Quien piense que una empresa que haya tenido contratos con el Estado y que se vea inmersa en procesos judiciales o investigaciones por corrupción derivados de esas mismas licitaciones, no está legitimada para volver a recibir recursos públicos para proyectos, está equivocado. No es esa la lógica que se aplica en Ecuador. Podrán estar investigados por despilfarrar el dinero que los contribuyentes confían al Estado en forma de impuesto para desarrollar el país, pero siguen siendo aptos para recibir más contratos. No es por norma, es por práctica. Así pasa.

Para construir carreteras, puentes, edificios, recolección de basura... siguen en la lista de proveedores del Estado compañías salpicadas, cuanto menos, por la sombra de la duda. Cuanto más, por llamados a juicio. Que es la persona y no la empresa, se justifican...

Siempre habrá argumentos que, en papel -que lo aguanta todo-, avalen la selección. Pero en un país agobiado por las deudas, que no deja de exigir más esfuerzos económicos a sus contribuyentes, y que no depura la imperante corrupción de la década es, como poco, feo que se siga confiando en empresas que aún tienen pendiente la tarea de lavar su nombre.