Antimafias
La lucha contra el crimen organizado requiere perseguir sus finanzas y estructuras sin debilitar la independencia judicial ni las garantías

La Ley Antimafias plantea nuevos mecanismos para combatir las estructuras del crimen organizado en Ecuador.
Esta columna no busca hablar a favor ni en contra de la Ley Antimafias -que últimamente ha tenido harto protagonismo en la legislatura-, sino poner ciertos puntos sobre las íes. ¿Puede Ecuador combatir a las mafias debilitando, al mismo tiempo, las garantías que deberían impedir que el poder del Estado se convierta en otra forma de arbitrariedad? Sería absurdo pretender que organizaciones con dinero, armas, cárceles y capacidad para corromper sean enfrentadas con las mismas herramientas que se usan contra un trabajador que forjó documentos para sacar recursos de una compañía.
Política
Ley Antimafias en Ecuador: las sanciones penales que fija para abogados de bandas
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Me parece correcto que el proyecto busque castigar a quienes participan en estas estructuras y también a quienes las financian, reclutan o les proporcionan medios para funcionar. La lucha no puede limitarse al que aprieta el gatillo o al capo, pero justamente porque el problema es grave, la respuesta debe ser más seria que solo aumentar penas.
El proyecto modifica las reglas de prisión preventiva: si un juez decide no dictarla, deberá justificarlo de forma reforzada, y omitirlo podría generar responsabilidad disciplinaria. Aquí hay que tener cuidado. No porque haya que proteger a los GDO, sino porque la independencia judicial no es un privilegio del delincuente sino una garantía de todos.
Más allá del sicario: investigar toda la estructura criminal
Hoy puede tratarse de un integrante de una organización criminal y mañana de cualquier otra persona procesada. El juez debe poder dictar prisión cuando corresponde y negarla cuando no, sin que ninguna decisión dependa del miedo a perder su cargo.
Tampoco deberíamos olvidar que las mafias no sobreviven solo porque alguien ordena y otro dispara, sino porque tienen dinero, empresas, testaferros y capacidad de penetrar instituciones. Ahí es donde queremos ver una Ley Antimafias realmente efectiva: al Estado siguiendo el dinero, incautando bienes, investigando a los financistas y llegando hasta quienes están detrás del sicario y del abogado que montó la estructura.
Una cosa es ser duros con las mafias y otra creer que la única forma de combatirlas es meter a más gente presa. Una buena Ley Antimafias no debería producir más presos, sino menos mafias, y para eso necesitamos algo cada día más escaso: investigación, jueces independientes y un Estado que sepa exactamente contra quién pelea.