El domingo pasado sorprendió la caída de ceniza en Guayaquil y otras ciudades del país, por el proceso eruptivo del volcán Sangay, el más activo del Ecuador, según los expertos. Esto alarmó aún más a la población, ya que el polvo que cayó durante la jornada causó una serie de complicaciones respiratorias a ciudadanos que, además, deben protegerse del COVID-19 usando mascarillas y tomando medidas de distanciamiento social. Llama la atención que no se haya alertado a la comunidad sobre la situación de una elevación que registró cientos de explosiones por su actividad sísmica, y que -por obvias razones- iba a afectar el entorno de varias poblaciones. ¿Hubo un monitoreo eficaz y un plan de contingencia ante la amenaza?Esto genera una reflexión acerca de la razón de ser de algunas entidades públicas que aún no han rendido cuentas sobre cómo actuar ante desastres naturales. Si en pleno siglo XXI no se puede prever un fenómeno de esta magnitud, será difícil prepararse para enfrentar pandemias como la que azota el mundo en la actualidad. Es urgente un pronunciamiento oficial de lo que se está haciendo en torno a la protección de la integridad humana frente a situaciones tan complejas como el medio ambiente y su incidencia en la salud de los ecuatorianos.