La sombra de duda sobre el ente rector electoral, combinada con la superficial reforma legal a las normas que regulan el proceso electoral, la asignación de recursos y el tratamiento de los conflictos postcomicios, dibujan un panorama inmediato de recelo de cara a las elecciones presidenciales de 2021, con la vista puesta en el retrovisor de 2017. 

Llamar a los ciudadanos a las urnas debería ser un puro ejercicio de democracia y no un juego de poderes donde caben maniobras y aprovechamiento de vacíos para inclinar la balanza al favor propio. Eso es burlarse de los ciudadanos. 

La misma entereza que sería deseable para las elecciones, aplica para los procesos de depuración y fiscalización. Flaco favor se hace al pueblo ecuatoriano sembrando de intereses políticos cualquier intento de examen al ente rector electoral. Y eso camina en dos direcciones: ni los que señalan ni los que se defienden deberían distorsionar con estratagemas el proceso de auditoría. En caso contrario, que luego nadie se pregunte con perplejidad por qué los votantes no creen en sus gobernantes, ni en sistema ni en la política en general.

El descrédito de la política se alimenta de las malas decisiones.