Editorial: Seguridad fallida

El ataque a la caravana presidencial en Cañar no puede explicarse como un simple “error de seguridad”. El Gobierno, los militares y la Policía controlan el semáforo de la inseguridad y los mapas de riesgo. Por ello, en medio de la convulsión social por la eliminación del subsidio al diésel, resulta inaceptable que el presidente haya transitado por una zona de alto peligro. No hay margen para la improvisación cuando está en juego su vida.

Un día después del ataque, el ministro del Interior habla de investigaciones, cuando es él -junto con sus subalternos- quien tiene la información de los focos de la protesta social. Si así falla la protección del mandatario, ¿qué puede esperar el ciudadano común, expuesto al crimen y a cuerpos de seguridad infiltrados por mafias que operan con impunidad? La desprotección no es casual: refleja la fragilidad institucional y la incapacidad de un Estado para garantizar la seguridad de todos.

Hoy, incluso quienes no tienen acceso a información privilegiada saben qué cantones están en rojo, amarillo o verde, siendo estos últimos ya pocos, porque los grupos criminales han alcanzado tal poder que su influencia se extiende a casi todo el país.

Si el presidente no está a salvo, nadie lo está. El país exige respuestas claras y medidas efectivas para garantizar la seguridad de un pueblo que necesita paz.