Judicatura: los retos inmediatos que enfrenta Mercedes Caicedo tras asumir la presidencia

La designación de Mercedes Caicedo como presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) no es el fin de la crisis judicial en Ecuador, sino el inicio de un capítulo nuevo.

Tras la estrepitosa salida de Mario Godoy, destituido por la Asamblea Nacional en marzo de 2026, el sistema de justicia carece de institucionalidad. Caicedo hereda un organismo que, en lugar de blindar a los jueces, se ha convertido en la herramienta de presión política y criminal, pues el caso del exjuez Carlos Serrano dejó de manifiesto que desde la propia Judicatura se buscó beneficiar a un narcotraficante serbio, miembro de la mafia albanesa en Ecuador.

Persecución administrativa y el caso Villacís

La gestión del CJ, a la que llega Caicedo, está manchada por episodios de arbitrariedad que rozan la ilegalidad. Un ejemplo es el caso de Alexandra Villacís, quien se vio obligada a renunciar tras denunciar un impedimento laboral inventado por el Ministerio del Trabajo para bloquear que asumiera la Presidencia de la Judicatura, incluso a pesar de existir una sentencia judicial a su favor. 

En este tipo de maniobras, que el Observatorio de Derechos y Justicia calificó como un irrespeto al Estado de Derecho, tuvo un rol protagónico el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, uno de los principales aliados de Caicedo.

El peso del pasado: Dhruv y la sombra de la impunidad

La nueva presidenta no llega libre de cuestionamientos. Sobre Mercedes Caicedo pesa el recuerdo del caso Helicópteros Dhruv, donde su actuación como jueza fue facilitar el sobreseimiento de 18 procesados por peculado al dejar prescribir el caso. Esta decisión fue duramente criticada por Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, quien ha señalado que este tipo de fallos solo garantizan impunidad para los poderosos. 

Los retos más urgentes

Los retos inmediatos de Caicedo y la Judicatura

El reto más explosivo. Debe destrabar y garantizar la transparencia del concurso para renovar a 17 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Tras los escándalos de los casos Metástasis y Purga, el reto es institucionalizar una depuración real. Caicedo debe implementar mecanismos de control disciplinario que no sirvan para perseguir enemigos políticos, como hoy ocurre con los jueces que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez.

La justicia ecuatoriana está desbordada. Caicedo enfrenta un vacío de más de 800 agentes fiscales y una carencia similar de jueces, lo que alimenta la impunidad y mantiene represados cerca de 1,8 millones de expedientes.

Hereda un plan de inversión de 198 millones de dólares necesarios para modernizar una infraestructura tecnológica obsoleta y edificios judiciales.

Caicedo debe reconstruir la credibilidad de un Consejo que ha tenido siete presidentes en menos de siete años. La Judicatura registra casi un 80% de rechazo de la ciudadanía, según el estudio de Click Report, de enero de 2026.

El reto es devolver la seguridad jurídica a los funcionarios judiciales para que no teman ser destituidos mediante "artimañas administrativas" si sus fallos no son del agrado del poder de turno y para que no les aparezcan, de la nada, inhabilidades laborales del Ministerio del Trabajo.