Editorial | Un paso clave contra la minería ilegal

Los beneficios de la eliminación del subsidio al diésel trascienden el ámbito económico. Podría ser también un instrumento estratégico en la lucha contra la minería ilegal arraigada en varias zonas del país. Las cifras oficiales así lo reflejan: la demanda de este combustible se ha cuadruplicado en regiones claves, alimentando directamente estas operaciones ilegales que se llevan a cabo con maquinaria pesada, la cual llega a territorios remotos sin dejar rastro alguno de los registros oficiales de compra.

Debilitar a estos grupos criminales mediante la restricción del combustible subsidiado, sin embargo, es apenas un primer paso de un plan que debe ser integral. Es necesario que las autoridades investiguen el esquema económico que sostiene estas operaciones, siguiendo la pista del dinero que usan. Una vía es rastrear la procedencia de la costosa maquinaria que emplean. Pero ello no debe conducir a cometer el error de incinerar los equipos decomisados. Quemar estas retroexcavadoras no solo hace que se desperdicien activos valiosos que podrían ser donados a las prefecturas del país o a comunidades agrícolas, sino que se eliminan pruebas cruciales para desarticular a las mafias. Es hora de que las autoridades del Gobierno replanteen la política que emplean para acabar con la minería ilegal, que tanto daño hace a la economía nacional y al medio ambiente.