Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, en una entrevista con el portal digital ‘Impacto Informativo’ defendió la actuación de la Fiscalía en el proceso que derivó en la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16. Aseguró que la institución no solicitó la medida, sino que cumplió con la obligación legal de informar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos.

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Las declaraciones se producen después de que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecutara la suspensión provisional de Amigo, en cumplimiento de una orden del TCE. La medida, adoptada tras una denuncia reservada presentada por la Fiscalía, mantendrá suspendido el registro permanente de la organización política durante nueve meses, según dispuso el juez Patricio Maldonado.

Alarcón explicó que la investigación se inició luego de que una denuncia ingresara a la Fiscalía a través del sistema 1-800-DELITO. Según indicó, esa información fue plasmada en un parte policial que llegó a la Unidad Antilavado de Activos como noticia criminis, dando paso a una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucraría a directivos del movimiento.

El fiscal encargado sostuvo que el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia obliga al fiscal general del Estado a informar al TCE cuando una organización política es investigada por presunto lavado de activos. "Si no hacía conocer este hecho al Tribunal Contencioso Electoral, habría incurrido en una omisión", señaló.

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La suspensión, según Alarcón, fue decisión del TCE

Alarcón insistió en que la Fiscalía no pidió la suspensión del movimiento Amigo. Explicó que la resolución fue adoptada por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes, a su criterio, son los únicos facultados para analizar la información remitida y decidir si corresponde o no aplicar la medida prevista en la legislación electoral.

También rechazó los cuestionamientos sobre el momento en que se notificó al TCE, pocos días antes del cierre del plazo para la inscripción de alianzas y precandidaturas para las elecciones seccionales de noviembre. Según dijo, la Fiscalía actuó de forma inmediata tras conocer la denuncia y no podía esperar otro momento para cumplir con la obligación establecida en la ley.

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Rechaza acusaciones de persecución política

Frente a las críticas del correísmo, que sostiene que existe un patrón similar al aplicado anteriormente contra la Revolución Ciudadana, Alarcón negó que exista una persecución política. Afirmó que la actuación de la Fiscalía depende exclusivamente de la existencia de una denuncia y de una investigación previa, no de la organización política involucrada.

El fiscal encargado también rechazó los señalamientos de que actuaría en coordinación con el Gobierno de Daniel Noboa. Sostuvo que nunca ha mantenido conversaciones con el presidente ni con dirigentes de Acción Democrática Nacional (ADN) y aseguró que las coincidencias en eventos públicos no implican una relación política.