La crisis institucional que vive el país en todas las funciones del Estado tiene entre sus principales responsables a una clase política desprestigiada y enredada en sus propios errores. El sistema democrático vigente no es una garantía de que la corrupción se vaya a extirpar de las esferas de poder, más aún cuando los candidatos siguen siendo unos ilustres desconocidos para la ciudadanía, que ignora de dónde provienen sus ingresos y cuáles son sus reales intenciones. Luego de tanto desasosiego producido por la pandemia, es hora de que la sociedad deje la pasividad y se involucre directamente en la toma de decisiones para que la rendición de cuentas se convierta en una obligación moral de los funcionarios públicos, cuyos sueldos los paga el contribuyente. Hay que pasar de la queja a la acción exigiendo a los postulantes un plan de gobierno para dejar de elegir personas, sino proyectos viables de desarrollo. El Ecuador no se puede dar el lujo de seguir escogiendo inconscientemente a sus dirigentes y luego renegar de ellos, sin asumir su responsabilidad. Si el silencio ciudadano continúa, los corruptos no descansarán en el saqueo de las arcas fiscales, desprestigiando así el derecho a la protesta. El ejercicio de la ciudadanía es urgente para recuperar la dignidad nacional.