André Santos alerta el avance del crimen organizado: “Me preocupa su penetración en los municipios”

Ecuador llega a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con un ambiente atípico por el apresamiento o inhabilitación de alcaldes con posibilidades electorales y organizaciones políticas suspendidas. El jurista André Santos analiza en EXPRESO la posible judicialización de los comicios y defiende las acciones de las autoridades de control.

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- Alcaldes con posibilidades electorales presos y organizaciones políticas suspendidas a vísperas de las seccionales. ¿Son las elecciones más judicializadas que ha tenido Ecuador?

- Luego de que el Gobierno empezó a intervenir las cámaras de varios municipios, no solo el de Guayaquil, y se empezó a investigar las salas espejo y que los grupos de delincuencia organizada tienen acceso directo a ellas, el Gobierno emprendió una cacería total. Cuando se descubren indicios fuertes, porque no hay sentencia ejecutoriada, sino que son procesos penales en curso, se empieza a demostrar la penetración del crimen organizado. Este antecedente ha motivado que el Gobierno impulse medidas para evitar que candidatos vinculados al crimen organizado puedan tener la potestad de participar en una elección política.

- Las principales críticas son por la oportunidad con que se ha inhabilitado o suspendido políticos y partidos. ¿No se trata de procesos con dedicatoria, parcializados?

- En el caso de Aquiles Álvarez, por ejemplo, más allá de que la justicia aún no lo ha juzgado y no hay una sentencia, lo que es objetivo es que hay un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares. Ese caso inició en 2023 y es normal que un proceso penal evolucione. Además, una exposición pública naturalmente va a traer mayor enfoque en tus investigaciones, porque las autoridades de control están sujetas a juicio político y obedecen en cierta manera al vaivén de la opinión pública. Hay otros casos como el del alcalde de Esmeraldas y la de Jipijapa en los que se han encontrado graves indicios de vínculos con bandas de grupos criminales. De pronto parece algo hecho a conveniencia, pero a mí más me preocupa la penetración del crimen organizado en los municipios.

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- En el caso de Revolución Ciudadana y Amigo, la suspensión responde a un informe reservado de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. ¿Se debe aceptar que es suficiente un informe reservado para una medida así?

- Eso hay que preguntarle a los que aprobaron la ley. ¿Quiénes aprobaron el Código de la Democracia? Fue el correísmo. No es que el fiscal general y el Tribunal Contencioso Electoral se han inventado. Además, no hay que olvidar que es de público conocimiento que Revolución Ciudadana es un partido con vínculos al crimen en todos los niveles y que Amigo fue fundado con el dinero del reparto de los hospitales. No hay derecho electoral para el crimen organizado. Ellos no tienen derechos; el mal no tiene derechos.

-Expertos en materia electoral sostienen que la suspensión de las organizaciones debió ser luego de que se supere todo el proceso.

- Ese es un punto de vista con conveniencia. Es verdad que el artículo 374 del Código de la Democracia señala que el juez podrá sancionar a una organización política con hasta 24 meses de suspensión en los casos que incumplan ciertas actividades de capacitación e incumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, esos numerales aplican cuando se trata de una denuncia ciudadana o del propio CNE. Pero el tercer numeral tiene una lógica distinta: la petición del fiscal general, cuando exista una investigación en curso de lavado de activos, cambia el artículo a una naturaleza cautelar. Es verdad que podría estar mejor redactado, pero dentro de una interpretación jurídica recta, esa disposición del numeral tres cambia todo el articulado.

Lo que están haciendo (en el Gobierno) es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley.André Santos, director de Firmes

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- ¿Y en dónde queda el principio y garantía constitucional de la inocencia? Incluso el ministro John Reimberg ha dicho que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

- El ministro es especialista en seguridad, no abogado. Creo que debió decir que no se ha hecho ningún descargo a las pruebas que apuntan a que estos señores han tenido una participación en delitos de corrupción y crimen organizado. Por lo otro, es obvio que son inocentes hasta una sentencia ejecutoriada. No se trata de sanciones definitivas. Cuando dictan prisión preventiva contra una persona, no están diciendo que ella ya es culpable; es una medida cautelar. Son actos previos y preventivos para evitar que se destruyan pruebas o, en el caso electoral, evitar que un partido político pueda participar.

- Sin embargo, la sensación es que se le está impidiendo al electorado votar libremente. ¿Eso puede garantizar legitimidad?

- Hay partidos políticos que no los han tocado. Está el Partido Social Cristiano (PSC), CREO, Pachakutik. Yo creo que lo que están haciendo es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley. Se le está haciendo a quienes han participado en actos graves de corrupción y cuyos miembros están involucrados en asesinatos selectivos, algo sumamente grave. Esa gente no tiene derecho a participar en las elecciones.

La suspensión de partidos no es un tema de gustos. En el deporte, si un atleta está dopado y se comprueba, es descalificado.André Santos, director de Firmes