Playas, no haciendas
Los titulares de Ambiente y Turismo deben rendir cuentas de la falta de control que permite a ciudadanos y alcaldes abusivos ignorar la ley y hacer de las playas públicas un espacio de uso privado
Las playas son de todos. Algo tan de sentido común y tan claro en la ley resulta ser negociable a pie de calle. Resulta ser disponible o indisponible en función del capricho de las alcaldía de turno y de la petición del residente con influencias. Ecuador es un paraíso en naturaleza, tanto en la región andina como en las tierras bañadas por el Pacífico, pero su gente se empeña en boicotear las opciones de país. Los gobernantes, cómodos con prácticas corruptas, y los habitantes, más individualistas que patriotas, se ponen de acuerdo en tantos puntos de la línea costera ecuatoriana que ya no se puede hablar de casos aislados. Se dan permisos a proyectos inmobiliarios que, hasta sin guardar las apariencias, se venden después con el plus de tener playa privada. Propietarios reniegan y boicotean a los visitantes al frente de sus casas. Y alcaldes facilitan ordenanzas hasta para impedir el uso de las playas a quienes solo están de paso por unas horas o un día. Y la ley, mientras tanto, ignorada. Como si pudiese aplicarse a conveniencia y no fuera normativa que rige para todos y en todos los lugares.
El cuestionamiento definitivo, aparte de para esos oportunistas, es para las autoridades que deben controlar eso. Los titulares de Ambiente y de Turismo deben rendir cuentas.
