Delincuencia de cuello blanco
Investigar el lavado de activos en Ecuador exige ir más allá de la negligencia y probar la responsabilidad dolosa de profesionales e intermediarios
Intervenir en una operación vinculada con activos ilícitos no convierte por sí solo al profesional en responsable de lavado.
En 1939, Edwin Sutherland cuestionó una criminología que asociaba el delito con la pobreza. Llamó delincuencia de cuello blanco a la criminalidad cometida por personas respetables y de alta posición social en el ejercicio de su ocupación. Si la pobreza explicaba por sí sola el delito, ¿cómo entender esa criminalidad?
Años después, Donald Cressey halló parte de la respuesta en la oportunidad y la racionalización. Quien administra recursos públicos o dirige una empresa no necesita forzar una puerta para apropiarse de bienes. Su posición le da acceso legítimo. Además, justifica su conducta alegando que es una práctica común o un préstamo temporal y así no se percibe como un delincuente.
Esa apariencia de licitud dificulta la respuesta penal. El delito puede ejecutarse mediante contratos, sociedades o transferencias bancarias, instrumentos ordinariamente lícitos. El problema consiste en determinar cuándo y cómo son utilizados para cometer u ocultar un delito.
El desafío de probar el dolo en los delitos financieros
En el Ecuador, esta dificultad adquiere especial relevancia frente al delito de lavado de activos. Las organizaciones criminales necesitan introducir sus recursos ilícitos en la economía formal y pueden recurrir a ‘gatekeepers’ (abogados, contadores y otros profesionales) cuyos servicios abren puertas al sistema societario y financiero.
Sin embargo, intervenir en una operación vinculada con activos ilícitos no convierte por sí solo al profesional en responsable de lavado. Debe probarse qué conducta realizó y qué conocía sobre el origen de los recursos. El incumplimiento de un deber de cuidado no demuestra, por sí solo, participación dolosa. De lo contrario, se confundiría la prestación legítima de servicios con la participación delictiva.
Investigar este tipo de delincuencia exige reconstruir flujos financieros e identificar quién tomó las decisiones. Sutherland, hace casi un siglo, advirtió que el delito también podía ocultarse detrás de una actividad respetable. En estos casos, el desafío no está solo en seguir la ruta del dinero ilícito, sino en probar qué sabía quien le abrió la puerta.
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