Entendiendo que el narcotráfico no es la única actividad delincuencial en un país que tiene, dada su generalizada corrupción, toda una amplia gama de actividades delictivas, es apenas obvio que para garantizar su investigación como es debido, debiera robustecerse a la Fiscalía General de la Nación.

El texto constitucional vigente establece que para cumplir sus funciones “la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema integrado de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”. Por tanto, mientras no constituya un sistema integrado de investigación, la Fiscalía será cada vez más un archivo de las denuncias de las pillerías cometidas en el Ecuador y un seguidor de los hallazgos que como resultado de las mismas, se encuentren en el extranjero, desde los Papeles de Panamá hasta lo de los ‘Narco generales’.

Dicha lamentable situación tiene un colateral más negativo aún: deja en la impunidad, que estimula la corrupción, grandes asaltos a los fondos del Estado vía sobreprecios en obras con los desperfectos que bien se ejemplifican en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.