Cosas que no deberían pasar

Quienes me conocen, saben que aborrezco y condeno la delincuencia en todas sus formas: la inseguridad, el robo, la extorsión y esa creciente sensación de que la vida no vale nada; males que en los últimos años han hecho de nuestro país un lugar donde ya no se puede caminar por la calle ni hablar tranquilamente por celular sin temor a perderlo todo, incluso la vida.

Allanamientos y excesos ponen en riesgo garantías legales

Sin embargo, quiero relatar un caso reciente que conocí de cerca en mi práctica profesional. Al amparo del estado de excepción, que permitía ingresar a un domicilio sin orden judicial, agentes del orden allanaron la vivienda de un ciudadano en busca de armas. No referiré los pormenores de aquel operativo, lo cual dejaré a la imaginación del lector; basta decir que fueron detenidos padre, madre e hija, como si los tres, en conjunto, pudieran portar una sola arma de fuego. Lo más grave es que estos detenidos fueron exhibidos en redes sociales junto a otras personas, con otros elementos encontrados en ese otro operativo, capturados por casos distintos, como si se tratara de trofeos de guerra.

Es elemental que, ante todo indicio de un posible delito, se respete la cadena de custodia, ese cuidado riguroso que garantiza la fiabilidad de la evidencia desde su hallazgo hasta el juicio. En este caso no se cumplió ese protocolo. Los presuntos indicios se mezclaron entre sí, nadie asumió responsabilidad clara y la instrucción se diluyó entre funcionarios que se remitían la tarea unos a otros. ¿El resultado? Personas inocentes, detenidas y procesadas, que finalmente fueron absueltas, aunque nadie les devuelve el tiempo perdido ni la angustia de haber enfrentado un proceso que pudo costarles años de cárcel.

La lucha contra la delincuencia exige apego a la ley

La ley es clara: no puede exhibirse a ninguna persona sin que exista previamente una calificación de flagrancia. Ignorar esta garantía no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además expone al Estado a nuevas condenas en Cortes Internacionales, un costo que pagamos todos.

Combatir la delincuencia es necesario y encomiable, y merece nuestro reconocimiento a quienes arriesgan la vida por un Ecuador más seguro. Pero esa lucha debe hacerse con apego a la ley, porque cuando se actúa mal, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.