en independencia judicial, control disciplinario y modernización tecnológica, además de advertir sobre una crisis de credibilidad del sistema. 

Entre sus estimaciones, señaló que la Función Judicial requeriría hasta $200 millones para procesos de modernización, infraestructura y persona

¿Qué cambia en el corto plazo?

Con la designación, la Judicatura recupera una autoridad titular y cierra el período de encargo.

En términos formales, el Consejo —encargado de la administración, evaluación y disciplina de jueces y fiscales— vuelve a operar con su presidencia definida, lo que habilita decisiones estratégicas pendientes, como concursos, traslados y procesos disciplinarios represados durante la transición.

No obstante, el cambio llega en un organismo que suma siete presidencias en menos de siete años, una rotación que ha sido señalada por expertos y actores políticos como un factor de debilitamiento institucional.

La nueva presidenta deberá conducir el Consejo en medio de presiones políticas, demandas de depuración interna y una agenda judicial afectada por la violencia y la infiltración del crimen organizado.

Votos divididos y reparos al proceso

La resolución del CPCCS no fue unánime. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán votaron en contra y expresaron reservas sobre etapas previas del proceso de designación, especialmente por la celeridad y por la falta de informes escritos oportunos de la veeduría ciudadana. 

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Desde la mayoría, en cambio, se defendió la legalidad del procedimiento y la necesidad de normalizar la conducción de la Judicatura

Los cuestionamientos no son menores: el CPCCS decidió unificar la elección del vocal principal y del suplente tras la salida de Godoy y la renuncia de la suplente Alexandra Villacís, una decisión que generó debate interno y reclamos de mayor transparencia

¿Cuáles son los retos inmediatos?

Más allá del relevo, el cambio en la cabeza de la Judicatura no implica, por sí solo, una solución a los problemas estructurales del sistema. Persisten atrasos procesales, déficits presupuestarios, cuestionamientos a la independencia judicial y una fuerte presión social para depurar a operadores señalados por corrupción o vínculos con redes criminales.

Caicedo tendrá que gestionar, además, la relación con otras funciones del Estado —Ejecutivo, Asamblea y Fiscalía— en un contexto político fragmentado y con altos niveles de desconfianza ciudadana hacia la justicia. 

Su margen de acción estará condicionado tanto por el presupuesto como por la estabilidad que logre imponer en un Consejo marcado por conflictos internos recientes.