La Fiscalía de Colombia, es decir la institución que representa y ejerce el ministerio público en territorio colombiano, ha entregado a su par en Ecuador información relacionada con el caso de la supuesta recepción de dinero proveniente de un grupo subversivo de dicho país en la campaña política de un candidato a la presidencia. Desconocer o ignorar dicha acusación podría por tanto interpretarse como un indicio de la forma en que se manejaría el candidato implicado si llegase a la Presidencia cuando enfrente un cuestionamiento de la justicia, tal como ocurrió en el régimen anterior de la revolución ciudadana. Probar su inocencia por la vía formal, y no únicamente defenderse en el ámbito de las redes sociales, ¿no es acaso un imperativo del candidato para con la ciudadanía? Los pasquines, tuits, acciones de ‘hackers’ o trolls, no ameritan ninguna respuesta ni credibilidad, no así la Fiscalía de otro país, que difícilmente se prestaría a un sainete.

La aclaración de esta grave denuncia debe darse de inmediato, documentadamente, despejando cualquier duda que pudiera empañar todavía más un proceso electoral que ya está seriamente cuestionado. Y demostrando que se respeta el Estado de Derecho y la cooperación que debe primar a nivel gubernamental en el concierto de las naciones.